- INSEGURIDAD -

Dos vigiladores por cada policía


La Argentina tiene más de 200.000 encargados de la seguridad privada, la cuarta parte de los cuales trabaja en negro. El dato impresiona, por cuanto esa cifra prácticamente duplica la cantidad de policías en actividad.

Se trata de una realidad tan concreta como sobrecogedora, porque demuestra, más allá de las retocadas estimaciones oficiales, que nuestra sociedad está hondamente atemorizada por el auge del delito y se siente desprotegida frente a sus impunes y durísimos embates.

La información ha sido suministrada por la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación. Esa entidad afirma que desde la crisis de 2001 la actividad creció a razón de un 5 por ciento anual, particularmente por el impulso que le dan las empresas locales y las multinacionales. También confían en la vigilancia privada los particulares, desprotegidos frente a una ola de inseguridad que aparece permanentemente ante nuestros ojos o reflejada en las informaciones de los medios de comunicación.

La seguridad privada, por lo menos en nuestro país, funciona mayoritariamente dentro de la ley. Quienes la proveen, ven el problema como algo que está lejos de haber llegado hasta los límites que ellos visualizan como posibles y necesarios. De cualquier manera, es evidente que si la seguridad privada prolifera cada vez más es debido a que el poder público no está en condiciones de satisfacer en forma adecuada las garantías que reclaman las personas en defensa de sus vidas y de sus posesiones.

Una de las razones básicas que justifica la instalación del Estado es su capacidad para ejercer el poder a fin de garantizar, justamente, esas vidas y esos bienes. El Estado se arma para que quienes están bajo su protección puedan vivir con tranquilidad y no se vean obligados a realizar algo tan poco adecuado como armarse en defensa propia.

Es interesante tomar nota de que aquella entidad señale a 2001 como un punto de inflexión en las expectativas de la gente en torno de su seguridad, pese a que el país vivió, durante largos años, situaciones de violencia de todo tipo, como el accionar de las guerrillas y las represiones que generaron. Ese mundo violento no es el que ahora inquieta a quienes hoy se sienten amenazados, porque las circunstancias son distintas. Los ataques contra las personas o las empresas, los secuestros extorsivos y las muy variadas amenazas adquieren hoy un abanico de víctimas o posibles víctimas, y de probabilidades que antes no existían.

Algunas estadísticas oficiales arrojan un claro panorama sobre el problema. En la ciudad de Buenos Aires se denuncia por mes, desde 2001, un promedio de alrededor de 13.000 crímenes cuyos autores son desconocidos. Mayoritariamente, se vinculan con delitos contra la propiedad.

Los servicios privados de seguridad imponen a las personas o a las empresas e instituciones gastos que no deberían existir, lo que no constituye, precisamente, un motivo de satisfacción para la sociedad.

Desde los ámbitos gubernamentales este problema, lamentablemente, suele ser ignorado o reducido en sus auténticas dimensiones.

Ese poder público que hoy está en deuda con la gente en materia de seguridad, protección y prevención del delito debería hacer cuanto fuese necesario para saldar tan amplia brecha en su necesario aporte para engendrar, consolidar y sustentar el bienestar del conjunto de la sociedad y afianzar la paz social.

Cuando las autoridades nacionales parecen empeñarse en hacerle creer a la opinión pública que la inseguridad que padecemos no es más que una percepción alimentada desde los medios de comunicación, se está negando un problema. Ni la relativización de la realidad por motivos electorales ni la negativa del gobierno nacional al electo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires de los fondos necesarios para que ésta cuente con su propia policía son actitudes demostrativas de compromiso político para resolver la actual crisis de inseguridad.

Es hora, pues, de que, como tantas veces lo reiteramos, la lucha contra el delito sea encarada como una política de Estado al margen de las disputas partidarias.

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Dos vigiladores por cada policía


La Argentina tiene más de 200.000 encargados de la seguridad privada, la cuarta parte de los cuales trabaja en negro. El dato impresiona, por cuanto esa cifra prácticamente duplica la cantidad de policías en actividad.

Se trata de una realidad tan concreta como sobrecogedora, porque demuestra, más allá de las retocadas estimaciones oficiales, que nuestra sociedad está hondamente atemorizada por el auge del delito y se siente desprotegida frente a sus impunes y durísimos embates.

La información ha sido suministrada por la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación. Esa entidad afirma que desde la crisis de 2001 la actividad creció a razón de un 5 por ciento anual, particularmente por el impulso que le dan las empresas locales y las multinacionales. También confían en la vigilancia privada los particulares, desprotegidos frente a una ola de inseguridad que aparece permanentemente ante nuestros ojos o reflejada en las informaciones de los medios de comunicación.

La seguridad privada, por lo menos en nuestro país, funciona mayoritariamente dentro de la ley. Quienes la proveen, ven el problema como algo que está lejos de haber llegado hasta los límites que ellos visualizan como posibles y necesarios. De cualquier manera, es evidente que si la seguridad privada prolifera cada vez más es debido a que el poder público no está en condiciones de satisfacer en forma adecuada las garantías que reclaman las personas en defensa de sus vidas y de sus posesiones.

Una de las razones básicas que justifica la instalación del Estado es su capacidad para ejercer el poder a fin de garantizar, justamente, esas vidas y esos bienes. El Estado se arma para que quienes están bajo su protección puedan vivir con tranquilidad y no se vean obligados a realizar algo tan poco adecuado como armarse en defensa propia.

Es interesante tomar nota de que aquella entidad señale a 2001 como un punto de inflexión en las expectativas de la gente en torno de su seguridad, pese a que el país vivió, durante largos años, situaciones de violencia de todo tipo, como el accionar de las guerrillas y las represiones que generaron. Ese mundo violento no es el que ahora inquieta a quienes hoy se sienten amenazados, porque las circunstancias son distintas. Los ataques contra las personas o las empresas, los secuestros extorsivos y las muy variadas amenazas adquieren hoy un abanico de víctimas o posibles víctimas, y de probabilidades que antes no existían.

Algunas estadísticas oficiales arrojan un claro panorama sobre el problema. En la ciudad de Buenos Aires se denuncia por mes, desde 2001, un promedio de alrededor de 13.000 crímenes cuyos autores son desconocidos. Mayoritariamente, se vinculan con delitos contra la propiedad.

Los servicios privados de seguridad imponen a las personas o a las empresas e instituciones gastos que no deberían existir, lo que no constituye, precisamente, un motivo de satisfacción para la sociedad.

Desde los ámbitos gubernamentales este problema, lamentablemente, suele ser ignorado o reducido en sus auténticas dimensiones.

Ese poder público que hoy está en deuda con la gente en materia de seguridad, protección y prevención del delito debería hacer cuanto fuese necesario para saldar tan amplia brecha en su necesario aporte para engendrar, consolidar y sustentar el bienestar del conjunto de la sociedad y afianzar la paz social.

Cuando las autoridades nacionales parecen empeñarse en hacerle creer a la opinión pública que la inseguridad que padecemos no es más que una percepción alimentada desde los medios de comunicación, se está negando un problema. Ni la relativización de la realidad por motivos electorales ni la negativa del gobierno nacional al electo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires de los fondos necesarios para que ésta cuente con su propia policía son actitudes demostrativas de compromiso político para resolver la actual crisis de inseguridad.

Es hora, pues, de que, como tantas veces lo reiteramos, la lucha contra el delito sea encarada como una política de Estado al margen de las disputas partidarias.