- INDICE -
Indec:
sospechas confirmadas
Las dilaciones en la elaboración del nuevo índice que medirá el costo de vida y los desplazamientos de más técnicos en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) constituyen muy malas noticias, que parecen confirmar la escasa voluntad oficial para devolverle a ese organismo la seriedad perdida.
En los últimos días, fue desplazado el responsable del área de Ingreso de Datos del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del organismo, Luciano Belforte. Una semana antes, ocurrió lo mismo con el coordinador de Informática del IPC, Emilio Platzer.
De esta manera, suman 15 los técnicos sancionados en el Indec. Muchos de ellos denunciaron la manipulación del IPC en la causa judicial abierta por la presunta violación del secreto estadístico.
Entretanto, y mientras se espera el índice correspondiente al último mes de 2007, las estadísticas del organismo nacional no dejan de sorprender. La inflación nacional de noviembre, según el Indec, se ubicó en apenas el 0,4 por ciento, menos de la mitad de lo que se registró en el área metropolitana, donde había sido del 0,9 por ciento, con el curioso agregado de que, de acuerdo con los datos oficiales, no hubo inflación o hubo deflación en no pocas provincias.
Desde septiembre último, se abrió una polémica con la inflación de Mendoza, ya que el Indec comenzó a anotar allí registros de aumentos de precios notoriamente inferiores a los medidos por los responsables de las estadísticas en la provincia.
Con la asunción del nuevo gobernador de Mendoza, Celso Jaque, las controversias entre ambos índices parecen estar destinadas a desaparecer definitivamente. Para confirmarlo, el mandatario mendocino emitió una señal contundente: el reemplazo de la titular de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), Patricia Giménez, pese a la fuerte sospecha de que fue, en realidad, el Indec el organismo que alteró las cifras en la provincia.
El fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, ha solicitado que se citara a prestar declaración a Ana María Edwin, directora del Indec; a Beatriz Paglieri, funcionaria a cargo de la Dirección del IPC, y a Guillermo Vidal, empleado del Indec cuyo nombre de usuario informático habría sido utilizado para efectuar adulteraciones. Es de esperar que, de comprobarse su participación en los hechos, los funcionarios involucrados reciban la sanción correspondiente, al igual que aquellos con responsabilidad política que ordenaron y permitieron que dichas maniobras se consumaran.
La manipulación de los índices estadísticos para satisfacer las necesidades del gobierno nacional ha causado una severa crisis de confianza y credibilidad respecto de los datos que suministra el Indec, en especial entre los inversores, tanto locales como del exterior, que poseen títulos públicos que se indexan por el costo de vida, varias veces alterado. A tal punto que, si se compara el índice de aumento de precios minoristas oficial, que concluirá 2007 en torno del 8,5 por ciento, con las estimaciones privadas, que rondan el 20, el Estado dejará de pagarles a los bonistas algo más de 6000 millones de dólares, una cifra equivalente a la deuda con el Club de París.
Ello provoca y seguirá provocando una retracción en la llegada de inversiones al país, la postergación de soluciones a los problemas de financiamiento, lo cual incidirá negativamente en toda la sociedad, mucho más que si se hubiese reconocido el aumento real de precios producido.
Es de desear que la nueva conducción económica advierta la importancia de restablecer la credibilidad perdida en el Indec, deje de alentar la manipulación de las estadísticas y realice con urgencia los cambios indispensables.
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