- DIBUJO -

Un presupuesto dibujado


El ministro de Economía, Miguel Peirano, expuso ante el Congreso nacional los rasgos esenciales del proyecto de ley de presupuesto para 2008, cursado por el Poder Ejecutivo para su tratamiento legislativo. En la ocasión, el funcionario no aceptó preguntas ni observaciones de los legisladores, impidiendo de esa forma un mejor conocimiento público de la fundamentación de la iniciativa. Esa actitud, que podría interpretarse como una falta de consideración hacia los legisladores y los ciudadanos que ellos representan, deja la sensación de que ni el Poder Ejecutivo ni el Ministerio de Economía desean dar explicaciones sobre ciertos aspectos difíciles de sostener.

La consideración de las pautas macroeconómicas empleadas en el proyecto presupuestario está condicionada a la incierta evolución de la inflación. La proyección del gasto autorizado, así como la estimación de los recursos tributarios, se realiza en moneda argentina a valor nominal. El supuesto de inflación del proyecto, expuesto como la variación de los precios implícitos en el producto bruto interno entre 2007 y 2008, es del 10,2 por ciento. Este supuesto no es realista si se considera la verdadera inflación actual y no la dibujada por el Indec.

Durante 2007, los precios reales habrán crecido alrededor del doble del 10 por ciento que nos pretende hacer creer el Gobierno, por lo tanto el verdadero arrastre estadístico hacia el año siguiente se ubicaría aproximadamente en este último valor. Para que sea válido el supuesto presupuestario, los precios deberían mostrar una variación nula entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2008. Esto no parece posible, si se tiene en cuenta la necesidad de sincerar las tarifas de servicios públicos y otros precios claramente retrasados.

La hipótesis de un crecimiento real del producto bruto interno de un 4 por ciento podría ser algo baja, pero el defecto cuantitativo de este supuesto sería sustancialmente menor que el surgido de la subestimación de la inflación esperada. Corresponde entonces la crítica, ya realizada por LA NACION a presupuestos de años anteriores, de subestimar los recursos para así poder realizar por decreto a lo largo del año nuevas asignaciones discrecionales de gastos cuando la recaudación nominal supera la presupuestada. Este artificio ha sido un arma de captación y dominio político reiteradamente empleada durante la gestión de Néstor Kirchner. Dentro del marco de una supuesta emergencia económica, el jefe de Gabinete contará nuevamente con las atribuciones para asignar los recursos obtenidos por encima de la previsión presupuestaria sin la necesaria rendición de cuentas.

Este proyecto de presupuesto no prevé ningún cambio significativo en la estructura tributaria. La recaudación seguirá apoyándose en el IVA, en Ganancias, en los derechos de exportación y en el impuesto al cheque. Estos cuatro tributos aportarán el 85 por ciento de la recaudación total. Resulta particularmente objetable la inmovilidad de las elevadas alícuotas de los impuestos considerados distorsivos, como son los dos últimos mencionados.

Si hubiera en 2008, como es de esperar, un sinceramiento de los precios de la energía y del transporte, la subsistencia de elevadas retenciones a la exportación con un dólar proyectado a 3,21 pesos sólo sería soportable con precios internacionales mucho más altos que los actuales. Este supuesto es como mínimo audaz, aunque vista la subestimación nominal de los recursos señalada anteriormente, no sería éste problema tan grave como la decisión política de sostener elevados derechos de exportación mientras se postula una caída del tipo de cambio real.

El proyecto de presupuesto tampoco incorpora reformas significativas en la política de gastos. Las partidas globales en remuneraciones y en jubilaciones se proyectan con un incremento nominal del 16 por ciento. Considerando la propia hipótesis presupuestaria de inflación y el crecimiento del número de empleados públicos, se estaría proponiendo un aumento del salario real medio en la administración del orden del 3 por ciento. En el caso de las jubilaciones, el fuerte crecimiento verificado en 2007 en el número de beneficiarios del sistema de reparto, por efecto de la moratoria previsional, determinaría por resultado una reducción proyectada en el ingreso real medio por beneficiario. Es una dura hipótesis, muy difícil de sostener por dos motivos. El primero es que aún está pendiente de cumplimiento la solicitud de la Corte Suprema de Justicia relacionada con el caso Badaro de que se respete la movilidad de los beneficios jubilatorios, largamente postergada. El otro es que la inflación real será mayor que la presupuestada.

El presupuesto de inversión se concentra fuertemente en el Ministerio de Planificación Federal, que con una asignación de 6104 millones de pesos absorberá cerca del 90 por ciento del total. Se intenta atender las inversiones necesarias para paliar la crisis energética.

Por el contrario, el Ministerio de Defensa verá caer nominalmente su partida de inversiones, recibiendo en 2008 sólo 74 millones de pesos. No hay una explicación para esta tan reducida asignación, insuficiente para siquiera sostener la infraestructura edilicia del personal militar. No sólo no hay plan de defensa; tampoco parecería haber una planificación ni estudios serios de prioridades de inversión pública.

Las partidas destinadas a subsidios a empresas privadas, relacionados con los congelamientos tarifarios y controles de precios, crecerán cerca del 17 por ciento. Es un aumento importante, pero inferior al producido en 2007 y sería insuficiente si no se previeran algunos aumentos tarifarios durante 2008. Debería deducirse que la política será de aumentos graduales, aunque insuficientes para recuperar los retrasos ya acumulados.

En síntesis, estamos frente a un proyecto de presupuesto meramente inercial, que no postula cambios ni reformas de significación en las políticas de recursos y gastos. Por otro lado, se ha retornado lamentablemente a niveles de inflación que restan seriedad, validez y eficacia a la presupuestación pública, más aún cuando el propio Gobierno falsea las estadísticas oficiales que se tomaron como base para definir las hipótesis aplicadas.

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Un presupuesto dibujado


El ministro de Economía, Miguel Peirano, expuso ante el Congreso nacional los rasgos esenciales del proyecto de ley de presupuesto para 2008, cursado por el Poder Ejecutivo para su tratamiento legislativo. En la ocasión, el funcionario no aceptó preguntas ni observaciones de los legisladores, impidiendo de esa forma un mejor conocimiento público de la fundamentación de la iniciativa. Esa actitud, que podría interpretarse como una falta de consideración hacia los legisladores y los ciudadanos que ellos representan, deja la sensación de que ni el Poder Ejecutivo ni el Ministerio de Economía desean dar explicaciones sobre ciertos aspectos difíciles de sostener.

La consideración de las pautas macroeconómicas empleadas en el proyecto presupuestario está condicionada a la incierta evolución de la inflación. La proyección del gasto autorizado, así como la estimación de los recursos tributarios, se realiza en moneda argentina a valor nominal. El supuesto de inflación del proyecto, expuesto como la variación de los precios implícitos en el producto bruto interno entre 2007 y 2008, es del 10,2 por ciento. Este supuesto no es realista si se considera la verdadera inflación actual y no la dibujada por el Indec.

Durante 2007, los precios reales habrán crecido alrededor del doble del 10 por ciento que nos pretende hacer creer el Gobierno, por lo tanto el verdadero arrastre estadístico hacia el año siguiente se ubicaría aproximadamente en este último valor. Para que sea válido el supuesto presupuestario, los precios deberían mostrar una variación nula entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2008. Esto no parece posible, si se tiene en cuenta la necesidad de sincerar las tarifas de servicios públicos y otros precios claramente retrasados.

La hipótesis de un crecimiento real del producto bruto interno de un 4 por ciento podría ser algo baja, pero el defecto cuantitativo de este supuesto sería sustancialmente menor que el surgido de la subestimación de la inflación esperada. Corresponde entonces la crítica, ya realizada por LA NACION a presupuestos de años anteriores, de subestimar los recursos para así poder realizar por decreto a lo largo del año nuevas asignaciones discrecionales de gastos cuando la recaudación nominal supera la presupuestada. Este artificio ha sido un arma de captación y dominio político reiteradamente empleada durante la gestión de Néstor Kirchner. Dentro del marco de una supuesta emergencia económica, el jefe de Gabinete contará nuevamente con las atribuciones para asignar los recursos obtenidos por encima de la previsión presupuestaria sin la necesaria rendición de cuentas.

Este proyecto de presupuesto no prevé ningún cambio significativo en la estructura tributaria. La recaudación seguirá apoyándose en el IVA, en Ganancias, en los derechos de exportación y en el impuesto al cheque. Estos cuatro tributos aportarán el 85 por ciento de la recaudación total. Resulta particularmente objetable la inmovilidad de las elevadas alícuotas de los impuestos considerados distorsivos, como son los dos últimos mencionados.

Si hubiera en 2008, como es de esperar, un sinceramiento de los precios de la energía y del transporte, la subsistencia de elevadas retenciones a la exportación con un dólar proyectado a 3,21 pesos sólo sería soportable con precios internacionales mucho más altos que los actuales. Este supuesto es como mínimo audaz, aunque vista la subestimación nominal de los recursos señalada anteriormente, no sería éste problema tan grave como la decisión política de sostener elevados derechos de exportación mientras se postula una caída del tipo de cambio real.

El proyecto de presupuesto tampoco incorpora reformas significativas en la política de gastos. Las partidas globales en remuneraciones y en jubilaciones se proyectan con un incremento nominal del 16 por ciento. Considerando la propia hipótesis presupuestaria de inflación y el crecimiento del número de empleados públicos, se estaría proponiendo un aumento del salario real medio en la administración del orden del 3 por ciento. En el caso de las jubilaciones, el fuerte crecimiento verificado en 2007 en el número de beneficiarios del sistema de reparto, por efecto de la moratoria previsional, determinaría por resultado una reducción proyectada en el ingreso real medio por beneficiario. Es una dura hipótesis, muy difícil de sostener por dos motivos. El primero es que aún está pendiente de cumplimiento la solicitud de la Corte Suprema de Justicia relacionada con el caso Badaro de que se respete la movilidad de los beneficios jubilatorios, largamente postergada. El otro es que la inflación real será mayor que la presupuestada.

El presupuesto de inversión se concentra fuertemente en el Ministerio de Planificación Federal, que con una asignación de 6104 millones de pesos absorberá cerca del 90 por ciento del total. Se intenta atender las inversiones necesarias para paliar la crisis energética.

Por el contrario, el Ministerio de Defensa verá caer nominalmente su partida de inversiones, recibiendo en 2008 sólo 74 millones de pesos. No hay una explicación para esta tan reducida asignación, insuficiente para siquiera sostener la infraestructura edilicia del personal militar. No sólo no hay plan de defensa; tampoco parecería haber una planificación ni estudios serios de prioridades de inversión pública.

Las partidas destinadas a subsidios a empresas privadas, relacionados con los congelamientos tarifarios y controles de precios, crecerán cerca del 17 por ciento. Es un aumento importante, pero inferior al producido en 2007 y sería insuficiente si no se previeran algunos aumentos tarifarios durante 2008. Debería deducirse que la política será de aumentos graduales, aunque insuficientes para recuperar los retrasos ya acumulados.

En síntesis, estamos frente a un proyecto de presupuesto meramente inercial, que no postula cambios ni reformas de significación en las políticas de recursos y gastos. Por otro lado, se ha retornado lamentablemente a niveles de inflación que restan seriedad, validez y eficacia a la presupuestación pública, más aún cuando el propio Gobierno falsea las estadísticas oficiales que se tomaron como base para definir las hipótesis aplicadas.