- ENERGIAS -

Persecución inaceptable


La crisis energética reconoce como causa fundamental el control de los precios de la electricidad, el gas, el petróleo y sus derivados. Tanto el congelamiento de las tarifas como el uso de instrumentos indirectos e incluso de presiones y amenazas sobre las empresas tienen como claro ejecutor responsable al gobierno nacional.

Desde la devaluación y el abandono de la convertibilidad, a comienzos de 2002, las relaciones contractuales y los marcos regulatorios que regían las concesiones fueron alterados unilateralmente por el Estado. Esto afectó negativamente la ecuación económica de las empresas e hizo inviables sus inversiones.

Las consecuencias eran esperables. Tarde o temprano se llegó a situaciones de faltante de producto y de insuficiencia de oferta ante el crecimiento de la demanda.

La recuperación de la economía se apoyó fundamentalmente en el uso más intensivo de la capacidad ya instalada, pero esto encontró límites y el sector energético no fue una excepción. Las carencias son hoy evidentes en el suministro de electricidad y gas, y lo han sido desde hace tres años en el abastecimiento de gasoil.

Funcionarios del gobierno nacional y particularmente el propio Presidente intentaron inicialmente negar la realidad del desabastecimiento y de la crisis energética. Más recientemente, ante la evidencia, se han inclinado por adjudicar culpas a las empresas, sin reconocer su verdadera responsabilidad en el origen del problema. Esta misma actitud fue adoptada toda vez que esas empresas solicitaron aumentos de precios para poder financiar sus inversiones.

En el caso de los combustibles líquidos, supuestamente no sujetos a precios oficiales, la disuasión operó eficazmente al primer intento de aumento. La petrolera Shell, en ocasión de lanzar un gasoil de mejor calidad pero mayor precio, debió sufrir la acción de piqueteros que respondieron rápidamente al pedido presidencial de boicotear la compañía. La voz del presidente de esa empresa, Juan José Aranguren, se ha hecho escuchar con argumentos serios y fundamentados sobre las causas de la situación. Hoy, su actitud debe ser calificada de valiente frente al extendido silencio que se observa en el empresariado ante los abusos y las intervenciones indebidas del poder.

Esta actitud sincera, que debería ser apreciada por el Gobierno, ha producido como respuesta, por lo contrario, una agresiva e indisimulada persecución. Luego de reunirse con el presidente de la Nación, la ministra de Economía y el secretario de Comercio Interior anunciaron la aplicación de multas a la empresa Shell por 5 millones de pesos, con la posibilidad de ampliarlas a 45 millones, por faltantes de gasoil en sus estaciones de servicio. Además, el Gobierno se presentó ante la Justicia y reclamó para la empresa y sus directivos las penas máximas de la más que discutible ley de abastecimiento, que incluyen la prisión. La empresa negó los faltantes y aportó información al respecto. También anunció que apelará las multas, que se quedará en la Argentina y que recurrirá a la Justicia para pedir protección contra los abusos del poder. Encomiablemente, Aranguren volvió a exponer la realidad de la situación y a objetar los argumentos y las acciones del Gobierno.

La simple observación pone en evidencia que faltó y sigue faltando gasoil en todo el ámbito del país y en el despacho de otras empresas, que no han sido tratadas con la misma vara y con el encono aplicado a la empresa Shell. La discriminación y el amedrentamiento por el solo hecho de contradecir al Gobierno resultan evidentes y deben considerarse absolutamente inaceptables. Si frente al inicio de la campaña electoral por la nueva candidata oficial se habla de cambio, deberá empezarse por rectificar estas actitudes en bien del futuro del país.

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Persecución inaceptable


La crisis energética reconoce como causa fundamental el control de los precios de la electricidad, el gas, el petróleo y sus derivados. Tanto el congelamiento de las tarifas como el uso de instrumentos indirectos e incluso de presiones y amenazas sobre las empresas tienen como claro ejecutor responsable al gobierno nacional.

Desde la devaluación y el abandono de la convertibilidad, a comienzos de 2002, las relaciones contractuales y los marcos regulatorios que regían las concesiones fueron alterados unilateralmente por el Estado. Esto afectó negativamente la ecuación económica de las empresas e hizo inviables sus inversiones.

Las consecuencias eran esperables. Tarde o temprano se llegó a situaciones de faltante de producto y de insuficiencia de oferta ante el crecimiento de la demanda.

La recuperación de la economía se apoyó fundamentalmente en el uso más intensivo de la capacidad ya instalada, pero esto encontró límites y el sector energético no fue una excepción. Las carencias son hoy evidentes en el suministro de electricidad y gas, y lo han sido desde hace tres años en el abastecimiento de gasoil.

Funcionarios del gobierno nacional y particularmente el propio Presidente intentaron inicialmente negar la realidad del desabastecimiento y de la crisis energética. Más recientemente, ante la evidencia, se han inclinado por adjudicar culpas a las empresas, sin reconocer su verdadera responsabilidad en el origen del problema. Esta misma actitud fue adoptada toda vez que esas empresas solicitaron aumentos de precios para poder financiar sus inversiones.

En el caso de los combustibles líquidos, supuestamente no sujetos a precios oficiales, la disuasión operó eficazmente al primer intento de aumento. La petrolera Shell, en ocasión de lanzar un gasoil de mejor calidad pero mayor precio, debió sufrir la acción de piqueteros que respondieron rápidamente al pedido presidencial de boicotear la compañía. La voz del presidente de esa empresa, Juan José Aranguren, se ha hecho escuchar con argumentos serios y fundamentados sobre las causas de la situación. Hoy, su actitud debe ser calificada de valiente frente al extendido silencio que se observa en el empresariado ante los abusos y las intervenciones indebidas del poder.

Esta actitud sincera, que debería ser apreciada por el Gobierno, ha producido como respuesta, por lo contrario, una agresiva e indisimulada persecución. Luego de reunirse con el presidente de la Nación, la ministra de Economía y el secretario de Comercio Interior anunciaron la aplicación de multas a la empresa Shell por 5 millones de pesos, con la posibilidad de ampliarlas a 45 millones, por faltantes de gasoil en sus estaciones de servicio. Además, el Gobierno se presentó ante la Justicia y reclamó para la empresa y sus directivos las penas máximas de la más que discutible ley de abastecimiento, que incluyen la prisión. La empresa negó los faltantes y aportó información al respecto. También anunció que apelará las multas, que se quedará en la Argentina y que recurrirá a la Justicia para pedir protección contra los abusos del poder. Encomiablemente, Aranguren volvió a exponer la realidad de la situación y a objetar los argumentos y las acciones del Gobierno.

La simple observación pone en evidencia que faltó y sigue faltando gasoil en todo el ámbito del país y en el despacho de otras empresas, que no han sido tratadas con la misma vara y con el encono aplicado a la empresa Shell. La discriminación y el amedrentamiento por el solo hecho de contradecir al Gobierno resultan evidentes y deben considerarse absolutamente inaceptables. Si frente al inicio de la campaña electoral por la nueva candidata oficial se habla de cambio, deberá empezarse por rectificar estas actitudes en bien del futuro del país.