- EL PACTO -

El pacto del que nadie habla


Las futuras autoridades nacionales parecen muy ocupadas en delinear la convocatoria a un pacto social con matices corporativos, que dejará fuera de la discusión a las fuerzas políticas, eje principal de la democracia representativa. Nadie, en cambio, ni en el oficialismo ni en la oposición, habla del pacto político que necesita la sociedad argentina para reconstruir un sistema institucional arrasado por la desconfianza ciudadana en su dirigencia, por la virtual desaparición de los partidos y por la corrupción en el sector público.

A varios años de una de las peores crisis políticas, económicas y sociales de nuestra historia, que desembocó en ataques contra bancos, comercios y edificios públicos, en cacerolazos y en el recordado lema Que se vayan todos, la necesidad de buscar la transparencia pública, de prestigiar la actividad política y la función administrativa, y de luchar contra la corrupción debería ser el objetivo central de cualquier gobierno.

En más de una oportunidad, siendo candidata, la presidenta electa expresó su preocupación por la calidad institucional. Es verdad que muy poco ha hecho en los últimos años, desde su banca en el Senado, en pos de ese alto fin. Pero cabe alentar alguna esperanza de que, como máxima autoridad de la Nación, pueda esbozar soluciones para un problema al que no se le ha prestado la debida atención.

Lamentablemente, el gobierno de Néstor Kirchner no exhibió mayor preocupación por la reforma política de la que tanto se habló. Nunca, sin embargo, será del todo tarde para empezar. Claro que cualquier debate deberá estar precedido por una convocatoria amplia y generosa para enfrentar los cruciales problemas que padecemos en esta materia.

La urgencia de ese llamado está a la vista de todos. Los desgraciados episodios ocurridos en las últimas elecciones presidenciales -denuncias sobre saqueo de boletas en los cuartos oscuros, filas interminables en centros de votación y ausencia de autoridades de mesa o de fiscales en no pocos lugares- son tan sólo un ejemplo de nuestro elevado déficit de calidad institucional.

Pese a que la autoridad presidencial ha experimentado una recomposición en los últimos años respecto de la crisis de 2001, nuestra cultura política, en términos de defensa de los principios republicanos que constituyen los pilares de la Nación Argentina, ha sufrido un lamentable retroceso. Fenómenos como el clientelismo y el caudillismo han avanzado sobre la sociedad, aun cuando los niveles de pobreza hayan descendido respecto de los peores momentos que vivió el país cinco o seis años atrás. Y poco ha mejorado la Argentina en términos de seguridad jurídica, transparencia y competitividad a los ojos de reconocidas organizaciones internacionales.

Es, entonces, mucho lo que queda por hacer para dotar a las instituciones argentinas de la solidez y la calidad que han venido perdiendo.

La crisis de representación política que estalló hacia fines de 2001 provocó no pocos intentos respetables de avanzar hacia una reforma política por parte de distintas organizaciones no gubernamentales, sobre la base de recomendaciones emanadas de la recordada Mesa del Diálogo Argentino. Fundamentalmente por falta de voluntad política, los anteproyectos que se generaron allí rara vez fueron considerados seriamente en el nivel parlamentario.

Muchas de las iniciativas allí surgidas han sido recientemente reflotadas por el Foro Social para la Transparencia, formado por reconocidos juristas, cientistas políticos y otros especialistas.

Es elemental que en un país marcadamente presidencialista, si no hay intenciones de tratar esos temas en el Poder Ejecutivo, difícilmente las discusiones arriben a buen puerto.

Tal vez haya llegado la hora de modificar esas posiciones conservadoras, negadoras del progresismo que muchas veces se manifiesta pero pocas veces se aplica.

Entre las cuestiones que deberían ser objeto del tan imprescindible pacto político del que nadie habla no debería faltar la creación de una Agencia Federal Electoral autónoma y transparente, que permita organizar y controlar los procesos electorales, además del financiamiento de los partidos políticos. La adopción del voto electrónico y la evaluación de sistemas electorales que permitan reemplazar el mecanismo de las listas sábana en distritos donde se elige a un gran número de representantes, también deberían ser considerados.

La sanción de una ley para la constitución de la Comisión Nacional de ...tica Pública en el seno del Congreso de la Nación y la transferencia a ese ámbito de la Oficina Anticorrupción con el fin de que actúe como órgano de trabajo de la citada comisión sería otra reforma importante, de acuerdo con la propuesta del Foro Social para la Transparencia.

No menos trascendentes serían el estudio de una ley de protección de los denunciantes y testigos de hechos de corrupción, tanto contra represalias laborales como personales; una ley de transparencia de los procesos legislativos, acompañada de un Código de ...tica del Congreso, y una norma sobre gestión de intereses o lobbying .

Todas estas normas que apuntarían hacia la cristalinidad en la función pública deberían complementarse con la postergada ley nacional de acceso a la información, que brinde la posibilidad para cualquier persona de acceder a documentos producidos o en poder de órganos que ejerzan la función administrativa.

Y, finalmente, haría falta una profunda reforma de la normativa que regula la actividad de inteligencia en nuestro país, estableciendo, entre otras cosas, un eficaz control sobre los gastos reservados.

La clase política no debería dilapidar una nueva oportunidad, como la que se presenta, para evitar que su actividad se siga degradando y para alentar la recuperación de la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones.

No se necesita menos política, sino una política mejor. Y la rejerarquización de esta actividad insustituible sólo tendrá lugar si se empieza por dialogar.

- EL PACTO -

El pacto del que nadie habla


Las futuras autoridades nacionales parecen muy ocupadas en delinear la convocatoria a un pacto social con matices corporativos, que dejará fuera de la discusión a las fuerzas políticas, eje principal de la democracia representativa. Nadie, en cambio, ni en el oficialismo ni en la oposición, habla del pacto político que necesita la sociedad argentina para reconstruir un sistema institucional arrasado por la desconfianza ciudadana en su dirigencia, por la virtual desaparición de los partidos y por la corrupción en el sector público.

A varios años de una de las peores crisis políticas, económicas y sociales de nuestra historia, que desembocó en ataques contra bancos, comercios y edificios públicos, en cacerolazos y en el recordado lema Que se vayan todos, la necesidad de buscar la transparencia pública, de prestigiar la actividad política y la función administrativa, y de luchar contra la corrupción debería ser el objetivo central de cualquier gobierno.

En más de una oportunidad, siendo candidata, la presidenta electa expresó su preocupación por la calidad institucional. Es verdad que muy poco ha hecho en los últimos años, desde su banca en el Senado, en pos de ese alto fin. Pero cabe alentar alguna esperanza de que, como máxima autoridad de la Nación, pueda esbozar soluciones para un problema al que no se le ha prestado la debida atención.

Lamentablemente, el gobierno de Néstor Kirchner no exhibió mayor preocupación por la reforma política de la que tanto se habló. Nunca, sin embargo, será del todo tarde para empezar. Claro que cualquier debate deberá estar precedido por una convocatoria amplia y generosa para enfrentar los cruciales problemas que padecemos en esta materia.

La urgencia de ese llamado está a la vista de todos. Los desgraciados episodios ocurridos en las últimas elecciones presidenciales -denuncias sobre saqueo de boletas en los cuartos oscuros, filas interminables en centros de votación y ausencia de autoridades de mesa o de fiscales en no pocos lugares- son tan sólo un ejemplo de nuestro elevado déficit de calidad institucional.

Pese a que la autoridad presidencial ha experimentado una recomposición en los últimos años respecto de la crisis de 2001, nuestra cultura política, en términos de defensa de los principios republicanos que constituyen los pilares de la Nación Argentina, ha sufrido un lamentable retroceso. Fenómenos como el clientelismo y el caudillismo han avanzado sobre la sociedad, aun cuando los niveles de pobreza hayan descendido respecto de los peores momentos que vivió el país cinco o seis años atrás. Y poco ha mejorado la Argentina en términos de seguridad jurídica, transparencia y competitividad a los ojos de reconocidas organizaciones internacionales.

Es, entonces, mucho lo que queda por hacer para dotar a las instituciones argentinas de la solidez y la calidad que han venido perdiendo.

La crisis de representación política que estalló hacia fines de 2001 provocó no pocos intentos respetables de avanzar hacia una reforma política por parte de distintas organizaciones no gubernamentales, sobre la base de recomendaciones emanadas de la recordada Mesa del Diálogo Argentino. Fundamentalmente por falta de voluntad política, los anteproyectos que se generaron allí rara vez fueron considerados seriamente en el nivel parlamentario.

Muchas de las iniciativas allí surgidas han sido recientemente reflotadas por el Foro Social para la Transparencia, formado por reconocidos juristas, cientistas políticos y otros especialistas.

Es elemental que en un país marcadamente presidencialista, si no hay intenciones de tratar esos temas en el Poder Ejecutivo, difícilmente las discusiones arriben a buen puerto.

Tal vez haya llegado la hora de modificar esas posiciones conservadoras, negadoras del progresismo que muchas veces se manifiesta pero pocas veces se aplica.

Entre las cuestiones que deberían ser objeto del tan imprescindible pacto político del que nadie habla no debería faltar la creación de una Agencia Federal Electoral autónoma y transparente, que permita organizar y controlar los procesos electorales, además del financiamiento de los partidos políticos. La adopción del voto electrónico y la evaluación de sistemas electorales que permitan reemplazar el mecanismo de las listas sábana en distritos donde se elige a un gran número de representantes, también deberían ser considerados.

La sanción de una ley para la constitución de la Comisión Nacional de ...tica Pública en el seno del Congreso de la Nación y la transferencia a ese ámbito de la Oficina Anticorrupción con el fin de que actúe como órgano de trabajo de la citada comisión sería otra reforma importante, de acuerdo con la propuesta del Foro Social para la Transparencia.

No menos trascendentes serían el estudio de una ley de protección de los denunciantes y testigos de hechos de corrupción, tanto contra represalias laborales como personales; una ley de transparencia de los procesos legislativos, acompañada de un Código de ...tica del Congreso, y una norma sobre gestión de intereses o lobbying .

Todas estas normas que apuntarían hacia la cristalinidad en la función pública deberían complementarse con la postergada ley nacional de acceso a la información, que brinde la posibilidad para cualquier persona de acceder a documentos producidos o en poder de órganos que ejerzan la función administrativa.

Y, finalmente, haría falta una profunda reforma de la normativa que regula la actividad de inteligencia en nuestro país, estableciendo, entre otras cosas, un eficaz control sobre los gastos reservados.

La clase política no debería dilapidar una nueva oportunidad, como la que se presenta, para evitar que su actividad se siga degradando y para alentar la recuperación de la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones.

No se necesita menos política, sino una política mejor. Y la rejerarquización de esta actividad insustituible sólo tendrá lugar si se empieza por dialogar.