- MAL MANEJO -

Inconductas viales e impunidad


Los datos que reflejan las alternativas del tránsito en nuestro país son sencillamente aterradores: se producen más de un millón de accidentes viales por año, lo cual arrojaría un promedio de 119 incidentes por hora, a razón de uno cada 30 segundos. Muertos, muchísimos heridos, numerosos discapacitados físicos de por vida y enormes pérdidas materiales son algunas de las consecuencias de esta endemia, respecto de la cual cargan con la mayor parte de la responsabilidad quienes conducen con llamativa desaprensión y quienes, a pesar de ser autoridades, dan la impresión de mantenerse ajenos a este gravísimo problema.

Así y todo, no faltan propuestas de iniciativas tendientes a comenzar de una vez por todas a prevenir y sancionar las inconductas que nos convierten en una de las sociedades más ingobernables e inconscientes del mundo en materia de conducción. Una de esas medidas, utilizada en muchos otros países, es la configurada por los proyectos legislativos sobre las penalizaciones mediante la quita de puntos, en estudio de la Legislatura local. Esta alternativa ha generado airadas manifestaciones de protesta de los gremios que agrupan a los transportistas de cargas, los taxistas y los choferes de colectivos, los que más suelen transgredir las normas elementales de tránsito.

El sistema en cuestión funcionaría sobre la base de que a cada conductor se le atribuirán 20 puntos, que irán siendo descontados en la medida en que cometa infracciones. El que agote su haber en un período de hasta cuatro años, será inhabilitado para conducir durante un lapso de entre 60 y 90 días.

Las faltas consideradas muy graves serían sancionadas con 11 a 14 puntos de descuento; las graves, con 7 a 10; las moderadas, con 4 a 6, y las leves, con un punto. En uno de esos proyectos han sido eliminadas las penas encuadrables en las dos últimas categorías. Las propuestas contemplan una amplia nómina de infracciones; por ejemplo, manejar en estado de ebriedad o correr "picadas" (muy graves); violación de la luz roja del semáforo o carecer de licencia o hacerlo con licencia vencida (graves); no utilizar cinturón de seguridad o llevar menores en el asiento delantero (moderadas), e invadir la senda peatonal o hacer sonar la bocina en forma indebida (leves).

No hay razón alguna que justifique la reacción de los titulares de los denominados registros profesionales al enterarse de la modalidad en ciernes, que iría entrando en vigor por categorías, desde el 1° de marzo próximo hasta igual fecha de 2009.

Sin que esto implique involucrar al conjunto de los gremios que alegan que este sistema "pondría en riesgo las fuentes de trabajo", cabe aclarar que se trata de los sectores que más deberían conocer y respetar las reglamentaciones que rigen el tránsito y, en cambio, menos las aplican y más las desconocen. Esos tres gremios han llegado al extremo de enviarles cartas documento a los presidentes de los bloques legislativos, conminándolos a que no lleven al recinto los proyectos en cuestión.

En materia de inconductas viales, debe tener plena vigencia el principio de igualdad ante la ley, característica esencial e inexcusable de los regímenes democráticos. No se entiende por qué se interpreta que el régimen de puntos puede atentar contra las fuentes de trabajo, salvo que aliente de antemano la intención de no acatarlo. Si algo es seguro, es que las multas en efectivo, que integran el sistema punitorio actual, son ineficientes: sólo es pagado el 30 por ciento del total. Del 70 por ciento restante, sólo se abonan las imprescindibles para obtener el libre deuda del vehículo cuando es vendido o para renovar el registro de conductor.

Tal vez el temor de no poder tocar un volante a lo largo de un período considerable de tiempo surta mejor efecto que las modalidades conciliatorias actuales. Lo está reclamando con urgencia la inadmisible cantidad de vidas segadas en las rutas y las arterias urbanas por la fatua indisciplina que se mofa diariamente de la ley y de la sensatez.

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Inconductas viales e impunidad


Los datos que reflejan las alternativas del tránsito en nuestro país son sencillamente aterradores: se producen más de un millón de accidentes viales por año, lo cual arrojaría un promedio de 119 incidentes por hora, a razón de uno cada 30 segundos. Muertos, muchísimos heridos, numerosos discapacitados físicos de por vida y enormes pérdidas materiales son algunas de las consecuencias de esta endemia, respecto de la cual cargan con la mayor parte de la responsabilidad quienes conducen con llamativa desaprensión y quienes, a pesar de ser autoridades, dan la impresión de mantenerse ajenos a este gravísimo problema.

Así y todo, no faltan propuestas de iniciativas tendientes a comenzar de una vez por todas a prevenir y sancionar las inconductas que nos convierten en una de las sociedades más ingobernables e inconscientes del mundo en materia de conducción. Una de esas medidas, utilizada en muchos otros países, es la configurada por los proyectos legislativos sobre las penalizaciones mediante la quita de puntos, en estudio de la Legislatura local. Esta alternativa ha generado airadas manifestaciones de protesta de los gremios que agrupan a los transportistas de cargas, los taxistas y los choferes de colectivos, los que más suelen transgredir las normas elementales de tránsito.

El sistema en cuestión funcionaría sobre la base de que a cada conductor se le atribuirán 20 puntos, que irán siendo descontados en la medida en que cometa infracciones. El que agote su haber en un período de hasta cuatro años, será inhabilitado para conducir durante un lapso de entre 60 y 90 días.

Las faltas consideradas muy graves serían sancionadas con 11 a 14 puntos de descuento; las graves, con 7 a 10; las moderadas, con 4 a 6, y las leves, con un punto. En uno de esos proyectos han sido eliminadas las penas encuadrables en las dos últimas categorías. Las propuestas contemplan una amplia nómina de infracciones; por ejemplo, manejar en estado de ebriedad o correr "picadas" (muy graves); violación de la luz roja del semáforo o carecer de licencia o hacerlo con licencia vencida (graves); no utilizar cinturón de seguridad o llevar menores en el asiento delantero (moderadas), e invadir la senda peatonal o hacer sonar la bocina en forma indebida (leves).

No hay razón alguna que justifique la reacción de los titulares de los denominados registros profesionales al enterarse de la modalidad en ciernes, que iría entrando en vigor por categorías, desde el 1° de marzo próximo hasta igual fecha de 2009.

Sin que esto implique involucrar al conjunto de los gremios que alegan que este sistema "pondría en riesgo las fuentes de trabajo", cabe aclarar que se trata de los sectores que más deberían conocer y respetar las reglamentaciones que rigen el tránsito y, en cambio, menos las aplican y más las desconocen. Esos tres gremios han llegado al extremo de enviarles cartas documento a los presidentes de los bloques legislativos, conminándolos a que no lleven al recinto los proyectos en cuestión.

En materia de inconductas viales, debe tener plena vigencia el principio de igualdad ante la ley, característica esencial e inexcusable de los regímenes democráticos. No se entiende por qué se interpreta que el régimen de puntos puede atentar contra las fuentes de trabajo, salvo que aliente de antemano la intención de no acatarlo. Si algo es seguro, es que las multas en efectivo, que integran el sistema punitorio actual, son ineficientes: sólo es pagado el 30 por ciento del total. Del 70 por ciento restante, sólo se abonan las imprescindibles para obtener el libre deuda del vehículo cuando es vendido o para renovar el registro de conductor.

Tal vez el temor de no poder tocar un volante a lo largo de un período considerable de tiempo surta mejor efecto que las modalidades conciliatorias actuales. Lo está reclamando con urgencia la inadmisible cantidad de vidas segadas en las rutas y las arterias urbanas por la fatua indisciplina que se mofa diariamente de la ley y de la sensatez.