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El reino del revés
La reciente confirmación del procesamiento del ex ministro de Justicia Gustavo Beliz por el supuesto delito de haber hecho públicos secretos de Estado al haber exhibido en un programa de la televisión la fotografía de un encumbrado agente de contrainteligencia de la SIDE, debería ser motivo de honda preocupación, vistas sus peculiares características. Como si se tratase del "reino del revés", el fiscal federal solicitó la elevación a juicio oral y público de esa causa, en la cual la acusación de haber revelado "secretos políticos y militares confidenciales" podría estar magnificada, mientras que han seguido siendo ignoradas las graves y simultáneas denuncias que hizo Beliz sobre la comisión de irregularidades en aquel organismo.
Desde esta columna editorial hemos expresado más de una vez que todos los funcionarios públicos sin excepción deben rendir cuentas de sus actos y, en caso de enfrentar una acusación penal, tienen que someterse a las reglas del procedimiento, dentro de los principios de imparcialidad y búsqueda de la verdad que deben regir la actuación del Poder Judicial de la Nación.
No es motivo de inquietud, pues, que un ex ministro deba enfrentar un proceso penal. Altera el ánimo, en cambio, el hecho de que diversos aspectos de este proceso puntual evidencian un alevoso desvío de poder que desnaturaliza cualquier acto de gobierno y que, una vez más, alerta sobre el anormal funcionamiento de las instituciones de la República.
Resulta paradójico que Beliz afronte un proceso penal por una supuesta violación de secretos políticos tras haber mostrado una fotografía de un agente de la SIDE, porque a raíz de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, ese agente supuestamente anónimo declaró como testigo en el juicio oral y público por el atentado a la sede de la AMIA en octubre de 2003, sin que esa participación diera lugar a disponer que se adoptaran medidas restrictivas de la difusión pública de su presencia.
Esa paradoja se acentúa cuando se comprueba que en definitiva se estaría acusando a Beliz por la eventual revelación de un secreto que había dejado de serlo. Tanto celo contrasta con que sus gravísimas denuncias públicas en aquel programa televisivo respecto de la comisión de actos irregulares en la SIDE, no tuvieron igual suerte. Por lo contrario, al ser confirmado el procesamiento del ex ministro de Justicia, se interpretó que el secreto de Estado había sido expuesto "en el marco de un discurso plagado de referencias a múltiples delitos de acción pública" que en su condición de funcionario "debió haber denunciado en tiempo oportuno y ante las autoridades competentes".
El funcionamiento del sistema de inteligencia en nuestro país ha recibido y recibe fuertes críticas, y sobre él pesan firmes sospechas de que es utilizado en aras de los intereses mezquinos y espurios del poder de turno, y no para el cumplimiento de la verdadera misión legal que le cabe dentro del Estado de Derecho, para la cual fue concebido.
Así, entonces, se le atribuyen operaciones de descrédito o de espionaje sobre líderes de la oposición, empresarios, periodistas o religiosos, o el desvío de sus fondos para financiar actividades reñidas con la ley, mientras que los terribles crímenes terroristas que padeció el país y que ni siquiera fueron previstos por ese organismo de inteligencia, siguen impunes y sin ser esclarecidos en su faz local.
A ello debe agregarse la falta de transparencia y de control de los fondos reservados que ha manejado y maneja la SIDE, así como la ausencia de información alguna acerca del funcionamiento de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación, cuyo presupuesto anual asciende a 3.600.000 pesos y todavía no ha dado las explicaciones que le fueran requeridas por la aparente utilización de facturas apócrifas para rendir sus gastos de los ejercicios pasados o sea una maniobra similar a las investigadas en el caso Skanska.
La situación descripta induce a pensar que se consideraría más importante acallar la voz -y las denuncias- del ex ministro Beliz que salir a enfrentar los graves problemas que sigue padeciendo nuestra democracia, muchos de los cuales tienen como denominador común la corrupción y la intervención silenciosa y perversa de estamentos secretos y ocultos que le restan credibilidad y transparencia al libre juego de las instituciones.
La percepción de evidentes asimetrías en la celeridad y resultados de ciertas causas judiciales, y la morosidad en otras que salpican a funcionarios del actual gobierno, instala una idea negativa en la sociedad, que intuye el agravamiento de la sensación de inseguridad y la falta de independencia imperantes.
La división de poderes fue concebida como la mejor herramienta de mutuo control para evitar la entronización del autoritarismo y erigir así al Estado como garante y custodio de las libertades públicas y de la convivencia civilizada de sus habitantes. La aceptación del uso monopólico de la fuerza obedeció y debería obedecer a la necesidad de erradicar las persecuciones movidas por el odio, la venganza o el rencor.
Cuando, en cambio, la utilización de los aparatos del Estado se aparta del bien común y del respeto por la Constitución Nacional, y actúa como maquinaria de sometimiento selectivo de las personas que se atreven a actuar, hablar o pensar diferente del poder imperante, se corroen los principios republicanos y está puesta en jaque la vida democrática de nuestra sociedad.
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