- ELECCIONES EN LA CABA -

La violencia política es el peor de los fantasmas para la democracia

Qué hay detrás de las acusaciones del oficialismo porteño contra el kirchnerismo

El año electoral, que será necesariamente largo y espasmódico, ha comenzado mal. La explosiva denuncia de la ministra porteña Gabriela Cerruti, que dijo ante la Justicia que unos dirigentes kirchneristas habían iniciado el fuego en el asentamiento de Villa Soldati, coloca la política en el ámbito de la violencia, que es el ámbito que la democracia le niega a la política.

La denuncia tiene, además, connotaciones políticas en el proceso electoral capitalino y alude también al uso político que algunos dirigentes hacen de las villas de emergencia en la Capital, cuyo número aumentó exponencialmente en los últimos años. Hay otro asunto que no está en la política, pero que danza sutilmente en la trama del conflicto: el consumo y la comercialización de drogas en esos asentamientos.

El consumo de drogas se ha convertido en la Argentina en un flagelo que abarca todos los sectores sociales. Pero dirigentes políticos del distrito y algunos funcionarios porteños confiesan saber que en algunas villas están los centros de comercialización más frecuentados y que el Estado y la política hacen poco o nada para llegar hasta ellos y desalentar su proliferación.

El estruendo político que provocó Cerruti tiene, en la lectura del gobierno porteño, un previo punto de inflexión. Fue cuando el jefe de gobierno, Jorge Telerman, ordenó la intervención del Instituto de la Vivienda. Ese organismo estaba antes bajo control político de la Coordinadora de Villas de Emergencia, organización que ha sido usada para fines políticos en los últimos años.

Si bien se creó durante la intendencia de Carlos Grosso, a principios de los años 90, la Coordinadora pasó a ser una herramienta política en los últimos cinco años. Los intendentes o jefes de gobierno anteriores sólo le dieron vida vegetativa. El Instituto de la Vivienda tiene un plantel de 1400 personas, un despropósito de cabo a rabo para una dependencia que sólo debe adjudicar obras que luego construyen empresas privadas. En ese plantel hay dirigentes de villas que cobran importantes salarios a cambio, desde ya, de favores políticos.

Este antecedente explica que la ministra Cerruti haya recordado un diálogo con un dirigente kirchnerista de la Capital, en la que éste la amenazó con "incendiar las villas" si se concretaba la intervención del Instituto de la Vivienda. La intervención se hizo, nomás.

El tema de las villas motivó también un cúmulo de rumores sobre las supuestas intenciones de Telerman con los sectores más desposeídos de la sociedad capitalina. Envueltos en la bandera de la sensibilidad social, dirigentes distritales del kirchnerismo hicieron correr la versión, ciertamente falsa, de que el jefe de gobierno arrasaría de manera brutal con las villas y los asentamientos.

Incluso, un importante legislador porteño que milita en la corriente presidencial denunció públicamente hace poco que Telerman preparaba "grupo de tareas" (y pronunció esa frase como si tal frase no significara nada en la Argentina) para capturar en la Capital a los niños de la calle y arrojarlos en la provincia de Buenos Aires.

El debate no estaba planteado, entonces, sobre proyectos para mejorar la vida de esos argentinos excluidos y olvidados, sino en quién y cómo los utilizaban a ellos para conveniencias políticas.

En ese marco de usos e indiferencias es donde sale, tímidamente, la alusión de dirigentes y funcionarios a la laxitud del Estado por el trasiego de drogas en muchas villas de emergencia. El delito no hace culpables, ni mucho menos, a todos los habitantes de las villas ni el consumo se restringe -vale reiterarlo- a ese sector social. Sólo explicaría algunas inexplicables indolencias.

Telerman sabía que su ministra haría la denuncia. Lo supo varios días antes de viajar a Jerusalén y de fijar la fecha de los comicios capitalinos. Lo supo antes, entonces, de que se abriera el debate sobre su inexistente título de licenciado, una polémica que no merece ni el tiempo de una mención frente a un claro intento criminal en Villa Soldati. El insignificante asunto por el título de Telerman sólo exhibe la tendencia de sectores kirchneristas a hurgar hasta el fondo en el pasado y en el presente de sus adversarios.

Es importante el hecho de que Telerman lo haya sabido antes, porque eso demostraría que la decisión de romper cualquier puente de reconciliación con Kirchner la tomó él mismo.

¿La ruptura es con Kirchner? Los funcionarios de Telerman separan al Presidente de cualquier conocimiento previo de lo que ellos consideran seguro, el incendio en el asentamiento, pero que aún falta probar en la Justicia. En el fondo, aún esperan recomponer relaciones con Kirchner, un propósito extremadamente difícil después de la denuncia de Cerruti.

Sectores que se mueven en las orillas del kirchnerismo en la Capital no se han privado de otros hechos de violencia. Basta recordar la ocupación y destrucción de la comisaría de La Boca por parte del ex piquetero y ex funcionario kirchnerista Luis D Elía y la acción de la patota de la misma filiación que intentó desarticular a golpes y empellones una medida de fuerza en el Hospital Francés.

Lugartenientes de Telerman aseguran que tanto el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, líder del Partido Justicialista porteño, como el ex jefe de la Capital Aníbal Ibarra prefieren a Mauricio Macri en el gobierno porteño antes que la continuidad del actual gobernante capitalino.

Esa teoría se contradice con el ostensible proyecto de Kirchner, que a todas luces quiere ver perder a Macri en las presidenciales antes de que tenga la oportunidad de la victoria en uno de los distritos más importantes del país. Sea como fuere, todos los oficialistas porteños ya han hecho por Macri más que lo que Macri les pidió nunca.

Por Joaquín Morales Solá
Para LA NACION

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La violencia política es el peor de los fantasmas para la democracia

Qué hay detrás de las acusaciones del oficialismo porteño contra el kirchnerismo

El año electoral, que será necesariamente largo y espasmódico, ha comenzado mal. La explosiva denuncia de la ministra porteña Gabriela Cerruti, que dijo ante la Justicia que unos dirigentes kirchneristas habían iniciado el fuego en el asentamiento de Villa Soldati, coloca la política en el ámbito de la violencia, que es el ámbito que la democracia le niega a la política.

La denuncia tiene, además, connotaciones políticas en el proceso electoral capitalino y alude también al uso político que algunos dirigentes hacen de las villas de emergencia en la Capital, cuyo número aumentó exponencialmente en los últimos años. Hay otro asunto que no está en la política, pero que danza sutilmente en la trama del conflicto: el consumo y la comercialización de drogas en esos asentamientos.

El consumo de drogas se ha convertido en la Argentina en un flagelo que abarca todos los sectores sociales. Pero dirigentes políticos del distrito y algunos funcionarios porteños confiesan saber que en algunas villas están los centros de comercialización más frecuentados y que el Estado y la política hacen poco o nada para llegar hasta ellos y desalentar su proliferación.

El estruendo político que provocó Cerruti tiene, en la lectura del gobierno porteño, un previo punto de inflexión. Fue cuando el jefe de gobierno, Jorge Telerman, ordenó la intervención del Instituto de la Vivienda. Ese organismo estaba antes bajo control político de la Coordinadora de Villas de Emergencia, organización que ha sido usada para fines políticos en los últimos años.

Si bien se creó durante la intendencia de Carlos Grosso, a principios de los años 90, la Coordinadora pasó a ser una herramienta política en los últimos cinco años. Los intendentes o jefes de gobierno anteriores sólo le dieron vida vegetativa. El Instituto de la Vivienda tiene un plantel de 1400 personas, un despropósito de cabo a rabo para una dependencia que sólo debe adjudicar obras que luego construyen empresas privadas. En ese plantel hay dirigentes de villas que cobran importantes salarios a cambio, desde ya, de favores políticos.

Este antecedente explica que la ministra Cerruti haya recordado un diálogo con un dirigente kirchnerista de la Capital, en la que éste la amenazó con "incendiar las villas" si se concretaba la intervención del Instituto de la Vivienda. La intervención se hizo, nomás.

El tema de las villas motivó también un cúmulo de rumores sobre las supuestas intenciones de Telerman con los sectores más desposeídos de la sociedad capitalina. Envueltos en la bandera de la sensibilidad social, dirigentes distritales del kirchnerismo hicieron correr la versión, ciertamente falsa, de que el jefe de gobierno arrasaría de manera brutal con las villas y los asentamientos.

Incluso, un importante legislador porteño que milita en la corriente presidencial denunció públicamente hace poco que Telerman preparaba "grupo de tareas" (y pronunció esa frase como si tal frase no significara nada en la Argentina) para capturar en la Capital a los niños de la calle y arrojarlos en la provincia de Buenos Aires.

El debate no estaba planteado, entonces, sobre proyectos para mejorar la vida de esos argentinos excluidos y olvidados, sino en quién y cómo los utilizaban a ellos para conveniencias políticas.

En ese marco de usos e indiferencias es donde sale, tímidamente, la alusión de dirigentes y funcionarios a la laxitud del Estado por el trasiego de drogas en muchas villas de emergencia. El delito no hace culpables, ni mucho menos, a todos los habitantes de las villas ni el consumo se restringe -vale reiterarlo- a ese sector social. Sólo explicaría algunas inexplicables indolencias.

Telerman sabía que su ministra haría la denuncia. Lo supo varios días antes de viajar a Jerusalén y de fijar la fecha de los comicios capitalinos. Lo supo antes, entonces, de que se abriera el debate sobre su inexistente título de licenciado, una polémica que no merece ni el tiempo de una mención frente a un claro intento criminal en Villa Soldati. El insignificante asunto por el título de Telerman sólo exhibe la tendencia de sectores kirchneristas a hurgar hasta el fondo en el pasado y en el presente de sus adversarios.

Es importante el hecho de que Telerman lo haya sabido antes, porque eso demostraría que la decisión de romper cualquier puente de reconciliación con Kirchner la tomó él mismo.

¿La ruptura es con Kirchner? Los funcionarios de Telerman separan al Presidente de cualquier conocimiento previo de lo que ellos consideran seguro, el incendio en el asentamiento, pero que aún falta probar en la Justicia. En el fondo, aún esperan recomponer relaciones con Kirchner, un propósito extremadamente difícil después de la denuncia de Cerruti.

Sectores que se mueven en las orillas del kirchnerismo en la Capital no se han privado de otros hechos de violencia. Basta recordar la ocupación y destrucción de la comisaría de La Boca por parte del ex piquetero y ex funcionario kirchnerista Luis D Elía y la acción de la patota de la misma filiación que intentó desarticular a golpes y empellones una medida de fuerza en el Hospital Francés.

Lugartenientes de Telerman aseguran que tanto el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, líder del Partido Justicialista porteño, como el ex jefe de la Capital Aníbal Ibarra prefieren a Mauricio Macri en el gobierno porteño antes que la continuidad del actual gobernante capitalino.

Esa teoría se contradice con el ostensible proyecto de Kirchner, que a todas luces quiere ver perder a Macri en las presidenciales antes de que tenga la oportunidad de la victoria en uno de los distritos más importantes del país. Sea como fuere, todos los oficialistas porteños ya han hecho por Macri más que lo que Macri les pidió nunca.

Por Joaquín Morales Solá
Para LA NACION