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13.5.07

- PROBLEMAS PORTEÑOS -



Diez expertos plantean los diez desafíos clave que deberá enfrentar el nuevo gobierno porteñoLa brecha Norte-Sur, la seguridad, las villas miseria, el tránsito, las inundaciones, los hospitales públicos, los cartoneros, el tratamiento de la basura, el boom inmobiliario y el Riachuelo.

Especialistas de prestigio dicen qué hay que hacer para resolver los problemas de la Ciudad


Paulina Maldonado, Gabriela Vulcano y Gabriela Manuli Diario Perfil
1- INUNDACIONES

Por Juan Carlos Giménez


Ingeniero civil. Ex presidente y actual secretario de la Comisión de Recursos Hídricos del Centro Argentino de Ingenieros. Fue coordinador general del Proyecto para la Mejora de la Infraestructura y la Gestión de Drenaje Urbano, financiado por el gobierno de Japón con gerenciamiento del BIRF. Contratado por el Banco Mundial para desarrollar el Anexo B: aspectos económico-financieros del informe “Gestión de los recursos hídricos de Argentina. Elementos de política para su desarrollo sustentable en el siglo XXI”. Se desempeñó como redactor de los términos de referencia para el Plan de Emergencias de Inundaciones de la República del Paraguay.

La solución de los negativos efectos de las recurrentes inundaciones que con creciente frecuencia afectan a la Ciudad de Buenos Aires, particularmente los tramos bajos de las cuencas de los arroyos Maldonado (Palermo y Villa Crespo) y Vega (Belgrano y Núñez), debe resultar de una política integral de manejo del drenaje pluvial de la Ciudad.

Esta política debe incluir tanto soluciones estructurales (obras de alivio, de control en las desembocaduras, mantenimiento) como medidas no estructurales de mitigación y control del drenaje que incluyan: sistemas de alerta hidrometeorológica, mapas de riesgo hídrico, sanción de ordenanzas municipales que obliguen a la compensación de la impermeabilización por nuevas construcciones mediante elementos de retención de las aguas excedentes, incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y en los planes de manejo ambiental de la Ciudad y capacitación de funcionarios e instituciones en la prevención y respuesta ante emergencias hídricas.

En este contexto, la Ciudad cuenta ya con un Plan Director de Ordenamiento Hidráulico desarrollado por equipos consultores de experiencia que debe continuar siendo implementado con eficacia y continuidad.

Parte del plan son las obras de alivio del conducto existente en la cuenca del arroyo Maldonado, consistentes en dos túneles de 7 metros de diámetro, uno de 10 kilómetros de longitud y el otro de 5 kilómetros, y los necesarios conductos secundarios, obras que permitirán solucionar las inundaciones en esta cuenca y que han sido recientemente lanzadas.

En la cuenca del arroyo Vega se deben complementar las obras en ejecución en el barrio vecino a River (redes y conductos) y la obra de control en la desembocadura que permitirá modular los efectos negativos de altos niveles en el Río de la Plata y la ocurrencia de lluvias en la cuenca. Podría ser necesario analizar la viabilidad de agregar una obra de regulación y/o de alivio; existen en este sentido antecedentes importantes tanto en el Plan Director como para el estudio hidráulico de esta cuenca del Vega desarrollados por el INA –Instituto Nacional del Agua y el Ambiente– en 1996.

Estas obras deberán ser complementadas necesariamente con las medidas no estructurales citadas, cuyo efecto será tan importante como aquéllas.

2- EL BOOM DE LAS CONSTRUCCIONES

Por Juan Manuel Borthagaray


Arquitecto, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Es director del Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y el Ambiente. Ha sido profesor invitado en los Institutos Politécnicos de Suiza y de Milán y en la Universidad de París. Fue decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo durante dos períodos. Recibió el Premio del Fondo Nacional de las Artes por su trayectoria artística en Arquitectura en 1999.

La totalidad del territorio de la Ciudad está dividida en distritos que responden al Código de Planeamiento Urbano. Uno de los aspectos trata de los distritos según la altura. Esto significa que previamente se han permitido, o no, las construcciones en altura. Cuando una construcción de éstas aparece en una manzana de casas bajas, los efectos son traumáticos para todo un entorno, y particularmente para los vecinos inmediatos. A mi juicio, son más brutales en el caso de una casa de departamentos entre medianeras, digamos, seis o siete pisos, por cuanto la diferencia de altura se produce en el mismo muro medianero.

La reglamentación de las construcciones de perímetro libre, llamadas también torres, obliga a un retiro de las medianeras, que varía según la altura a levantar, pero de varios metros como mínimo. De manera que un proyecto “en torre” armoniosamente manejado en función de su entorno puede ser menos agresivo, y abundan los ejemplos en este sentido (ver torre Montañeses, arquitecto Horacio Baliero). No obstante, los derrumbes, enseguida después de las protestas de los vecinos de Caballito han satanizado a las torres. En cuanto a los derrumbes en sí, las excavaciones son siempre azarosas, la única solución sería que no llegasen hasta los filos medianeros, sino que se retiraran una distancia prudencial. Por otra parte, en los tejidos de manzanas y manzanas de casas bajas que abundan en nuestra ciudad, hay vecinos que quieren defender el modo de vida que estos barrios ofrecen y que no quisieran ver rota su serenidad. Otros, por el contrario, que piensan y sienten distinto, cuentan con la valorización que los volúmenes de construcción permitidos dan a sus propiedades. Estas diferencias deben transarse democráticamente, en función de cada vecindario. El foro para hacerlo sería idealmente el de las comunas. Los vecinos de Belgrano R se han unido y han luchado para mantener la integridad del carácter de su barrio y lo han logrado. Esta es la manera democrática y de consenso que me parece la idónea, para transar este delicado conflicto que, por otra parte, debe contemplar las necesidades de renovación urbana y la demanda de terrenos aptos para mantener la actividad de la construcción, vital para la economía de la ciudad.

3- HOSPITALES PÚBLICOS

Por Hugo E. Arce


Médico, sanitarista, especialista en salud pública. Director general del Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES). Director del Departamento de Salud Pública del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación H.A. Barceló. Es presidente de la Sociedad Argentina para la Calidad en Atención de la Salud (SACAS) y secretario general de la Sociedad Latinoamericana para la Calidad en Atención de la Salud (SoLaCaSa). Miembro fundador de la Fundación Avedis Donabedian (FAD) de Argentina, “para el mejoramiento de la calidad de la atención médica”. Escribió Manual de acreditación de hospitales para América latina y el Caribe, patrocinado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Federación Latinoamericana de Hospitales (FLH), entre otros libros. Fue consultor de corto plazo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Banco Mundial (BIRF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El problema central de los hospitales públicos en Buenos Aires y en todo el país es que funcionan a pleno sólo por la mañana. En el resto del día, la guardia suele cumplir funciones no urgentes, que deberían corresponder a los demás servicios. A menudo se incluyen allí operaciones, que deberían efectuarse en forma programada, a fin de eludir los turnos de espera. Aunque la mayor parte de las instalaciones hospitalarias está en razonables condiciones edilicias, existe un deficiente sistema de mantenimiento, por lo que suelen presentar aspecto de abandono. Lo mismo ocurre con el equipamiento tecnológico. Pese a la tradicional historia de carencias en los hospitales, están sobredimensionados en personal, especialmente en médicos, que sólo asisten en horas de la mañana. Tampoco tienen carencias de abastecimiento, lo que existe es una inadecuada provisión de insumos, porque el manejo presupuestario está centralizado. Los hospitales compran productos de baja calidad, a precios mayores que los del mercado y con falta de suministro en el momento oportuno. Las camas de internación supuestamente están saturadas, porque la dotación de camas no está totalmente disponible y el personal está concentrado a la mañana.

El desafío principal consiste en dotar a los hospitales de autonomía para ser administrados por sus directivos, con facultades para ejecutar el presupuesto y modificar el plantel de personal. Los cargos jerárquicos y las incorporaciones de personal deben cubrirse por concurso. Los médicos deben cumplir los horarios que nominalmente tienen asignados. El régimen de control de ausentismo y reconocimientos médicos debe ser más estricto. Los turnos deben reservarse por teléfono y no haciendo colas a la madrugada. Si el Gobierno de la Ciudad instrumentara un seguro público para la población sin cobertura, todos los pacientes estarían asegurados y los hospitales tenderían a autofinanciarse progresivamente. Los hospitales deberían funcionar plenamente de 8 a 20 horas; aunque se están haciendo algunos esfuerzos en este sentido, no se han implementado cambios de fondo.

4- BRECHA NORTE-SUR

Por Héctor Atilio Poggiese


Abogado, máster en administración pública (planificación gubernamental de políticas sociales) de la Fundaçâo Getúlio Vargas, Río de Janeiro, Brasil.

Investigador-docente de Flacso, coordinador del Programa Planificación Participativa y Gestión Asociada (PPGA). Integrante del Grupo de Trabajo Latinoamericano sobre Desarrollo Urbano, en Clacso. Asesor de políticas públicas y coordinador de proyectos de desarrollo. Consultor de Unicef, Unesco, FAO, OPS e IICA.

Norte y Sur (la avenida Rivadavia como frontera estricta) y un centro sin referente cardinal hacen una visión dicotómica de la Ciudad donde el Río de la Plata es el Este y el conurbano bonaerense es el Oeste. Exagerada simplificación estadística que omite la urbanización clasemediera por loteos en los 50 del oeste porteño y oculta la lujosa urbanización de Puerto Madero en el este, desde los 90. Se prefiere, con insistencia, exaltar la brecha entre el Norte rico y el Sur pobre.

Esa brecha se puede reducir si el principio rector de las políticas urbanas cambia y pasa a ser distribuir menos a los que tienen más, y más a los que tienen menos, a través de un sistema similar al de coparticipación inversa, que asegure la inversión pública para el desarrollo urbano y social en las áreas donde el mercado no acude por desinterés. Es baja la rentabilidad para el capital en los proyectos imprescindibles; como simples ejemplos: la recuperación urbana de La Boca y Constitución, la urbanización in locu de las villas, la reconversión de edificios en desuso para vivienda popular, el tratamiento del Riachuelo.

Importa también invertir en desarrollo social dotando de financiamiento la participación en políticas públicas de los grupos más humildes, para compensar que los grupos de mejores ingresos son los que más pueden participan y por eso tienen un peso relativo mayor en las decisiones.

Hay que elaborar indicadores regionales de carencias para conseguir una distribución equitativa del presupuesto participativo.

La descentralización, en tanto transferencia de poder, también debe ser diferenciada. Las comunas del Sur, territorios de enorme extensión y baja densidad poblacional, deberían ser equipadas (antes y más que el resto de las comunas) con infraestructura física y móvil para facilitar su gestión, que será, de partida, más difícil que en las otras.

Olvidaba algo esencial: los terrenos de Puerto Madero eran propiedad de la Ciudad, ¿la renta urbana de la operación inmobiliaria de Puerto Madero no hubiera debido ser (no debería ser, todavía) reinvertida en el Sur?


5- SEGURIDAD

Por Elías Neuman


Abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Maestro invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México. Es docente de posgrado en criminología y victimología en la Facultad de Derecho de la UBA. Ha sido fundador de la cátedra de Criminología y Derechos Humanos de la Universidad de Tel Aviv, Israel. Es miembro titular de la Sociedad Internacional de Criminología y de la Sociedad Mundial de Victimología.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee su propia Constitución, Suprema Corte y hasta jury de enjuiciamiento de magistrados, pero para definir el alcance de su autonomía requiere ordenar los controles punitivos comenzando con su propia policía. Ello resulta ineludible y difícil de polemizar si se piensa en los varios millones de habitantes que la pueblan y la necesidad indispensable de seguridad.

Es una buena oportunidad para efectuar un ordenamiento de esos controles en especial justicia y policía concebidos para la democracia que respeten los derechos humanos para que éstos dejen de ser cosmogónicos o metafísicos para millares de personas. Cierto es que subsiste la incomodidad de hablar de democracia dentro del sistema neoliberal y el capitalismo financiero que nos rige. En verdad, ¿existe la democracia neoliberal?

Lo ocurrido en el país y en casi toda Latinoamérica debe servir de ejemplo. Cuando en 1983 se reinstitucionaliza el Estado luego de la crapulosa y sanguinaria dictadura, gran cantidad de jueces que juraron por el bando militar y luego por la Constitución Nacional fueron admitidos como si tal. No hubo depuración y ¡colmo de fugacidad humana!, muchos de ellos resultaron ascendidos. Aún peor resultó lo ocurrido con la Policía que, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, fuera el brazo adjetivo de la dictadura efectuando secuestros, produciendo muertes y desapariciones. También, sin beneficio de inventario, sus cuadros fueron admitidos en la democracia formal y no precisamente por incuria, imprudencia, imprecisiones u olvidos… Pareció no advertirse que para hablar a pulmón lleno de democracia se requiere, y así hasta hoy, de instituciones democráticas y de demócratas.

No creo que la aceptación de la Policía sin propiciar profundos cambios ideológicos o estructurales haya sido producto de alguna negligencia política de entonces o de ahora, en que se propicia tanto parche gatopardista. Estoy persuadido de que se trata de un pacto silencioso, cual un guiño, entre los políticos en funciones y la Policía. Aquéllos le requieren control social y medidas inmediatas contra los probables insumisos o quienes proclaman sus derechos en las calles por medio de la protesta multitudinaria que incluye a los excluidos sociales. La Policía debe actuar ya, el control resulta fundamental al sistema y su reproducción. Entretanto, la actitud política es de cerrar los ojos y sellar los labios frente a los negocios policiales de todo tipo y su corrupción recurrente.

Son experiencias reales y diarias. Por eso es de esperar que cuando Buenos Aires cree su Policía sea una Policía para la democracia, que actúe en consonancia con el pueblo, respete los derechos humanos y a los seres que los invisten por la sola virtualidad de ser. Una Policía que no sólo se ocupe de la prevención de delitos de abajo sino de aquellos de “cuello blando” que en la actualidad jamás investiga. En este esbozo de gruesas líneas cabría recordar y requerir un serio programa institucional de política criminal o criminológica de carácter interdisciplinar.

Pero, claro está, para el logro de estos y otros ideales sería necesario definir previamente qué clase de país queremos.

6- VILLAS MISERIA

Por Beatriz Cuenya


Arquitecta egresada de la Universidad Nacional de Tucumán. Realizó un doctorado en la Universidad Tecnológica de Delft, Holanda. Cursó estudios de posgrado en el Instituto Torcuato Di Tella. Es investigadora del Conicet y vicedirectora del Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Se ha desempeñado como consultora de UNICEF Argentina, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Inter-American Fundation y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Hoy existen nuevas ideas e instrumentos de política urbana con una enorme potencialidad para atemperar las situaciones de precariedad y exclusión territorial que presentan las ciudades, una de cuyas expresiones son las villas. Se trata de herramientas que perfeccionan la justicia tributaria, a través de la recuperación y redistribución de la valorización que experimentan los terrenos en virtud de las acciones públicas.
La construcción de la Ciudad a lo largo del tiempo es un proceso social que abarca esfuerzos públicos y privados. En dicha construcción, el Estado contribuye de manera decisiva a valorizar los terrenos urbanos a través de dos vías: las obras públicas (apertura y construcción de calles, redes de infraestructura, equipamientos urbanos, plazas y parques) y las regulaciones sobre el uso del suelo (establecimiento y modificación de usos y coeficientes de edificación por zonas).

Los procesos de valorización inmobiliaria que se observan actualmente en la Ciudad se ligan con emprendimientos de lujo promovidos por fuertes inversores y redes inmobiliarias de alcance mundial. En muchos casos, particularmente cuando se reurbanizan grandes parcelas o áreas enteras, el municipio no sólo debe decidir que resulta de interés que estas edificaciones se realicen sino que, además, fija las pautas en cuanto a usos permitidos, tamaños de lotes y densidades y volúmenes arquitectónicos, entre otros aspectos que impactan en el aumento de los precios del suelo. Si una parte de esos incrementos se convirtiera en recaudación pública, se podría transformar las villas en barrios. Eso supone venta de las tierras a sus ocupantes, provisión de infraestructura y construcción de viviendas.

Este enfoque, orientado a mejorar las zonas en desventaja, se denomina gestión social de la valorización del suelo urbano. Sus ingredientes incluyen: la renovación de la normativa urbanística, la creación de nuevas contribuciones, la decisión política para hacerlo y la participación activa de la ciudadanía para tomar partido sobre el destino de recursos que son patrimonio de todos.

7- TRATAMIENTO DE LA BASURA

Por Antonio Elio Brailovsky


Licenciado en economía política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, especialista en medio ambiente. Ex defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad (desde diciembre de 1998 hasta diciembre de 2003). Se desempeñó como director nacional de Desarrollo Urbano y Calidad Ambiental, Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Es profesor titular de Biodiversidad y Reservas Naturales en la Maestría en Derecho Ambiental, en la Universidad de Belgrano. Escribió los libros Memoria verde: historia ecológica de la Argentina, investigación sobre historia ambiental. En colaboración con la Dra. Dina Foguelman, Editorial Sudamericana; Verde contra verde: las difíciles relaciones entre economía y ecología, Editorial Norma-Tesis, y La ecología y el futuro de la Argentina, ensayo sobre condiciones ambientales y modelos de futurología, Editorial Planeta.

En éste, como en muchos otros temas, hay algunas cuestiones obvias, que vamos a encontrar repetidas en todas partes, y otras de las que casi nadie quiere hablar. Nos dirán que estamos produciendo demasiada basura y que es necesario un cambio cultural para no seguir saturando los depósitos del Ceamse.

Y que hay que eliminar de veras los basurales clandestinos. Y que no debe haber más cartoneros que abran las bolsitas en la calle, sino recuperadores urbanos que trabajen en plantas industriales. Para eso hará falta que aprendamos a separar la basura en sus componentes reutilizables.

Hasta aquí, lo previsible. Hablemos del resto, entonces.

Hay que investigar en serio al Ceamse. El ente que maneja la basura (Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado, Ceamse) está en la cómoda situación de controlarse a sí mismo. Hasta ahora, y que yo sepa, no hay nadie monitoreando su impacto ambiental y no hay nadie controlando sus finanzas. La Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires fue a la Justicia para tratar de que el Ceamse le permita cumplir con su tarea habitual de ver cómo están funcionando los organismos públicos. ¿Qué tiene para ocultar el Ceamse?

Sucede que la gente cree que lo único que hace es disponer la basura en los mal llamados rellenos sanitarios. Pero además el Ceamse funciona como una gigantesca empresa inmobiliaria. Cuando se lo creó, en la última dictadura, le dieron una gran cantidad de tierras públicas. Y su publicidad dice que eran tierras bajas, inundables, que se levantarían con el relleno de basura para crear hermosos parques y jardines.

La realidad es que encima de un relleno de basura no puede crecer nada. La tierra usada como relleno sanitario está arruinada para toda la eternidad. Lo que no dijeron es que el Ceamse tiene miles de hectáreas de buena calidad, que usa para pagar a sus contratistas para que ellos hagan desarrollos inmobiliarios.

¿Alguien sabe cuánto valen esas tierras y a qué valor se están entregando desde hace casi 30 años? ¿Alguien sabe qué clase de política se está financiando con una posible diferencia? ¿Por qué los que se asomaron a mirar al Ceamse cambiaron rápidamente de idea?

8- CARTONEROS

Por Francisco Martín Suárez


Licenciado y doctor en Antropología de la UBA, máster en Políticas Ambientales y Territoriales de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Certificate Course Social Development, Policy, Planning and Practice en la University College London. Fue coordinador de la Asistencia Técnica al Municipio de José C. Paz “Estudio de la recuperación y reciclaje de residuos y reducción de la vulnerabilidad social de los trabajadores informales” en el marco del Programa de Desarrollo Local, financiado por la IAF Interamerican Fundation. Fue coordinador general de campo para el “Diagnóstico sobre trabajo infantil en recuperación y reciclaje de residuos en las áreas urbanas” organizado por Unicef y la Organización Internacional para las Migraciones.

Los recuperadores urbanos, cartoneros, son sin duda un tema de agenda pública que demanda una política integral. Esta política debe direccionarse hacia: 1) la dignificación del trabajo cartonero en el marco de una convivencia que contemple la higiene de la Ciudad; 2) la prevención de trabajo infantil; 3) la puesta en marcha de un plan de preselección domiciliaria de residuos, serio y sostenido en el tiempo, de escala metropolitana y que incentive la creación de mercados de materiales reciclados. Mientras que las leyes vigentes señalan un claro rumbo en la orientación señalada, la gestión pública ha sido espasmódica, al ritmo de las demandas sociales y de los procesos electorales. La Ley 992/03 incluye a los cartoneros en el sistema de higiene y la Ley 1854/05 (Basura Cero) establece un cronograma de reducción de disposición final de los residuos sólidos urbanos, que prevé la prohibición total de enterramiento de materiales reciclables para el año 2020. En tanto, la conceptualización de la problemática por parte de los actuales protagonistas del actual proceso electoral ha transitado desde los dichos de Macri en 2002 “los cartoneros roban la basura” pasando por el fugaz programa preselección domiciliaria de “la bolsa verde”, hasta los actuales inútiles contenedores; en síntesis, criminalización, inclusión, indiferencia.

Por su parte, existen más de 20 cooperativas y asociaciones civiles de cartoneros en la región metropolitana de Buenos Aires que recuperan residuos de la Ciudad. Hay distintas modalidades de funcionamiento, entre ellas: la Cooperativa el Ceibo, que incentiva a la separación domiciliaria a través de promotores ambientales; la Cooperativa Ecológica de Bajo Flores, que asumió la gestión de la primera planta de reciclado de la Ciudad; y las 4 asociaciones civiles de San Martín, que en convenio con el Ceamse recuperan en plantas sociales significativas cantidades de residuos antes de ser enterrados.

El reciclado con inclusión social de los cartoneros es aún una asignatura pendiente. Las leyes están, la infraestructura se está desarrollando, los mercados de reciclables existen, los cartoneros han crecido en organización, aunque mantienen un perfil heterogéneo entre los organizados y los independientes, cuya modalidad es aún muy precaria. ¿Qué falta? Simplemente decisión política y un plan integral.

9- CUENCA MATANZA RIACHUELO

Por Juan Agustín Moretton


Doctor en Farmacia y Bioquímica de la UBA, especializado en el estudio de tóxicos genéticos en muestras ambientales. Es socio fundador de la Asociación Toxicológica Argentina y miembro de la Asociación Argentina contra la Contaminación Ambiental. Codirector del proyecto “Análisis integrado de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. Dinámica del sistema y bases para su monitoreo y biorremediación”, integrado por las facultades de Agronomía, Farmacia y Bioquímica y Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es investigador del proyecto “Dinámica y biodisponibilidad de contaminantes en un sistema fluvial de la provincia de Buenos Aires. Pautas para su remediación”.

“Primero se debe dejar de contaminar”, ésta es la frase que se repite una y otra vez en los informes oficiales y en las páginas de casi todas las ONG ambientalistas y en las notas periodísticas.

Pero lo que nadie tiene en cuenta es lo complejo de este proceso, en un curso que tiene 200 años de aportes de contaminantes en forma ininterrumpida. Trasladar industrias (para que contaminen en otra parte), o cerrar definitivamente las que contaminan son dos opciones con un costo social muy grande.

Obligar a las industrias a descontaminar sus aguas residuales es algo difícil cuando ya están en medio de una zona mal urbanizada y no tienen espacio para construir plantas de depuración.

Y no es la industria el único problema. En las riberas hay miles de habitantes en asentamientos precarios construidos sobre basurales clandestinos. También deberíamos pensar en nuevas viviendas para ellos, y en la posibilidad de excavar y procesar toneladas de basura depositada para que no siga aportando contaminación al río.

¿Qué haríamos con esa cantidad de basura cuando nuestros rellenos sanitarios ya en estos momentos están colmados? Aguas arriba, cerca de las nacientes el río Matanza llegan al río pesticidas, fertilizantes y residuos de criaderos de pollos y de vacunos, todos ellos perjudiciales para el ecosistema. A esto es necesario sumarle el mal estado de las cloacas que pasan por debajo del cauce del río, dejando en su corriente miles de litros por día de agua contaminada con excrementos. También hay que considerar el vertido clandestino de camiones atmosféricos con residuos industriales y materia fecal.

Toda esa contaminación es arrastrada hacia La Boca por un río con poco caudal, que fluye lentamente hacia su desembocadura y, si los vientos no son propicios, puede fluir en sentido contrario y provocar inundaciones. El problema es complejo pero puede resolverse. Cuando lleguemos a un acuerdo para definir cómo vamos a dejar de contaminar desde las nacientes hasta la desembocadura, recién entonces podremos pensar en cómo recuperar y disfrutar todos de nuestro río.

10- TRANSITO

Abogado cofundador y director ejecutivo del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV). Coordinador del equipo de técnicos y especialistas del ISEV que desarrollan tareas para la consultora The Louis Berger en el Diseño de Programa de la Seguridad Vial en Guatemala. También trabajó en el Programa de Institucionalización de la Seguridad Vial en Honduras. Miembro correspondiente y representante de Inforvial (Uruguay) en Argentina. Se desempeñó como perito accidentólogo de la Junta Nacional de Investigaciones de Accidentes del Transporte Público Terrestre.

Resolver el tema del tránsito y del transporte de la Ciudad de Buenos Aires, en definitiva de la movilidad de nuestra sociedad, no es un tema fácil. Por el contrario, años de inacción en la materia, con escasa o nula planificación estratégica y sin una política rectora sobre “qué ciudad queremos”, no han hecho otra cosa que agravar el problema.

Sin embargo, se pueden trazar algunos lineamientos:

Implementar y sostener una verdadera política de Estado de tránsito y seguridad vial (esto es, independiente de cualquier gobierno “partidario”), que permita un planeamiento estratégico del tema, con objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Dicha política debe contemplar la realidad de una infraestructura vial cada vez más escasa frente a una demanda de uso de la misma muy superior.

Frente a esa realidad se proponen, entre otras medidas:

1) Privilegiar y mejorar una red de transporte colectivo integrada (es decir que propenda a complementar antes que a competir) entre los medios de superficie (ómnibus, taxis y ferrocarril) y subterráneos.

2) Desalentar el uso del vehículo automotor privado en las zonas de alto congestionamiento de actividades comerciales, administrativas y sociales de la ciudad.

3) Programar e implementar paulatinamente una “desconcentración” espacial de las sedes de administración de la Ciudad, respecto a las de la Nación, fomentando asimismo el desarrollo e inversión en zonas postergadas de la Ciudad.

4) Programar e implementar paulatinamente una “desconcentración” temporal (horaria) de las actividades principales en la Ciudad (bancarias, judiciales, administrativas, escolares, etc.).

5) Presupuesto: no debe depender económicamente de recursos gestionados de Rentas Generales. Mayoritariamente, sus recursos deben provenir en forma ágil (pero auditada y controlada) de asignaciones específicas, y en muchos casos propias (derivadas de tasas de habilitación de conductores, de pagos de multas y aun de canon de concesiones y peajes).

6) Educación vial: para cumplir con la obligatoriedad de dictado de Educación Vial, debe implementarse un programa previo de capacitación docente (con puntaje para la carrera profesional) en el dictado de los contenidos de la materia.

7) Control y sanción: se requiere la integración de un cuerpo específico en la función, altamente capacitado. Sin sanción, el control es dilapidar economía y esfuerzo. Debe lograrse un sistema eficiente y ágil que sancione el mayor porcentaje de las infracciones constatadas y probadas.

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13.5.07

- PROBLEMAS PORTEÑOS -



Diez expertos plantean los diez desafíos clave que deberá enfrentar el nuevo gobierno porteñoLa brecha Norte-Sur, la seguridad, las villas miseria, el tránsito, las inundaciones, los hospitales públicos, los cartoneros, el tratamiento de la basura, el boom inmobiliario y el Riachuelo.

Especialistas de prestigio dicen qué hay que hacer para resolver los problemas de la Ciudad


Paulina Maldonado, Gabriela Vulcano y Gabriela Manuli Diario Perfil
1- INUNDACIONES

Por Juan Carlos Giménez


Ingeniero civil. Ex presidente y actual secretario de la Comisión de Recursos Hídricos del Centro Argentino de Ingenieros. Fue coordinador general del Proyecto para la Mejora de la Infraestructura y la Gestión de Drenaje Urbano, financiado por el gobierno de Japón con gerenciamiento del BIRF. Contratado por el Banco Mundial para desarrollar el Anexo B: aspectos económico-financieros del informe “Gestión de los recursos hídricos de Argentina. Elementos de política para su desarrollo sustentable en el siglo XXI”. Se desempeñó como redactor de los términos de referencia para el Plan de Emergencias de Inundaciones de la República del Paraguay.

La solución de los negativos efectos de las recurrentes inundaciones que con creciente frecuencia afectan a la Ciudad de Buenos Aires, particularmente los tramos bajos de las cuencas de los arroyos Maldonado (Palermo y Villa Crespo) y Vega (Belgrano y Núñez), debe resultar de una política integral de manejo del drenaje pluvial de la Ciudad.

Esta política debe incluir tanto soluciones estructurales (obras de alivio, de control en las desembocaduras, mantenimiento) como medidas no estructurales de mitigación y control del drenaje que incluyan: sistemas de alerta hidrometeorológica, mapas de riesgo hídrico, sanción de ordenanzas municipales que obliguen a la compensación de la impermeabilización por nuevas construcciones mediante elementos de retención de las aguas excedentes, incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y en los planes de manejo ambiental de la Ciudad y capacitación de funcionarios e instituciones en la prevención y respuesta ante emergencias hídricas.

En este contexto, la Ciudad cuenta ya con un Plan Director de Ordenamiento Hidráulico desarrollado por equipos consultores de experiencia que debe continuar siendo implementado con eficacia y continuidad.

Parte del plan son las obras de alivio del conducto existente en la cuenca del arroyo Maldonado, consistentes en dos túneles de 7 metros de diámetro, uno de 10 kilómetros de longitud y el otro de 5 kilómetros, y los necesarios conductos secundarios, obras que permitirán solucionar las inundaciones en esta cuenca y que han sido recientemente lanzadas.

En la cuenca del arroyo Vega se deben complementar las obras en ejecución en el barrio vecino a River (redes y conductos) y la obra de control en la desembocadura que permitirá modular los efectos negativos de altos niveles en el Río de la Plata y la ocurrencia de lluvias en la cuenca. Podría ser necesario analizar la viabilidad de agregar una obra de regulación y/o de alivio; existen en este sentido antecedentes importantes tanto en el Plan Director como para el estudio hidráulico de esta cuenca del Vega desarrollados por el INA –Instituto Nacional del Agua y el Ambiente– en 1996.

Estas obras deberán ser complementadas necesariamente con las medidas no estructurales citadas, cuyo efecto será tan importante como aquéllas.

2- EL BOOM DE LAS CONSTRUCCIONES

Por Juan Manuel Borthagaray


Arquitecto, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Es director del Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y el Ambiente. Ha sido profesor invitado en los Institutos Politécnicos de Suiza y de Milán y en la Universidad de París. Fue decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo durante dos períodos. Recibió el Premio del Fondo Nacional de las Artes por su trayectoria artística en Arquitectura en 1999.

La totalidad del territorio de la Ciudad está dividida en distritos que responden al Código de Planeamiento Urbano. Uno de los aspectos trata de los distritos según la altura. Esto significa que previamente se han permitido, o no, las construcciones en altura. Cuando una construcción de éstas aparece en una manzana de casas bajas, los efectos son traumáticos para todo un entorno, y particularmente para los vecinos inmediatos. A mi juicio, son más brutales en el caso de una casa de departamentos entre medianeras, digamos, seis o siete pisos, por cuanto la diferencia de altura se produce en el mismo muro medianero.

La reglamentación de las construcciones de perímetro libre, llamadas también torres, obliga a un retiro de las medianeras, que varía según la altura a levantar, pero de varios metros como mínimo. De manera que un proyecto “en torre” armoniosamente manejado en función de su entorno puede ser menos agresivo, y abundan los ejemplos en este sentido (ver torre Montañeses, arquitecto Horacio Baliero). No obstante, los derrumbes, enseguida después de las protestas de los vecinos de Caballito han satanizado a las torres. En cuanto a los derrumbes en sí, las excavaciones son siempre azarosas, la única solución sería que no llegasen hasta los filos medianeros, sino que se retiraran una distancia prudencial. Por otra parte, en los tejidos de manzanas y manzanas de casas bajas que abundan en nuestra ciudad, hay vecinos que quieren defender el modo de vida que estos barrios ofrecen y que no quisieran ver rota su serenidad. Otros, por el contrario, que piensan y sienten distinto, cuentan con la valorización que los volúmenes de construcción permitidos dan a sus propiedades. Estas diferencias deben transarse democráticamente, en función de cada vecindario. El foro para hacerlo sería idealmente el de las comunas. Los vecinos de Belgrano R se han unido y han luchado para mantener la integridad del carácter de su barrio y lo han logrado. Esta es la manera democrática y de consenso que me parece la idónea, para transar este delicado conflicto que, por otra parte, debe contemplar las necesidades de renovación urbana y la demanda de terrenos aptos para mantener la actividad de la construcción, vital para la economía de la ciudad.

3- HOSPITALES PÚBLICOS

Por Hugo E. Arce


Médico, sanitarista, especialista en salud pública. Director general del Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES). Director del Departamento de Salud Pública del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación H.A. Barceló. Es presidente de la Sociedad Argentina para la Calidad en Atención de la Salud (SACAS) y secretario general de la Sociedad Latinoamericana para la Calidad en Atención de la Salud (SoLaCaSa). Miembro fundador de la Fundación Avedis Donabedian (FAD) de Argentina, “para el mejoramiento de la calidad de la atención médica”. Escribió Manual de acreditación de hospitales para América latina y el Caribe, patrocinado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Federación Latinoamericana de Hospitales (FLH), entre otros libros. Fue consultor de corto plazo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Banco Mundial (BIRF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El problema central de los hospitales públicos en Buenos Aires y en todo el país es que funcionan a pleno sólo por la mañana. En el resto del día, la guardia suele cumplir funciones no urgentes, que deberían corresponder a los demás servicios. A menudo se incluyen allí operaciones, que deberían efectuarse en forma programada, a fin de eludir los turnos de espera. Aunque la mayor parte de las instalaciones hospitalarias está en razonables condiciones edilicias, existe un deficiente sistema de mantenimiento, por lo que suelen presentar aspecto de abandono. Lo mismo ocurre con el equipamiento tecnológico. Pese a la tradicional historia de carencias en los hospitales, están sobredimensionados en personal, especialmente en médicos, que sólo asisten en horas de la mañana. Tampoco tienen carencias de abastecimiento, lo que existe es una inadecuada provisión de insumos, porque el manejo presupuestario está centralizado. Los hospitales compran productos de baja calidad, a precios mayores que los del mercado y con falta de suministro en el momento oportuno. Las camas de internación supuestamente están saturadas, porque la dotación de camas no está totalmente disponible y el personal está concentrado a la mañana.

El desafío principal consiste en dotar a los hospitales de autonomía para ser administrados por sus directivos, con facultades para ejecutar el presupuesto y modificar el plantel de personal. Los cargos jerárquicos y las incorporaciones de personal deben cubrirse por concurso. Los médicos deben cumplir los horarios que nominalmente tienen asignados. El régimen de control de ausentismo y reconocimientos médicos debe ser más estricto. Los turnos deben reservarse por teléfono y no haciendo colas a la madrugada. Si el Gobierno de la Ciudad instrumentara un seguro público para la población sin cobertura, todos los pacientes estarían asegurados y los hospitales tenderían a autofinanciarse progresivamente. Los hospitales deberían funcionar plenamente de 8 a 20 horas; aunque se están haciendo algunos esfuerzos en este sentido, no se han implementado cambios de fondo.

4- BRECHA NORTE-SUR

Por Héctor Atilio Poggiese


Abogado, máster en administración pública (planificación gubernamental de políticas sociales) de la Fundaçâo Getúlio Vargas, Río de Janeiro, Brasil.

Investigador-docente de Flacso, coordinador del Programa Planificación Participativa y Gestión Asociada (PPGA). Integrante del Grupo de Trabajo Latinoamericano sobre Desarrollo Urbano, en Clacso. Asesor de políticas públicas y coordinador de proyectos de desarrollo. Consultor de Unicef, Unesco, FAO, OPS e IICA.

Norte y Sur (la avenida Rivadavia como frontera estricta) y un centro sin referente cardinal hacen una visión dicotómica de la Ciudad donde el Río de la Plata es el Este y el conurbano bonaerense es el Oeste. Exagerada simplificación estadística que omite la urbanización clasemediera por loteos en los 50 del oeste porteño y oculta la lujosa urbanización de Puerto Madero en el este, desde los 90. Se prefiere, con insistencia, exaltar la brecha entre el Norte rico y el Sur pobre.

Esa brecha se puede reducir si el principio rector de las políticas urbanas cambia y pasa a ser distribuir menos a los que tienen más, y más a los que tienen menos, a través de un sistema similar al de coparticipación inversa, que asegure la inversión pública para el desarrollo urbano y social en las áreas donde el mercado no acude por desinterés. Es baja la rentabilidad para el capital en los proyectos imprescindibles; como simples ejemplos: la recuperación urbana de La Boca y Constitución, la urbanización in locu de las villas, la reconversión de edificios en desuso para vivienda popular, el tratamiento del Riachuelo.

Importa también invertir en desarrollo social dotando de financiamiento la participación en políticas públicas de los grupos más humildes, para compensar que los grupos de mejores ingresos son los que más pueden participan y por eso tienen un peso relativo mayor en las decisiones.

Hay que elaborar indicadores regionales de carencias para conseguir una distribución equitativa del presupuesto participativo.

La descentralización, en tanto transferencia de poder, también debe ser diferenciada. Las comunas del Sur, territorios de enorme extensión y baja densidad poblacional, deberían ser equipadas (antes y más que el resto de las comunas) con infraestructura física y móvil para facilitar su gestión, que será, de partida, más difícil que en las otras.

Olvidaba algo esencial: los terrenos de Puerto Madero eran propiedad de la Ciudad, ¿la renta urbana de la operación inmobiliaria de Puerto Madero no hubiera debido ser (no debería ser, todavía) reinvertida en el Sur?


5- SEGURIDAD

Por Elías Neuman


Abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Maestro invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México. Es docente de posgrado en criminología y victimología en la Facultad de Derecho de la UBA. Ha sido fundador de la cátedra de Criminología y Derechos Humanos de la Universidad de Tel Aviv, Israel. Es miembro titular de la Sociedad Internacional de Criminología y de la Sociedad Mundial de Victimología.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee su propia Constitución, Suprema Corte y hasta jury de enjuiciamiento de magistrados, pero para definir el alcance de su autonomía requiere ordenar los controles punitivos comenzando con su propia policía. Ello resulta ineludible y difícil de polemizar si se piensa en los varios millones de habitantes que la pueblan y la necesidad indispensable de seguridad.

Es una buena oportunidad para efectuar un ordenamiento de esos controles en especial justicia y policía concebidos para la democracia que respeten los derechos humanos para que éstos dejen de ser cosmogónicos o metafísicos para millares de personas. Cierto es que subsiste la incomodidad de hablar de democracia dentro del sistema neoliberal y el capitalismo financiero que nos rige. En verdad, ¿existe la democracia neoliberal?

Lo ocurrido en el país y en casi toda Latinoamérica debe servir de ejemplo. Cuando en 1983 se reinstitucionaliza el Estado luego de la crapulosa y sanguinaria dictadura, gran cantidad de jueces que juraron por el bando militar y luego por la Constitución Nacional fueron admitidos como si tal. No hubo depuración y ¡colmo de fugacidad humana!, muchos de ellos resultaron ascendidos. Aún peor resultó lo ocurrido con la Policía que, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, fuera el brazo adjetivo de la dictadura efectuando secuestros, produciendo muertes y desapariciones. También, sin beneficio de inventario, sus cuadros fueron admitidos en la democracia formal y no precisamente por incuria, imprudencia, imprecisiones u olvidos… Pareció no advertirse que para hablar a pulmón lleno de democracia se requiere, y así hasta hoy, de instituciones democráticas y de demócratas.

No creo que la aceptación de la Policía sin propiciar profundos cambios ideológicos o estructurales haya sido producto de alguna negligencia política de entonces o de ahora, en que se propicia tanto parche gatopardista. Estoy persuadido de que se trata de un pacto silencioso, cual un guiño, entre los políticos en funciones y la Policía. Aquéllos le requieren control social y medidas inmediatas contra los probables insumisos o quienes proclaman sus derechos en las calles por medio de la protesta multitudinaria que incluye a los excluidos sociales. La Policía debe actuar ya, el control resulta fundamental al sistema y su reproducción. Entretanto, la actitud política es de cerrar los ojos y sellar los labios frente a los negocios policiales de todo tipo y su corrupción recurrente.

Son experiencias reales y diarias. Por eso es de esperar que cuando Buenos Aires cree su Policía sea una Policía para la democracia, que actúe en consonancia con el pueblo, respete los derechos humanos y a los seres que los invisten por la sola virtualidad de ser. Una Policía que no sólo se ocupe de la prevención de delitos de abajo sino de aquellos de “cuello blando” que en la actualidad jamás investiga. En este esbozo de gruesas líneas cabría recordar y requerir un serio programa institucional de política criminal o criminológica de carácter interdisciplinar.

Pero, claro está, para el logro de estos y otros ideales sería necesario definir previamente qué clase de país queremos.

6- VILLAS MISERIA

Por Beatriz Cuenya


Arquitecta egresada de la Universidad Nacional de Tucumán. Realizó un doctorado en la Universidad Tecnológica de Delft, Holanda. Cursó estudios de posgrado en el Instituto Torcuato Di Tella. Es investigadora del Conicet y vicedirectora del Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Se ha desempeñado como consultora de UNICEF Argentina, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Inter-American Fundation y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Hoy existen nuevas ideas e instrumentos de política urbana con una enorme potencialidad para atemperar las situaciones de precariedad y exclusión territorial que presentan las ciudades, una de cuyas expresiones son las villas. Se trata de herramientas que perfeccionan la justicia tributaria, a través de la recuperación y redistribución de la valorización que experimentan los terrenos en virtud de las acciones públicas.
La construcción de la Ciudad a lo largo del tiempo es un proceso social que abarca esfuerzos públicos y privados. En dicha construcción, el Estado contribuye de manera decisiva a valorizar los terrenos urbanos a través de dos vías: las obras públicas (apertura y construcción de calles, redes de infraestructura, equipamientos urbanos, plazas y parques) y las regulaciones sobre el uso del suelo (establecimiento y modificación de usos y coeficientes de edificación por zonas).

Los procesos de valorización inmobiliaria que se observan actualmente en la Ciudad se ligan con emprendimientos de lujo promovidos por fuertes inversores y redes inmobiliarias de alcance mundial. En muchos casos, particularmente cuando se reurbanizan grandes parcelas o áreas enteras, el municipio no sólo debe decidir que resulta de interés que estas edificaciones se realicen sino que, además, fija las pautas en cuanto a usos permitidos, tamaños de lotes y densidades y volúmenes arquitectónicos, entre otros aspectos que impactan en el aumento de los precios del suelo. Si una parte de esos incrementos se convirtiera en recaudación pública, se podría transformar las villas en barrios. Eso supone venta de las tierras a sus ocupantes, provisión de infraestructura y construcción de viviendas.

Este enfoque, orientado a mejorar las zonas en desventaja, se denomina gestión social de la valorización del suelo urbano. Sus ingredientes incluyen: la renovación de la normativa urbanística, la creación de nuevas contribuciones, la decisión política para hacerlo y la participación activa de la ciudadanía para tomar partido sobre el destino de recursos que son patrimonio de todos.

7- TRATAMIENTO DE LA BASURA

Por Antonio Elio Brailovsky


Licenciado en economía política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, especialista en medio ambiente. Ex defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad (desde diciembre de 1998 hasta diciembre de 2003). Se desempeñó como director nacional de Desarrollo Urbano y Calidad Ambiental, Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Es profesor titular de Biodiversidad y Reservas Naturales en la Maestría en Derecho Ambiental, en la Universidad de Belgrano. Escribió los libros Memoria verde: historia ecológica de la Argentina, investigación sobre historia ambiental. En colaboración con la Dra. Dina Foguelman, Editorial Sudamericana; Verde contra verde: las difíciles relaciones entre economía y ecología, Editorial Norma-Tesis, y La ecología y el futuro de la Argentina, ensayo sobre condiciones ambientales y modelos de futurología, Editorial Planeta.

En éste, como en muchos otros temas, hay algunas cuestiones obvias, que vamos a encontrar repetidas en todas partes, y otras de las que casi nadie quiere hablar. Nos dirán que estamos produciendo demasiada basura y que es necesario un cambio cultural para no seguir saturando los depósitos del Ceamse.

Y que hay que eliminar de veras los basurales clandestinos. Y que no debe haber más cartoneros que abran las bolsitas en la calle, sino recuperadores urbanos que trabajen en plantas industriales. Para eso hará falta que aprendamos a separar la basura en sus componentes reutilizables.

Hasta aquí, lo previsible. Hablemos del resto, entonces.

Hay que investigar en serio al Ceamse. El ente que maneja la basura (Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado, Ceamse) está en la cómoda situación de controlarse a sí mismo. Hasta ahora, y que yo sepa, no hay nadie monitoreando su impacto ambiental y no hay nadie controlando sus finanzas. La Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires fue a la Justicia para tratar de que el Ceamse le permita cumplir con su tarea habitual de ver cómo están funcionando los organismos públicos. ¿Qué tiene para ocultar el Ceamse?

Sucede que la gente cree que lo único que hace es disponer la basura en los mal llamados rellenos sanitarios. Pero además el Ceamse funciona como una gigantesca empresa inmobiliaria. Cuando se lo creó, en la última dictadura, le dieron una gran cantidad de tierras públicas. Y su publicidad dice que eran tierras bajas, inundables, que se levantarían con el relleno de basura para crear hermosos parques y jardines.

La realidad es que encima de un relleno de basura no puede crecer nada. La tierra usada como relleno sanitario está arruinada para toda la eternidad. Lo que no dijeron es que el Ceamse tiene miles de hectáreas de buena calidad, que usa para pagar a sus contratistas para que ellos hagan desarrollos inmobiliarios.

¿Alguien sabe cuánto valen esas tierras y a qué valor se están entregando desde hace casi 30 años? ¿Alguien sabe qué clase de política se está financiando con una posible diferencia? ¿Por qué los que se asomaron a mirar al Ceamse cambiaron rápidamente de idea?

8- CARTONEROS

Por Francisco Martín Suárez


Licenciado y doctor en Antropología de la UBA, máster en Políticas Ambientales y Territoriales de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Certificate Course Social Development, Policy, Planning and Practice en la University College London. Fue coordinador de la Asistencia Técnica al Municipio de José C. Paz “Estudio de la recuperación y reciclaje de residuos y reducción de la vulnerabilidad social de los trabajadores informales” en el marco del Programa de Desarrollo Local, financiado por la IAF Interamerican Fundation. Fue coordinador general de campo para el “Diagnóstico sobre trabajo infantil en recuperación y reciclaje de residuos en las áreas urbanas” organizado por Unicef y la Organización Internacional para las Migraciones.

Los recuperadores urbanos, cartoneros, son sin duda un tema de agenda pública que demanda una política integral. Esta política debe direccionarse hacia: 1) la dignificación del trabajo cartonero en el marco de una convivencia que contemple la higiene de la Ciudad; 2) la prevención de trabajo infantil; 3) la puesta en marcha de un plan de preselección domiciliaria de residuos, serio y sostenido en el tiempo, de escala metropolitana y que incentive la creación de mercados de materiales reciclados. Mientras que las leyes vigentes señalan un claro rumbo en la orientación señalada, la gestión pública ha sido espasmódica, al ritmo de las demandas sociales y de los procesos electorales. La Ley 992/03 incluye a los cartoneros en el sistema de higiene y la Ley 1854/05 (Basura Cero) establece un cronograma de reducción de disposición final de los residuos sólidos urbanos, que prevé la prohibición total de enterramiento de materiales reciclables para el año 2020. En tanto, la conceptualización de la problemática por parte de los actuales protagonistas del actual proceso electoral ha transitado desde los dichos de Macri en 2002 “los cartoneros roban la basura” pasando por el fugaz programa preselección domiciliaria de “la bolsa verde”, hasta los actuales inútiles contenedores; en síntesis, criminalización, inclusión, indiferencia.

Por su parte, existen más de 20 cooperativas y asociaciones civiles de cartoneros en la región metropolitana de Buenos Aires que recuperan residuos de la Ciudad. Hay distintas modalidades de funcionamiento, entre ellas: la Cooperativa el Ceibo, que incentiva a la separación domiciliaria a través de promotores ambientales; la Cooperativa Ecológica de Bajo Flores, que asumió la gestión de la primera planta de reciclado de la Ciudad; y las 4 asociaciones civiles de San Martín, que en convenio con el Ceamse recuperan en plantas sociales significativas cantidades de residuos antes de ser enterrados.

El reciclado con inclusión social de los cartoneros es aún una asignatura pendiente. Las leyes están, la infraestructura se está desarrollando, los mercados de reciclables existen, los cartoneros han crecido en organización, aunque mantienen un perfil heterogéneo entre los organizados y los independientes, cuya modalidad es aún muy precaria. ¿Qué falta? Simplemente decisión política y un plan integral.

9- CUENCA MATANZA RIACHUELO

Por Juan Agustín Moretton


Doctor en Farmacia y Bioquímica de la UBA, especializado en el estudio de tóxicos genéticos en muestras ambientales. Es socio fundador de la Asociación Toxicológica Argentina y miembro de la Asociación Argentina contra la Contaminación Ambiental. Codirector del proyecto “Análisis integrado de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. Dinámica del sistema y bases para su monitoreo y biorremediación”, integrado por las facultades de Agronomía, Farmacia y Bioquímica y Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es investigador del proyecto “Dinámica y biodisponibilidad de contaminantes en un sistema fluvial de la provincia de Buenos Aires. Pautas para su remediación”.

“Primero se debe dejar de contaminar”, ésta es la frase que se repite una y otra vez en los informes oficiales y en las páginas de casi todas las ONG ambientalistas y en las notas periodísticas.

Pero lo que nadie tiene en cuenta es lo complejo de este proceso, en un curso que tiene 200 años de aportes de contaminantes en forma ininterrumpida. Trasladar industrias (para que contaminen en otra parte), o cerrar definitivamente las que contaminan son dos opciones con un costo social muy grande.

Obligar a las industrias a descontaminar sus aguas residuales es algo difícil cuando ya están en medio de una zona mal urbanizada y no tienen espacio para construir plantas de depuración.

Y no es la industria el único problema. En las riberas hay miles de habitantes en asentamientos precarios construidos sobre basurales clandestinos. También deberíamos pensar en nuevas viviendas para ellos, y en la posibilidad de excavar y procesar toneladas de basura depositada para que no siga aportando contaminación al río.

¿Qué haríamos con esa cantidad de basura cuando nuestros rellenos sanitarios ya en estos momentos están colmados? Aguas arriba, cerca de las nacientes el río Matanza llegan al río pesticidas, fertilizantes y residuos de criaderos de pollos y de vacunos, todos ellos perjudiciales para el ecosistema. A esto es necesario sumarle el mal estado de las cloacas que pasan por debajo del cauce del río, dejando en su corriente miles de litros por día de agua contaminada con excrementos. También hay que considerar el vertido clandestino de camiones atmosféricos con residuos industriales y materia fecal.

Toda esa contaminación es arrastrada hacia La Boca por un río con poco caudal, que fluye lentamente hacia su desembocadura y, si los vientos no son propicios, puede fluir en sentido contrario y provocar inundaciones. El problema es complejo pero puede resolverse. Cuando lleguemos a un acuerdo para definir cómo vamos a dejar de contaminar desde las nacientes hasta la desembocadura, recién entonces podremos pensar en cómo recuperar y disfrutar todos de nuestro río.

10- TRANSITO

Abogado cofundador y director ejecutivo del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV). Coordinador del equipo de técnicos y especialistas del ISEV que desarrollan tareas para la consultora The Louis Berger en el Diseño de Programa de la Seguridad Vial en Guatemala. También trabajó en el Programa de Institucionalización de la Seguridad Vial en Honduras. Miembro correspondiente y representante de Inforvial (Uruguay) en Argentina. Se desempeñó como perito accidentólogo de la Junta Nacional de Investigaciones de Accidentes del Transporte Público Terrestre.

Resolver el tema del tránsito y del transporte de la Ciudad de Buenos Aires, en definitiva de la movilidad de nuestra sociedad, no es un tema fácil. Por el contrario, años de inacción en la materia, con escasa o nula planificación estratégica y sin una política rectora sobre “qué ciudad queremos”, no han hecho otra cosa que agravar el problema.

Sin embargo, se pueden trazar algunos lineamientos:

Implementar y sostener una verdadera política de Estado de tránsito y seguridad vial (esto es, independiente de cualquier gobierno “partidario”), que permita un planeamiento estratégico del tema, con objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Dicha política debe contemplar la realidad de una infraestructura vial cada vez más escasa frente a una demanda de uso de la misma muy superior.

Frente a esa realidad se proponen, entre otras medidas:

1) Privilegiar y mejorar una red de transporte colectivo integrada (es decir que propenda a complementar antes que a competir) entre los medios de superficie (ómnibus, taxis y ferrocarril) y subterráneos.

2) Desalentar el uso del vehículo automotor privado en las zonas de alto congestionamiento de actividades comerciales, administrativas y sociales de la ciudad.

3) Programar e implementar paulatinamente una “desconcentración” espacial de las sedes de administración de la Ciudad, respecto a las de la Nación, fomentando asimismo el desarrollo e inversión en zonas postergadas de la Ciudad.

4) Programar e implementar paulatinamente una “desconcentración” temporal (horaria) de las actividades principales en la Ciudad (bancarias, judiciales, administrativas, escolares, etc.).

5) Presupuesto: no debe depender económicamente de recursos gestionados de Rentas Generales. Mayoritariamente, sus recursos deben provenir en forma ágil (pero auditada y controlada) de asignaciones específicas, y en muchos casos propias (derivadas de tasas de habilitación de conductores, de pagos de multas y aun de canon de concesiones y peajes).

6) Educación vial: para cumplir con la obligatoriedad de dictado de Educación Vial, debe implementarse un programa previo de capacitación docente (con puntaje para la carrera profesional) en el dictado de los contenidos de la materia.

7) Control y sanción: se requiere la integración de un cuerpo específico en la función, altamente capacitado. Sin sanción, el control es dilapidar economía y esfuerzo. Debe lograrse un sistema eficiente y ágil que sancione el mayor porcentaje de las infracciones constatadas y probadas.

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