- MUJERES EN CONFLICTO -

Ser y parecer


El gobierno nacional parece resuelto a defender a capa y espada a las dos funcionarias que enfrentan graves acusaciones en los últimos días. La estrategia oficial podría sintetizarse en evitar a toda costa tener que entregarle a la oposición la cabeza de algún colaborador del Presidente ante la inminencia de un acto electoral. Se trata de un criterio lamentable: un gobierno que representa a todos los argentinos y no sólo a una fracción política, antes que cuidar mezquinos intereses partidarios debería velar por la máxima transparencia y no avalar ningún comportamiento corrupto, por mínimo que aparente ser.

En la víspera, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, realizó una encendida defensa de la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, cuestionada por la contratación de familiares y amigos que perciben importantes remuneraciones, por el uso injustificado de aeronaves privadas con fondos públicos y por la canalización de recursos a través de una fundación.

Fernández dijo que las acusaciones contra la funcionaria, que ha sido denunciada penalmente, son "falsas" y forman parte de una "operación política", al tiempo que, como viene ocurriendo habitualmente en el actual gobierno, responsabilizó al periodismo.

Unos días antes, el propio jefe de Gabinete había afirmado que la ministra de Economía, Felisa Miceli, estaba plenamente ratificada en su cargo, tras el escándalo que se desató a partir del misterioso hallazgo de una bolsa con dinero en el baño del despacho que tiene la funcionaria en el Palacio de Hacienda.

La ministra Miceli brindó una tardía explicación sobre la aparición de ese dinero, al tiempo que incurrió en contradicciones evidentes. Entre ellas, señaló primero, por medio de su vocero, que la totalidad del monto en cuestión estaba plenamente justificado en sus declaraciones juradas de bienes y de ganancias, mientras que días después admitió que la mayor parte del dinero había sido obtenida merced a un préstamo que le hizo su hermano. Esa sola contradicción pone bajo sospecha todos los argumentos esgrimidos por la ministra.

Ni en el caso de Romina Picolotti ni en el de Felisa Miceli se está hablando de nimiedades. Las sospechas se vinculan con delitos como la malversación de fondos públicos o el enriquecimiento ilícito, personal o de parientes cercanos. Frente al escándalo público y a la pésima repercusión internacional que ambas situaciones están generando, correspondería que las dos funcionarias en cuestión dieran un paso al costado y presentasen sus renuncias.

No menos grave es que, en el primero de los casos, surja la posibilidad de que se utilice a una fundación como la figura jurídica para el despilfarro, contribuyendo a hacer crecer la equivocada percepción de que las organizaciones no gubernamentales están hechas para robar. Viene esto a cuento de la existencia de una fundación, ArgenINTA, a través de la cual, según las denuncias conocidas, se tramitaban gastos y cobraban sus sueldos personas contratadas por la secretaría. Es menester investigar, en esta y en otras dependencias públicas, qué tan extendida se encuentra esta aparente modalidad para que distintos funcionarios cobren sueldos más altos que los reconocidos por el escalafón del Estado.

En tanto la transparencia es uno de los valores esenciales de una democracia, quienes ejercen altos cargos en la función pública no sólo tienen la obligación de ser honestos, sino también de parecerlo. Y las máximas autoridades de la Nación, además de cumplir ese precepto, deben velar permanentemente para que la sociedad argentina recupere la confianza en su dirigencia. De nada les servirá al país y al propio Gobierno que se intente, un vez más, esconder la mugre debajo de la alfombra.

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El gobierno nacional parece resuelto a defender a capa y espada a las dos funcionarias que enfrentan graves acusaciones en los últimos días. La estrategia oficial podría sintetizarse en evitar a toda costa tener que entregarle a la oposición la cabeza de algún colaborador del Presidente ante la inminencia de un acto electoral. Se trata de un criterio lamentable: un gobierno que representa a todos los argentinos y no sólo a una fracción política, antes que cuidar mezquinos intereses partidarios debería velar por la máxima transparencia y no avalar ningún comportamiento corrupto, por mínimo que aparente ser.

En la víspera, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, realizó una encendida defensa de la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, cuestionada por la contratación de familiares y amigos que perciben importantes remuneraciones, por el uso injustificado de aeronaves privadas con fondos públicos y por la canalización de recursos a través de una fundación.

Fernández dijo que las acusaciones contra la funcionaria, que ha sido denunciada penalmente, son "falsas" y forman parte de una "operación política", al tiempo que, como viene ocurriendo habitualmente en el actual gobierno, responsabilizó al periodismo.

Unos días antes, el propio jefe de Gabinete había afirmado que la ministra de Economía, Felisa Miceli, estaba plenamente ratificada en su cargo, tras el escándalo que se desató a partir del misterioso hallazgo de una bolsa con dinero en el baño del despacho que tiene la funcionaria en el Palacio de Hacienda.

La ministra Miceli brindó una tardía explicación sobre la aparición de ese dinero, al tiempo que incurrió en contradicciones evidentes. Entre ellas, señaló primero, por medio de su vocero, que la totalidad del monto en cuestión estaba plenamente justificado en sus declaraciones juradas de bienes y de ganancias, mientras que días después admitió que la mayor parte del dinero había sido obtenida merced a un préstamo que le hizo su hermano. Esa sola contradicción pone bajo sospecha todos los argumentos esgrimidos por la ministra.

Ni en el caso de Romina Picolotti ni en el de Felisa Miceli se está hablando de nimiedades. Las sospechas se vinculan con delitos como la malversación de fondos públicos o el enriquecimiento ilícito, personal o de parientes cercanos. Frente al escándalo público y a la pésima repercusión internacional que ambas situaciones están generando, correspondería que las dos funcionarias en cuestión dieran un paso al costado y presentasen sus renuncias.

No menos grave es que, en el primero de los casos, surja la posibilidad de que se utilice a una fundación como la figura jurídica para el despilfarro, contribuyendo a hacer crecer la equivocada percepción de que las organizaciones no gubernamentales están hechas para robar. Viene esto a cuento de la existencia de una fundación, ArgenINTA, a través de la cual, según las denuncias conocidas, se tramitaban gastos y cobraban sus sueldos personas contratadas por la secretaría. Es menester investigar, en esta y en otras dependencias públicas, qué tan extendida se encuentra esta aparente modalidad para que distintos funcionarios cobren sueldos más altos que los reconocidos por el escalafón del Estado.

En tanto la transparencia es uno de los valores esenciales de una democracia, quienes ejercen altos cargos en la función pública no sólo tienen la obligación de ser honestos, sino también de parecerlo. Y las máximas autoridades de la Nación, además de cumplir ese precepto, deben velar permanentemente para que la sociedad argentina recupere la confianza en su dirigencia. De nada les servirá al país y al propio Gobierno que se intente, un vez más, esconder la mugre debajo de la alfombra.