- LA JUSTICIA -

Un duro mensaje al poder

Por Adrián Ventura
Opiniñon La Nación

La Cámara Nacional Electoral, con las acordadas de ayer, viene a enviarle un claro mensaje al poder político: es necesario que el proceso electoral sea completamente transparente y que ningún tipo de picardía, como por ejemplo la alteración de la carga de los votos, pueda distorsionar los resultados que van conociendo los ciudadanos la misma noche de la elección.

Las denuncias de posible fraude que lanzaron los partidos políticos y las recientes experiencias vividas en Córdoba y en Chaco aconsejaron a la Cámara Electoral -que integran Rodolfo Munne, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera- a tomar acertadamente un paquete de medidas duras y concretas, que pegan de lleno en el corazón del proceso electoral.

El Código Electoral establece que el primer recuento de votos es el que hace el presidente de cada mesa y, con posterioridad, hay un escrutinio definitivo, que organiza la Justicia, durante los días posteriores al comicio.

Pero en medio de esos dos recuentos está el escrutinio provisional, que se realiza apenas termina el comicio: este escrutinio, que no es definitivo y lo ejecutan el Ministerio del Interior y una empresa contratada (la española Indra), si bien no está previsto en la ley electoral, es el único al que le presta atención el público.

Las medidas de la Cámara Nacional Electoral apuntan precisamente a transparentar ese momento.

No parece que estemos frente a una elección que pueda arrojar un resultado ajustado, que se defina por pocos décimos, con lo cual la amenaza de fraude no parece ser real. A lo sumo, se podría dudar si la candidata mejor posicionada llegó al 40 por ciento, pero no parece que el segundo pueda arañar siquiera esa cifra.

Pero ante los meros temores manifestados por los partidos, el paquete de medidas es exacto: se le pide a Indra que ponga el software de la elección a disposición de los partidos para que puedan revisarlo e investigar si oculta alguna trampa; que permita el acceso de los fiscales de los partidos al lugar en que los operadores cargan los resultados y, fundamentalmente, se le ordena a Indra y al Ministerio del Interior que expliciten cómo se recogerán los datos y con qué orden y criterio son cargados. Es decir, los partidos podrán conocer el sistema informático y hacer no sólo un seguimiento de los resultados, sino supervisar la carga misma.

Es común que el oficialismo de turno cargue y difunda las mesas en las que ganó y relegue la difusión de los resultados conseguidos por la oposición. Esta picardía va creando un estado de opinión pública, la que después no está dispuesta a creer que el resultado fue distinto.

La Justicia quiere evitar esa situación, que sólo puede generar desconfianza, más aún que la que ya tiene la ciudadanía respecto de los políticos.

Pero mirando más allá de estos estrechos límites de 2007, parece necesario que la Justicia, que a la postre es la responsable final del escrutinio definitivo, tenga un involucramiento cada vez mayor en todas las etapas de los comicios. Mantener la intervención del Ministerio del Interior no parece el mejor camino para recuperar la confianza de la población.

- LA JUSTICIA -

Un duro mensaje al poder

Por Adrián Ventura
Opiniñon La Nación

La Cámara Nacional Electoral, con las acordadas de ayer, viene a enviarle un claro mensaje al poder político: es necesario que el proceso electoral sea completamente transparente y que ningún tipo de picardía, como por ejemplo la alteración de la carga de los votos, pueda distorsionar los resultados que van conociendo los ciudadanos la misma noche de la elección.

Las denuncias de posible fraude que lanzaron los partidos políticos y las recientes experiencias vividas en Córdoba y en Chaco aconsejaron a la Cámara Electoral -que integran Rodolfo Munne, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera- a tomar acertadamente un paquete de medidas duras y concretas, que pegan de lleno en el corazón del proceso electoral.

El Código Electoral establece que el primer recuento de votos es el que hace el presidente de cada mesa y, con posterioridad, hay un escrutinio definitivo, que organiza la Justicia, durante los días posteriores al comicio.

Pero en medio de esos dos recuentos está el escrutinio provisional, que se realiza apenas termina el comicio: este escrutinio, que no es definitivo y lo ejecutan el Ministerio del Interior y una empresa contratada (la española Indra), si bien no está previsto en la ley electoral, es el único al que le presta atención el público.

Las medidas de la Cámara Nacional Electoral apuntan precisamente a transparentar ese momento.

No parece que estemos frente a una elección que pueda arrojar un resultado ajustado, que se defina por pocos décimos, con lo cual la amenaza de fraude no parece ser real. A lo sumo, se podría dudar si la candidata mejor posicionada llegó al 40 por ciento, pero no parece que el segundo pueda arañar siquiera esa cifra.

Pero ante los meros temores manifestados por los partidos, el paquete de medidas es exacto: se le pide a Indra que ponga el software de la elección a disposición de los partidos para que puedan revisarlo e investigar si oculta alguna trampa; que permita el acceso de los fiscales de los partidos al lugar en que los operadores cargan los resultados y, fundamentalmente, se le ordena a Indra y al Ministerio del Interior que expliciten cómo se recogerán los datos y con qué orden y criterio son cargados. Es decir, los partidos podrán conocer el sistema informático y hacer no sólo un seguimiento de los resultados, sino supervisar la carga misma.

Es común que el oficialismo de turno cargue y difunda las mesas en las que ganó y relegue la difusión de los resultados conseguidos por la oposición. Esta picardía va creando un estado de opinión pública, la que después no está dispuesta a creer que el resultado fue distinto.

La Justicia quiere evitar esa situación, que sólo puede generar desconfianza, más aún que la que ya tiene la ciudadanía respecto de los políticos.

Pero mirando más allá de estos estrechos límites de 2007, parece necesario que la Justicia, que a la postre es la responsable final del escrutinio definitivo, tenga un involucramiento cada vez mayor en todas las etapas de los comicios. Mantener la intervención del Ministerio del Interior no parece el mejor camino para recuperar la confianza de la población.