- RESPUESTAS -

Corrupción sin respuestas


Más allá de las derivaciones que tendrán las severas expresiones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre las presuntas "operaciones basura" montadas en su contra en los Estados Unidos, el tema de fondo, la corrupción, no deja de ser una materia pendiente, y preocupante, en la Argentina. Y no por juicios ajenos, sino por la percepción de los argentinos mismos.

La primera mandataria, al igual que dos de sus ministros, criticó a los Estados Unidos a raíz de los dichos del fiscal federal de Miami, Thomas Mulvihill, que entiende en la causa vinculada con el escándalo de la valija decomisada al empresario venezolano Guido Antonini Wilson en el aeroparque metropolitano. En ella, como se sabe, llevaba casi 800.000 dólares cuyo origen era Venezuela y cuyo destino, según el fiscal, era el financiamiento de la campaña electoral de la presidenta argentina.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, invocó una "acción de inteligencia americana, tratando de enturbiar la presencia del presidente venezolano, Hugo Chávez, en la Argentina". Sin explicar absolutamente nada sobre el origen y el destino del dinero en cuestión, procuró desviar la atención hacia una presunta intencionalidad política del gobierno de George W. Bush en contra del gobierno kirchnerista.

Es grave. Como también es grave que, a pesar los declamados deseos oficiales de mantenerse alejados de las sospechas y los actos de corrupción, dos recientes estudios hayan puesto de manifiesto que la percepción de la sociedad argentina sobre ese ítem dista mucho de lo que ansía y pretende el Gobierno.

En efecto, según el Barómetro Global 2007, elaborado por Transparencia Internacional, el 70 por ciento de los argentinos cree que, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Estado ha sido "muy poco efectivo" en combatir la corrupción. Tan poco efectivo que muy pocos confían en que algo cambie en el gobierno de su esposa. El 90 por ciento de los encuestados cree que en los próximos tres años se mantendrá o se incrementará la corrupción en el país.

La percepción sobre la corrupción empeoró en comparación con los datos de 2005 y 2006 del estudio, que se realiza simultáneamente en 60 países a través de Gallup Internacional. En la Argentina, la sensación de ineficacia creció 10 puntos en un año; la desconfianza en el futuro, casi 20.

El 42 por ciento de los consultados argentinos considera poco efectiva la lucha contra la corrupción y el 28, muy poco efectiva. Pero hay otro dato aún más preocupante: sólo el 11 por ciento cree que en los próximos tres años disminuirán los niveles de corrupción. En cambio, el 34 por ciento cree que se mantendrán iguales, el 32 por ciento piensa que aumentarán un poco y el 16 por ciento vislumbra que crecerán mucho. Los más pesimistas son el doble que hace dos años.

Otra investigación, encargada y coordinada por la Oficina Anticorrupción (OA) y financiada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la embajada británica, que lleva por título "Resetear la sociedad. Ideas de los jóvenes sobre la corrupción", determinó que el 96 por ciento de los jóvenes porteños percibe a la corrupción como muy grave o grave tanto en ámbitos privados como públicos. La mayoría de ellos afirma que las leyes se pueden violar porque nadie las cumple ni las controla y que en el país se respetan muy poco los derechos de los ciudadanos. Más grave aún es que alrededor del 70 por ciento justifique la trasgresión de la ley, en tanto que el 37,5 por ciento admite que razones como la falta de sanción de las infracciones y de su cumplimiento justifican ir contra la ley.

Por la extensión del fenómeno, por la gravedad de sus efectos y por su naturaleza sistémica, la corrupción debe ser combatida con un sentido estratégico. Es una tarea transversal que atraviesa cada una de las acciones de gobierno. En primer término, es necesario precisar el objetivo central del esfuerzo: la finalidad no es erradicar la corrupción -tarea casi imposible- sino erradicar la impunidad. Cada presunto violador de la ley debe saber que probablemente será descubierto y si lo es, que será procesado y castigado, si así correspondiese.

La corrupción es uno de los obstáculos más importantes para el crecimiento sustentable de la economía, la creación de empleos y el combate contra la desigualdad y la pobreza. Asimismo, aleja la inversión, encarece los productos finales, hace ineficiente al gobierno y deja impune la violación de la ley. Un problema tan grave y tan complejo requiere para ser resuelto la voluntad y decisión de todos los actores del país (Gobierno, empresas, sindicatos, organizaciones civiles y ciudadanos). En definitiva, lo que deberá buscarse es que la práctica y la cultura de la corrupción sean definitivamente sustituidas por la práctica y la cultura de la legalidad.

Frente a un caso concreto de corrupción, como el originado por la valija proveniente de Venezuela, el Gobierno no debe desviar la atención hacia interpretaciones políticas con las cuales pretende tomar distancia del hecho en sí, sino aclarar en detalle los hechos, de modo de aportar su grano de arena para cambiar la percepción negativa que, por omisiones de esta clase, tienen sus ciudadanos y asimilan los extranjeros.

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Corrupción sin respuestas


Más allá de las derivaciones que tendrán las severas expresiones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre las presuntas "operaciones basura" montadas en su contra en los Estados Unidos, el tema de fondo, la corrupción, no deja de ser una materia pendiente, y preocupante, en la Argentina. Y no por juicios ajenos, sino por la percepción de los argentinos mismos.

La primera mandataria, al igual que dos de sus ministros, criticó a los Estados Unidos a raíz de los dichos del fiscal federal de Miami, Thomas Mulvihill, que entiende en la causa vinculada con el escándalo de la valija decomisada al empresario venezolano Guido Antonini Wilson en el aeroparque metropolitano. En ella, como se sabe, llevaba casi 800.000 dólares cuyo origen era Venezuela y cuyo destino, según el fiscal, era el financiamiento de la campaña electoral de la presidenta argentina.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, invocó una "acción de inteligencia americana, tratando de enturbiar la presencia del presidente venezolano, Hugo Chávez, en la Argentina". Sin explicar absolutamente nada sobre el origen y el destino del dinero en cuestión, procuró desviar la atención hacia una presunta intencionalidad política del gobierno de George W. Bush en contra del gobierno kirchnerista.

Es grave. Como también es grave que, a pesar los declamados deseos oficiales de mantenerse alejados de las sospechas y los actos de corrupción, dos recientes estudios hayan puesto de manifiesto que la percepción de la sociedad argentina sobre ese ítem dista mucho de lo que ansía y pretende el Gobierno.

En efecto, según el Barómetro Global 2007, elaborado por Transparencia Internacional, el 70 por ciento de los argentinos cree que, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Estado ha sido "muy poco efectivo" en combatir la corrupción. Tan poco efectivo que muy pocos confían en que algo cambie en el gobierno de su esposa. El 90 por ciento de los encuestados cree que en los próximos tres años se mantendrá o se incrementará la corrupción en el país.

La percepción sobre la corrupción empeoró en comparación con los datos de 2005 y 2006 del estudio, que se realiza simultáneamente en 60 países a través de Gallup Internacional. En la Argentina, la sensación de ineficacia creció 10 puntos en un año; la desconfianza en el futuro, casi 20.

El 42 por ciento de los consultados argentinos considera poco efectiva la lucha contra la corrupción y el 28, muy poco efectiva. Pero hay otro dato aún más preocupante: sólo el 11 por ciento cree que en los próximos tres años disminuirán los niveles de corrupción. En cambio, el 34 por ciento cree que se mantendrán iguales, el 32 por ciento piensa que aumentarán un poco y el 16 por ciento vislumbra que crecerán mucho. Los más pesimistas son el doble que hace dos años.

Otra investigación, encargada y coordinada por la Oficina Anticorrupción (OA) y financiada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la embajada británica, que lleva por título "Resetear la sociedad. Ideas de los jóvenes sobre la corrupción", determinó que el 96 por ciento de los jóvenes porteños percibe a la corrupción como muy grave o grave tanto en ámbitos privados como públicos. La mayoría de ellos afirma que las leyes se pueden violar porque nadie las cumple ni las controla y que en el país se respetan muy poco los derechos de los ciudadanos. Más grave aún es que alrededor del 70 por ciento justifique la trasgresión de la ley, en tanto que el 37,5 por ciento admite que razones como la falta de sanción de las infracciones y de su cumplimiento justifican ir contra la ley.

Por la extensión del fenómeno, por la gravedad de sus efectos y por su naturaleza sistémica, la corrupción debe ser combatida con un sentido estratégico. Es una tarea transversal que atraviesa cada una de las acciones de gobierno. En primer término, es necesario precisar el objetivo central del esfuerzo: la finalidad no es erradicar la corrupción -tarea casi imposible- sino erradicar la impunidad. Cada presunto violador de la ley debe saber que probablemente será descubierto y si lo es, que será procesado y castigado, si así correspondiese.

La corrupción es uno de los obstáculos más importantes para el crecimiento sustentable de la economía, la creación de empleos y el combate contra la desigualdad y la pobreza. Asimismo, aleja la inversión, encarece los productos finales, hace ineficiente al gobierno y deja impune la violación de la ley. Un problema tan grave y tan complejo requiere para ser resuelto la voluntad y decisión de todos los actores del país (Gobierno, empresas, sindicatos, organizaciones civiles y ciudadanos). En definitiva, lo que deberá buscarse es que la práctica y la cultura de la corrupción sean definitivamente sustituidas por la práctica y la cultura de la legalidad.

Frente a un caso concreto de corrupción, como el originado por la valija proveniente de Venezuela, el Gobierno no debe desviar la atención hacia interpretaciones políticas con las cuales pretende tomar distancia del hecho en sí, sino aclarar en detalle los hechos, de modo de aportar su grano de arena para cambiar la percepción negativa que, por omisiones de esta clase, tienen sus ciudadanos y asimilan los extranjeros.