- COTIDIANO -

Violencia familiar:


mostrar lo oculto



El 25 de noviembre último se conmemoró en todo el mundo el Día de la No Violencia contra la Mujer, lo cual se tradujo en notas en todos los medios periodísticos, en seminarios y jornadas especiales dedicados al tema, y en muchas actividades más que sería imposible contabilizar.

Promover la igualdad de género y el ponderamiento de la mujer, es decir, el tercero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015, es uno de los que menos se cumple en estos tiempos. Lo señalan las estadísticas mundiales: la violación de los derechos humanos más extendida, consentida e impune que existe es la que se perpetra contra mujeres y niñas.

Este fenómeno que, por supuesto, tiene siglos, sólo comenzó a verbalizarse cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) implantó en 1999 el ya mencionado Día de la No Violencia contra la Mujer. ¿Por qué el 25 de noviembre? Porque en esa fecha, pero de 1960, el entonces dictador de la República Dominicana, Rafael Trujillo ordenó asesinar a las activistas políticas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. El hecho de ser mujeres influyó especialmente en sus muertes.

La situación en la Argentina no es muy diferente de la mundial, aunque nuestro país haya suscripto el año último el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).

En la Argentina, según datos actuales del Consejo Nacional de la Mujer, entre el 75 y el 90 por ciento de las víctimas de violencia familiar son mujeres y en el 80 por ciento de los casos los victimarios son sus parejas. Para reconfirmar estos datos, el 20 del mes último, Amnesty International presentó un petitorio de 14 puntos dirigido al gobierno nacional en el que reclama que se adopte como política de Estado la lucha contra la violencia familiar (que muchas veces también es institucional, ya que desalienta a las mujeres a denunciar). Según el informe de ese organismo internacional, en 2006 crecieron las denuncias de casos de violencia contra la mujer en la Capital y en la provincia de Buenos Aires.

Otras cifras son igualmente alarmantes. La organización no gubernamental Red Solidaria reporta 240 asesinatos anuales de mujeres en el país, lo cual equivale a decir que muere una cada 36 horas. También, según datos recientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, el 70 por ciento de los llamados que recibe la línea 911 es por situaciones de violencia de género, lo cual equivale a entre 9000 y 11.000 casos por mes. Todo esto sin contar a los cientos de mujeres y niñas que han desaparecido, presas de las redes de prostitución que proliferan en el norte del país, o que han sido víctimas del gatillo fácil, como lo han denunciado en innumerables oportunidades las Madres del Dolor y las que luchan por el No a la Trata.

Sin embargo, por una vez las estadísticas, si son bien interpretadas, abren un camino a la esperanza. Para los especialistas, el hecho de que hayan aumentado las denuncias por violencia familiar se debe también a que hay más información y espacios de contención; a que las campañas de sensibilización y prevención han crecido en eficacia y, finalmente y muy importante, a que hay más reglamentación; por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la ley 12.569, promulgada en 2000 y reglamentada en 2005.

En agosto último, en el editorial "Violencia familiar: un mal denigrante", destacábamos el hecho de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera resuelto abrir una oficina de violencia doméstica en el mismo Palacio de Justicia, que atiende los 365 días del año, las 24 horas, para brindar información, orientación y un primer asesoramiento legal, médico y psicológico a las víctimas del maltrato familiar, todo bajo la supervisación de la jueza Elena Highton de Nolasco. La misma magistrada juzgó en ese momento que esto sólo era un buen comienzo para empezar a hacer visible lo invisible. Y de eso se trata: de que cada vez sea más difícil que esta situación se perpetúe y burle todas las estrategias desarrolladas para acabar con ella.

En este sentido, los medios debemos redoblar la tarea de comunicadores, al denunciar caso tras caso, para contribuir a que la sociedad argentina no siga de espaldas a una realidad perversa y reveladora del grado de enfermedad interna que la posee. Porque la violencia familiar no atañe sólo a las víctimas y a sus victimarios; este flagelo socava también los pilares de la comunidad en cuyo seno se desarrolla, hasta llevarla a su desaparición segura.

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El 25 de noviembre último se conmemoró en todo el mundo el Día de la No Violencia contra la Mujer, lo cual se tradujo en notas en todos los medios periodísticos, en seminarios y jornadas especiales dedicados al tema, y en muchas actividades más que sería imposible contabilizar.

Promover la igualdad de género y el ponderamiento de la mujer, es decir, el tercero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015, es uno de los que menos se cumple en estos tiempos. Lo señalan las estadísticas mundiales: la violación de los derechos humanos más extendida, consentida e impune que existe es la que se perpetra contra mujeres y niñas.

Este fenómeno que, por supuesto, tiene siglos, sólo comenzó a verbalizarse cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) implantó en 1999 el ya mencionado Día de la No Violencia contra la Mujer. ¿Por qué el 25 de noviembre? Porque en esa fecha, pero de 1960, el entonces dictador de la República Dominicana, Rafael Trujillo ordenó asesinar a las activistas políticas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. El hecho de ser mujeres influyó especialmente en sus muertes.

La situación en la Argentina no es muy diferente de la mundial, aunque nuestro país haya suscripto el año último el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).

En la Argentina, según datos actuales del Consejo Nacional de la Mujer, entre el 75 y el 90 por ciento de las víctimas de violencia familiar son mujeres y en el 80 por ciento de los casos los victimarios son sus parejas. Para reconfirmar estos datos, el 20 del mes último, Amnesty International presentó un petitorio de 14 puntos dirigido al gobierno nacional en el que reclama que se adopte como política de Estado la lucha contra la violencia familiar (que muchas veces también es institucional, ya que desalienta a las mujeres a denunciar). Según el informe de ese organismo internacional, en 2006 crecieron las denuncias de casos de violencia contra la mujer en la Capital y en la provincia de Buenos Aires.

Otras cifras son igualmente alarmantes. La organización no gubernamental Red Solidaria reporta 240 asesinatos anuales de mujeres en el país, lo cual equivale a decir que muere una cada 36 horas. También, según datos recientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, el 70 por ciento de los llamados que recibe la línea 911 es por situaciones de violencia de género, lo cual equivale a entre 9000 y 11.000 casos por mes. Todo esto sin contar a los cientos de mujeres y niñas que han desaparecido, presas de las redes de prostitución que proliferan en el norte del país, o que han sido víctimas del gatillo fácil, como lo han denunciado en innumerables oportunidades las Madres del Dolor y las que luchan por el No a la Trata.

Sin embargo, por una vez las estadísticas, si son bien interpretadas, abren un camino a la esperanza. Para los especialistas, el hecho de que hayan aumentado las denuncias por violencia familiar se debe también a que hay más información y espacios de contención; a que las campañas de sensibilización y prevención han crecido en eficacia y, finalmente y muy importante, a que hay más reglamentación; por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la ley 12.569, promulgada en 2000 y reglamentada en 2005.

En agosto último, en el editorial "Violencia familiar: un mal denigrante", destacábamos el hecho de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera resuelto abrir una oficina de violencia doméstica en el mismo Palacio de Justicia, que atiende los 365 días del año, las 24 horas, para brindar información, orientación y un primer asesoramiento legal, médico y psicológico a las víctimas del maltrato familiar, todo bajo la supervisación de la jueza Elena Highton de Nolasco. La misma magistrada juzgó en ese momento que esto sólo era un buen comienzo para empezar a hacer visible lo invisible. Y de eso se trata: de que cada vez sea más difícil que esta situación se perpetúe y burle todas las estrategias desarrolladas para acabar con ella.

En este sentido, los medios debemos redoblar la tarea de comunicadores, al denunciar caso tras caso, para contribuir a que la sociedad argentina no siga de espaldas a una realidad perversa y reveladora del grado de enfermedad interna que la posee. Porque la violencia familiar no atañe sólo a las víctimas y a sus victimarios; este flagelo socava también los pilares de la comunidad en cuyo seno se desarrolla, hasta llevarla a su desaparición segura.