- NUESTRO MEDIO -

La destrucción forestal


Las noticias que periódicamente informan acerca de la destrucción de los bosques en nuestro país provocan una creciente alarma. Un reciente informe de la Secretaría de Medio Ambiente confirma una vez más la gravedad de un proceso de devastación forestal que, en los últimos cuatro años, ha arrasado con 1.108.669 hectáreas en seis provincias del norte y el centro de nuestro territorio -Córdoba, Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero-, aunque algunas de ellas hubiesen declarado en 2005 la moratoria de los desmontes. Esta continua pérdida de una riqueza natural que necesita ser defendida exige la imperiosa sanción de una ley nacional de protección forestal, cuyo proyecto se halla desde hace tiempo estancado en el Congreso.

Las cifras dadas a conocer hace poco tiempo permiten apreciar el ritmo del asolamiento de los bosques, emprendido con el propósito de ampliar las fronteras para una explotación agrícola y ganadera que promete más en el corto plazo, pero mucho menos después. Redondeando los datos actuales, se calcula que en un año se han destruido 280.000 hectáreas de bosques, 760 por día y 32 por hora. Las tasas de los desmontes efectuados superan en un 50 por ciento las anteriores estimaciones y están por encima de los promedios mundiales. Para cerrar este cuadro, que pone de manifiesto el grado del perjuicio irracional y descontrolado que se le viene produciendo al país, cabe citar que mientras en 1914 la superficie boscosa de nuestro territorio alcanzaba a 105 millones de hectáreas, en 2006, de acuerdo con el Primer Inventario de Bosques Nativos, se calculó que aquella superficie se había reducido a 34 millones.

Es notorio que quienes arrasan con los árboles para sembrar especialmente soja en estos tiempos no consideran los valiosos servicios que los bosques dispensan a la vida natural y humana. Entre esos beneficios silenciosos -conocidos, pero olvidados por otros intereses- figuran los de la protección contra crecidas e inundaciones o contra los embates del viento, su contribución insustituible a la depuración de la atmósfera, su efecto regulador sobre el clima, el sustento que brinda a la biodiversidad de las especies, su presencia en la belleza de los paisajes.

En un momento en el cual se lucha contra el calentamiento global, no es menor resaltar que la generación de carbono en la actualidad es mayor como consecuencia de la deforestación que por los gases que genera la industria del transporte.

Pese a tanta experiencia acumulada en el mundo y en el país acerca del valor de los recursos forestales, el daño persiste incesante y así van caducando los bosques, grandes aliados en la lucha contra la contaminación ambiental. En verdad, es un contrasentido cultural que la prédica constante de raíz ecológica, que clama por el impostergable cuidado de los recursos naturales, choque con una realidad tan opuesta como la destrucción forestal que persiste contra toda razón. Una vez más, hay que reclamar la sanción de una normativa clara que proteja los bosques nativos. Los poderes legislativos nacional y provinciales pueden y deben hacerlo sin más demoras.

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La destrucción forestal


Las noticias que periódicamente informan acerca de la destrucción de los bosques en nuestro país provocan una creciente alarma. Un reciente informe de la Secretaría de Medio Ambiente confirma una vez más la gravedad de un proceso de devastación forestal que, en los últimos cuatro años, ha arrasado con 1.108.669 hectáreas en seis provincias del norte y el centro de nuestro territorio -Córdoba, Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero-, aunque algunas de ellas hubiesen declarado en 2005 la moratoria de los desmontes. Esta continua pérdida de una riqueza natural que necesita ser defendida exige la imperiosa sanción de una ley nacional de protección forestal, cuyo proyecto se halla desde hace tiempo estancado en el Congreso.

Las cifras dadas a conocer hace poco tiempo permiten apreciar el ritmo del asolamiento de los bosques, emprendido con el propósito de ampliar las fronteras para una explotación agrícola y ganadera que promete más en el corto plazo, pero mucho menos después. Redondeando los datos actuales, se calcula que en un año se han destruido 280.000 hectáreas de bosques, 760 por día y 32 por hora. Las tasas de los desmontes efectuados superan en un 50 por ciento las anteriores estimaciones y están por encima de los promedios mundiales. Para cerrar este cuadro, que pone de manifiesto el grado del perjuicio irracional y descontrolado que se le viene produciendo al país, cabe citar que mientras en 1914 la superficie boscosa de nuestro territorio alcanzaba a 105 millones de hectáreas, en 2006, de acuerdo con el Primer Inventario de Bosques Nativos, se calculó que aquella superficie se había reducido a 34 millones.

Es notorio que quienes arrasan con los árboles para sembrar especialmente soja en estos tiempos no consideran los valiosos servicios que los bosques dispensan a la vida natural y humana. Entre esos beneficios silenciosos -conocidos, pero olvidados por otros intereses- figuran los de la protección contra crecidas e inundaciones o contra los embates del viento, su contribución insustituible a la depuración de la atmósfera, su efecto regulador sobre el clima, el sustento que brinda a la biodiversidad de las especies, su presencia en la belleza de los paisajes.

En un momento en el cual se lucha contra el calentamiento global, no es menor resaltar que la generación de carbono en la actualidad es mayor como consecuencia de la deforestación que por los gases que genera la industria del transporte.

Pese a tanta experiencia acumulada en el mundo y en el país acerca del valor de los recursos forestales, el daño persiste incesante y así van caducando los bosques, grandes aliados en la lucha contra la contaminación ambiental. En verdad, es un contrasentido cultural que la prédica constante de raíz ecológica, que clama por el impostergable cuidado de los recursos naturales, choque con una realidad tan opuesta como la destrucción forestal que persiste contra toda razón. Una vez más, hay que reclamar la sanción de una normativa clara que proteja los bosques nativos. Los poderes legislativos nacional y provinciales pueden y deben hacerlo sin más demoras.