- COMFER -

La inacción del Comfer

En sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad existe un creciente descontento por los contenidos degradantes de muchos programas televisivos y radiofónicos del medio local y también por la baja calidad del lenguaje que se utiliza en ellos.

Las múltiples variantes de lo que se ha dado en llamar genéricamente el reality show suelen incluir escenas o situaciones procaces y hasta obscenas, acompañadas invariablemente con la utilización de un vocabulario grosero y soez. Algo similar puede decirse, globalmente, de ciertas producciones dedicadas al puro entretenimiento o basadas en la participación de artistas o pseudoartistas que compiten entre sí y de algunos programas televisivos, equivocadamente denominados "magazines del espectáculo", que no reparan en exhibir escenas descaradas a toda hora.

Parecería que muchos productores de televisión consideran que el camino más seguro para obtener un nivel aceptable en materia de rating es el que pasa por la apelación a lo ordinario o indecente, muchas veces bajo el disfraz de lo transgresor, al igual que al humor chabacano o de mal gusto.

Entre las muchas y fundadas críticas que se le formulan al Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), que tiene la misión de controlar el funcionamiento de las emisoras de radio y TV, figuran las que le reprochan su excesivo permisivismo respecto de las faltas durante el horario de protección al menor. Se afirma que las multas que aplica el organismo para sancionar la inconducta de los concesionarios que administran emisoras son, en realidad, medidas inocuas que no producen ningún impacto en el presupuesto de las empresas infractoras.

En los últimos años, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) ha cuestionado al Comfer por sus "excesivas demoras en el proceso de tramitación de los expedientes sustanciados para la aplicación de las sanciones originadas por infracciones cometidas en las respectivas emisiones". Esto implica, en efecto, que el Comfer no cobra las multas que aplica o las cobra tardíamente. Se observa que tampoco realiza un seguimiento de las infracciones que cometen los canales de la TV abierta o de cable, y las emisoras radiofónicas de AM y FM. El organismo carece, por ejemplo, de un registro confiable de las infracciones cometidas en el sector con anterioridad a 2002.

La Sigen subraya que el Comfer confecciona con incomprensible demora las boletas de cobro de las multas, razón por la cual suelen transcurrir plazos exageradamente prolongados entre el momento en que la infracción se produce y el día en que se hace efectiva la pena. En fuentes cercanas al Comfer se alega que la excesiva demora en el cobro de las multas obedece a que el procedimiento legal vigente confiere a los infractores sucesivas instancias y recursos, cuya tramitación determina que el régimen de penas resulte, finalmente, tan lento como ineficaz.

Sea cual fuere la razón, lo cierto es que la sociedad argentina está fuertemente preocupada por la influencia cada vez más negativa que los medios electrónicos de consumo masivo -principalmente la televisión- ejercen sobre la formación cultural y moral de las franjas más vulnerables de la población, en las cuales corresponde incluir muy especialmente al sector de los niños y los adolescentes.

Según un sondeo realizado por la consultora Ipsos-Mora y Araujo, el 88 por ciento de los argentinos considera que la TV abierta no ayuda en lo más mínimo al esfuerzo que el Estado despliega para formar y educar a los menores y el 72 por ciento opina que el país vive una situación muy preocupante por el efecto degradante de los mensajes televisivos en la educación general de los argentinos.

Entre el 85 y el 90 por ciento de la población se adhiere, de acuerdo con ese sondeo, a la idea de que es necesario evitar que la televisión continúe exhibiendo contenidos moralmente dañinos en el horario en que los niños están frente al televisor, sobre todo en materia de sexo y violencia. También existe consenso en que debería evitarse, en esos horarios, el uso de un lenguaje vulgar y hasta destructivo para la moral y las buenas costumbres. No es menor la preocupación que se advierte por la difusión frecuente de mensajes y contenidos que alientan la discriminación entre las personas o promueven las adicciones autodestructivas.

La impresión que prevalece, en definitiva, en la población es la que muestra a una televisión por completo indiferente a las advertencias o sanciones que el Comfer formula o impone para combatir las recurrentes oleadas de inmoralidad, chabacanería y mal gusto. La opinión pública clama para que esta situación se revierta y para que el organismo cumpla con seriedad y eficacia, de una vez por todas, con la importante responsabilidad que la ley le ha asignado. Está en juego uno de los valores más altos que una nación debe preservar: el destino cultural y educativo de sus generaciones futuras. "Argentinos, a las cosas", dijo alguna vez un ilustre pensador del siglo XX. No está mal recordar esa exhortación a dejar la retórica y pasar a la acción.

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La inacción del Comfer

En sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad existe un creciente descontento por los contenidos degradantes de muchos programas televisivos y radiofónicos del medio local y también por la baja calidad del lenguaje que se utiliza en ellos.

Las múltiples variantes de lo que se ha dado en llamar genéricamente el reality show suelen incluir escenas o situaciones procaces y hasta obscenas, acompañadas invariablemente con la utilización de un vocabulario grosero y soez. Algo similar puede decirse, globalmente, de ciertas producciones dedicadas al puro entretenimiento o basadas en la participación de artistas o pseudoartistas que compiten entre sí y de algunos programas televisivos, equivocadamente denominados "magazines del espectáculo", que no reparan en exhibir escenas descaradas a toda hora.

Parecería que muchos productores de televisión consideran que el camino más seguro para obtener un nivel aceptable en materia de rating es el que pasa por la apelación a lo ordinario o indecente, muchas veces bajo el disfraz de lo transgresor, al igual que al humor chabacano o de mal gusto.

Entre las muchas y fundadas críticas que se le formulan al Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), que tiene la misión de controlar el funcionamiento de las emisoras de radio y TV, figuran las que le reprochan su excesivo permisivismo respecto de las faltas durante el horario de protección al menor. Se afirma que las multas que aplica el organismo para sancionar la inconducta de los concesionarios que administran emisoras son, en realidad, medidas inocuas que no producen ningún impacto en el presupuesto de las empresas infractoras.

En los últimos años, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) ha cuestionado al Comfer por sus "excesivas demoras en el proceso de tramitación de los expedientes sustanciados para la aplicación de las sanciones originadas por infracciones cometidas en las respectivas emisiones". Esto implica, en efecto, que el Comfer no cobra las multas que aplica o las cobra tardíamente. Se observa que tampoco realiza un seguimiento de las infracciones que cometen los canales de la TV abierta o de cable, y las emisoras radiofónicas de AM y FM. El organismo carece, por ejemplo, de un registro confiable de las infracciones cometidas en el sector con anterioridad a 2002.

La Sigen subraya que el Comfer confecciona con incomprensible demora las boletas de cobro de las multas, razón por la cual suelen transcurrir plazos exageradamente prolongados entre el momento en que la infracción se produce y el día en que se hace efectiva la pena. En fuentes cercanas al Comfer se alega que la excesiva demora en el cobro de las multas obedece a que el procedimiento legal vigente confiere a los infractores sucesivas instancias y recursos, cuya tramitación determina que el régimen de penas resulte, finalmente, tan lento como ineficaz.

Sea cual fuere la razón, lo cierto es que la sociedad argentina está fuertemente preocupada por la influencia cada vez más negativa que los medios electrónicos de consumo masivo -principalmente la televisión- ejercen sobre la formación cultural y moral de las franjas más vulnerables de la población, en las cuales corresponde incluir muy especialmente al sector de los niños y los adolescentes.

Según un sondeo realizado por la consultora Ipsos-Mora y Araujo, el 88 por ciento de los argentinos considera que la TV abierta no ayuda en lo más mínimo al esfuerzo que el Estado despliega para formar y educar a los menores y el 72 por ciento opina que el país vive una situación muy preocupante por el efecto degradante de los mensajes televisivos en la educación general de los argentinos.

Entre el 85 y el 90 por ciento de la población se adhiere, de acuerdo con ese sondeo, a la idea de que es necesario evitar que la televisión continúe exhibiendo contenidos moralmente dañinos en el horario en que los niños están frente al televisor, sobre todo en materia de sexo y violencia. También existe consenso en que debería evitarse, en esos horarios, el uso de un lenguaje vulgar y hasta destructivo para la moral y las buenas costumbres. No es menor la preocupación que se advierte por la difusión frecuente de mensajes y contenidos que alientan la discriminación entre las personas o promueven las adicciones autodestructivas.

La impresión que prevalece, en definitiva, en la población es la que muestra a una televisión por completo indiferente a las advertencias o sanciones que el Comfer formula o impone para combatir las recurrentes oleadas de inmoralidad, chabacanería y mal gusto. La opinión pública clama para que esta situación se revierta y para que el organismo cumpla con seriedad y eficacia, de una vez por todas, con la importante responsabilidad que la ley le ha asignado. Está en juego uno de los valores más altos que una nación debe preservar: el destino cultural y educativo de sus generaciones futuras. "Argentinos, a las cosas", dijo alguna vez un ilustre pensador del siglo XX. No está mal recordar esa exhortación a dejar la retórica y pasar a la acción.