- TRANSPORTE -

Soluciones para los accidentes viales


Si bien es cierto que los accidentes viales no son un mal exclusivamente argentino, también es verdad que aquí resultan más numerosos que en la mayor parte del mundo, de acuerdo con el tamaño de su población. Esa llamativa propagación, tan dañina en materia de vidas perdidas, secuelas graves e importantes consecuencias materiales, ha movilizado positivas iniciativas tendientes a neutralizarla y revertirla, que deberían complementarse con mayores esfuerzos en educación vial.

El Senado de la Nación tiene para su consideración un proyecto de ley tendiente a la modernización del transporte terrestre, denominada Promitt, que prevé una red federal de autopistas inteligentes, que unirán capitales provinciales, países limítrofes, puertos de ultramar y grandes centros turísticos, y que incluirán, además de la doble calzada, cruces a distinto nivel y circunvalaciones urbanas; un equipamiento electrónico que permita optimizar la seguridad vial; radarización integral con cámaras de video que permitan fiscalizar el flujo de vehículos en tiempo real desde centros de control de tránsito, y detectores automáticos de niebla y de hielo.

Siguiendo el ejemplo de países pioneros, como Alemania y los Estados Unidos, la iniciativa contempla que las autopistas sean de libre circulación y estén exentas de peaje directo, lo cual no obstaría para que se ejecuten íntegramente con inversión privada de riesgo, sin avales ni subsidios del Estado. El recupero de la inversión se haría por medio de una tasa de unos pocos centavos por litro de combustible, que se empezaría a pagar sólo cuando la red esté construida. Para eliminar el riesgo del desvío de fondos, flagelo crónico para la infraestructura vial en las últimas décadas, la tasa sería recaudada por las empresas petroleras, que en cinco días deberían depositarla en la cuenta del concesionario, sin pasar por ningún circuito estatal.

La propuesta propicia también que la recaudación del IVA de la red federal de autopistas se destine íntegramente a inversiones ferroviarias, de forma tal que se complementen ambas redes.

Paralelamente, la Asociación Argentina de Carreteras -entidad con más de 55 años de actividad en ese ámbito- ha aportado algunas iniciativas apropiadas como base para la formulación de políticas de largo plazo destinadas a que el tránsito vehicular se torne más seguro.

Esta asociación ha recomendado que la seguridad en el tránsito sea definida "como una política de Estado clara y sustentable"; que en esa materia sea designada "una unidad ejecutora con autoridad nacional", y que sean asignados los recursos pertinentes "para que esa unidad ejecutora pueda confeccionar y poner en práctica un plan permanente de seguridad vial".

Para lo inmediato, la Asociación Argentina de Carreteras reclamó controles coordinados y permanentes, en todo el país, de velocidad, alcoholemia, uso del cinturón de seguridad en los automóviles y empleo de cascos en las motocicletas; controles intensivos para los conductores profesionales de vehículos de carga y de transporte de pasajeros, y sus unidades; profundización de las mejoras de la infraestructura vial, ampliando la capacidad de las rutas y optimizando la señalización de las calles y las rutas, y encarar un enérgico plan de difusión y capacitación en normas y reglamentaciones de tránsito.

Nada nuevo, por cierto. Sin embargo, se ha hincado el dedo en una llaga supurante: poco o, mejor dicho, nada de eso ha sido puesto en práctica.

Se propuso, además, que los peajes y otros sitios de detención obligatoria de vehículos sean aprovechados como plataforma para los controles; que sean unificados los requisitos y criterios para la concesión en todo el país de las licencias de conductor; que todos los distritos argentinos se adhieran al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (Renat) y se comprometan a consultarlo antes de emitir cada licencia; que sea desarrollado un sistema de control automático de los excesos de velocidad en las rutas de alto tránsito y en las vías de acceso a nuestras grandes ciudades, y que se torne obligatoria la verificación técnica de todos los vehículos en circulación.

Sustentando el legítimo principio de que el cumplimiento de la ley no es optativo para nadie, la asociación plantea, con toda razón, una propuesta privada que tiende a reemplazar la nociva inacción del Estado en este sentido.

Los excesos en esta delicada materia no son, valga reiterarlo, mal exclusivo de la Argentina. Esto ha sido puesto en evidencia hasta por la intervención de la Iglesia pidiendo moderación y prudencia a los conductores. Pero sería un magro y pernicioso consuelo que los argentinos hiciésemos hincapié en esa peculiaridad para emplearla como excusa, en lugar de mejorar nuestro sistema de carreteras y de prestarles atención a razonables recomendaciones y a la imperiosa necesidad de darles todo nuestro respaldo.

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Si bien es cierto que los accidentes viales no son un mal exclusivamente argentino, también es verdad que aquí resultan más numerosos que en la mayor parte del mundo, de acuerdo con el tamaño de su población. Esa llamativa propagación, tan dañina en materia de vidas perdidas, secuelas graves e importantes consecuencias materiales, ha movilizado positivas iniciativas tendientes a neutralizarla y revertirla, que deberían complementarse con mayores esfuerzos en educación vial.

El Senado de la Nación tiene para su consideración un proyecto de ley tendiente a la modernización del transporte terrestre, denominada Promitt, que prevé una red federal de autopistas inteligentes, que unirán capitales provinciales, países limítrofes, puertos de ultramar y grandes centros turísticos, y que incluirán, además de la doble calzada, cruces a distinto nivel y circunvalaciones urbanas; un equipamiento electrónico que permita optimizar la seguridad vial; radarización integral con cámaras de video que permitan fiscalizar el flujo de vehículos en tiempo real desde centros de control de tránsito, y detectores automáticos de niebla y de hielo.

Siguiendo el ejemplo de países pioneros, como Alemania y los Estados Unidos, la iniciativa contempla que las autopistas sean de libre circulación y estén exentas de peaje directo, lo cual no obstaría para que se ejecuten íntegramente con inversión privada de riesgo, sin avales ni subsidios del Estado. El recupero de la inversión se haría por medio de una tasa de unos pocos centavos por litro de combustible, que se empezaría a pagar sólo cuando la red esté construida. Para eliminar el riesgo del desvío de fondos, flagelo crónico para la infraestructura vial en las últimas décadas, la tasa sería recaudada por las empresas petroleras, que en cinco días deberían depositarla en la cuenta del concesionario, sin pasar por ningún circuito estatal.

La propuesta propicia también que la recaudación del IVA de la red federal de autopistas se destine íntegramente a inversiones ferroviarias, de forma tal que se complementen ambas redes.

Paralelamente, la Asociación Argentina de Carreteras -entidad con más de 55 años de actividad en ese ámbito- ha aportado algunas iniciativas apropiadas como base para la formulación de políticas de largo plazo destinadas a que el tránsito vehicular se torne más seguro.

Esta asociación ha recomendado que la seguridad en el tránsito sea definida "como una política de Estado clara y sustentable"; que en esa materia sea designada "una unidad ejecutora con autoridad nacional", y que sean asignados los recursos pertinentes "para que esa unidad ejecutora pueda confeccionar y poner en práctica un plan permanente de seguridad vial".

Para lo inmediato, la Asociación Argentina de Carreteras reclamó controles coordinados y permanentes, en todo el país, de velocidad, alcoholemia, uso del cinturón de seguridad en los automóviles y empleo de cascos en las motocicletas; controles intensivos para los conductores profesionales de vehículos de carga y de transporte de pasajeros, y sus unidades; profundización de las mejoras de la infraestructura vial, ampliando la capacidad de las rutas y optimizando la señalización de las calles y las rutas, y encarar un enérgico plan de difusión y capacitación en normas y reglamentaciones de tránsito.

Nada nuevo, por cierto. Sin embargo, se ha hincado el dedo en una llaga supurante: poco o, mejor dicho, nada de eso ha sido puesto en práctica.

Se propuso, además, que los peajes y otros sitios de detención obligatoria de vehículos sean aprovechados como plataforma para los controles; que sean unificados los requisitos y criterios para la concesión en todo el país de las licencias de conductor; que todos los distritos argentinos se adhieran al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (Renat) y se comprometan a consultarlo antes de emitir cada licencia; que sea desarrollado un sistema de control automático de los excesos de velocidad en las rutas de alto tránsito y en las vías de acceso a nuestras grandes ciudades, y que se torne obligatoria la verificación técnica de todos los vehículos en circulación.

Sustentando el legítimo principio de que el cumplimiento de la ley no es optativo para nadie, la asociación plantea, con toda razón, una propuesta privada que tiende a reemplazar la nociva inacción del Estado en este sentido.

Los excesos en esta delicada materia no son, valga reiterarlo, mal exclusivo de la Argentina. Esto ha sido puesto en evidencia hasta por la intervención de la Iglesia pidiendo moderación y prudencia a los conductores. Pero sería un magro y pernicioso consuelo que los argentinos hiciésemos hincapié en esa peculiaridad para emplearla como excusa, en lugar de mejorar nuestro sistema de carreteras y de prestarles atención a razonables recomendaciones y a la imperiosa necesidad de darles todo nuestro respaldo.