- LA FEDERAL -

Pugna por la policía porteña


La autorización para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga su propia fuerza policial y, por ende, sea concretada la transferencia de los servicios metropolitanos de la Policía Federal a su jurisdicción, sigue empantanada en el cúmulo de los intereses que la ven con malos ojos.

El oficialismo boicoteó otra sesión de la Cámara de Diputados en la cual, según se esperaba, iba a ser tratada esa cuestión. Al mismo tiempo, desde el gobierno nacional se ha insistido en que no existe disposición para transferirle al gobierno porteño los fondos que acarrearía el traspaso de la policía.

Ni siquiera se ha admitido el comienzo de un franco y democrático debate acerca de los legítimos reclamos del jefe electo del gobierno local, Mauricio Macri, y de las igualmente legítimas aspiraciones de los vecinos de la metrópoli respecto de la anacrónica ley Cafiero. El Poder Ejecutivo y parte del Congreso de la Nación insisten en hacer oídos sordos a esa cuestión esencial para la seguridad urbana. Sus respuestas y las de algunos legisladores, tanto nacionales como locales, que parecen ser más proclives a servir a los intereses del oficialismo que a las conveniencias de quienes los votaron, ignoran ex profeso expresas disposiciones constitucionales e incursionan, incluso desde muy altos niveles, en el terreno de la más franca desconsideración.

No es ocioso reiterar que respecto de la cuestión policial la ciudad nada debe probar, vista la meridiana claridad de los artículos 129 y 75, inciso 2, de nuestra ley fundamental.

El primero de ellos expresa: "La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción (...) una ley garantizará [no dice "permitirá restringir esas facultades"] los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación... El segundo manifiesta que "la distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria...", y agrega: "No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso". Es probable que en este caso no fuese menester la intervención parlamentaria porque ninguna merma habrán de sufrir los tesoros provinciales, pues se trataría de los mismos fondos que la Nación está invirtiendo actualmente en la Policía Federal.

El traspaso financiado de esa fuerza policial ya fue propuesto hace pocos meses por el entonces candidato oficialista a jefe de gobierno porteño e integrante del gabinete nacional, Daniel Filmus. Sesenta diputados respaldaron con su firma la iniciativa que, por lo visto, no pasó de ser un formulismo proselitista.

Pero hay algo más: en 2001 y siendo legislador porteño, uno de los ahora más acérrimos opositores al traspaso, el jefe de Gabinte, Alberto Fernández, suscribió el proyecto 3470/2001 en que reclamaba todo lo contrario a su actual parecer. En ese entonces y en ese texto, Fernández propiciaba que la Legislatura expresara "su categórico rechazo al traspaso de la Justicia Nacional y la Policía Federal al ámbito porteño por parte del Estado nacional sin su correlativa asignación presupuestaria..." . Y agregó que "se advierte la velada intención de transferir los servicios sin los correspondientes recursos, significando en consecuencia un ahorro para la Nación -en desmedro de la Ciudad- de alrededor de 800.000.000 pesos (...) no se trata de cumplir con mandatos constitucionales y legales, sino simplemente de obtener un rédito económico para la Nación -acordado sugestivamente con las provincias- perjudicando claramente a uno de los pocos presupuestos ordenados de la República...". La memoria suele ser frágil.

Respecto de las objeciones provinciales, sería menester recordar que la ciudad de Buenos Aires aporta alrededor del 25 por ciento de la masa de los recursos distribuidos mediante la coparticipación federal, mientras que de ella recibe tan sólo el 1,4 por ciento. No obstante esa desproporción -la nueva ley de coparticipación espera ser tratada desde 1994-, para nada acorde con la equidad que requiere la letra constitucional, los hospitales públicos de la ciudad atienden gratuitamente a miles de pacientes llegados de todo el país.

Bastaría una mera lectura de las noticias policiales para reparar en la inseguridad que envenena la vida cotidiana en Buenos Aires, hoy en día confiada a la mayor o menor eficiencia del Ministerio del Interior. Informarse acerca de esa angustiante realidad haría comprender a quienes no saben o no quieren hacerlo que la ciudad no está encaprichada en obtener una canonjía o un privilegio, sino que aspira a poder formular sus políticas de seguridad y a disponer de la herramienta imprescindible para aplicarlas. Se trata de una gravísima situación que no admite más dilaciones.

Sea como sea, resolver esa cuestión apremiante significará dar apenas un primer paso hacia la definitiva resolución de las múltiples restricciones que hasta ahora, salvo la posibilidad de elegir autoridades, han tornado quimérico el mandato constitucional que dispuso la autonomía porteña.

Es hora de que las autoridades nacionales comprendan que la problemática de la inseguridad debe ser tratada de una buena vez como una política de Estado, dejando de lado mezquindades políticas y dobles discursos.

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Pugna por la policía porteña


La autorización para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga su propia fuerza policial y, por ende, sea concretada la transferencia de los servicios metropolitanos de la Policía Federal a su jurisdicción, sigue empantanada en el cúmulo de los intereses que la ven con malos ojos.

El oficialismo boicoteó otra sesión de la Cámara de Diputados en la cual, según se esperaba, iba a ser tratada esa cuestión. Al mismo tiempo, desde el gobierno nacional se ha insistido en que no existe disposición para transferirle al gobierno porteño los fondos que acarrearía el traspaso de la policía.

Ni siquiera se ha admitido el comienzo de un franco y democrático debate acerca de los legítimos reclamos del jefe electo del gobierno local, Mauricio Macri, y de las igualmente legítimas aspiraciones de los vecinos de la metrópoli respecto de la anacrónica ley Cafiero. El Poder Ejecutivo y parte del Congreso de la Nación insisten en hacer oídos sordos a esa cuestión esencial para la seguridad urbana. Sus respuestas y las de algunos legisladores, tanto nacionales como locales, que parecen ser más proclives a servir a los intereses del oficialismo que a las conveniencias de quienes los votaron, ignoran ex profeso expresas disposiciones constitucionales e incursionan, incluso desde muy altos niveles, en el terreno de la más franca desconsideración.

No es ocioso reiterar que respecto de la cuestión policial la ciudad nada debe probar, vista la meridiana claridad de los artículos 129 y 75, inciso 2, de nuestra ley fundamental.

El primero de ellos expresa: "La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción (...) una ley garantizará [no dice "permitirá restringir esas facultades"] los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación... El segundo manifiesta que "la distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria...", y agrega: "No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso". Es probable que en este caso no fuese menester la intervención parlamentaria porque ninguna merma habrán de sufrir los tesoros provinciales, pues se trataría de los mismos fondos que la Nación está invirtiendo actualmente en la Policía Federal.

El traspaso financiado de esa fuerza policial ya fue propuesto hace pocos meses por el entonces candidato oficialista a jefe de gobierno porteño e integrante del gabinete nacional, Daniel Filmus. Sesenta diputados respaldaron con su firma la iniciativa que, por lo visto, no pasó de ser un formulismo proselitista.

Pero hay algo más: en 2001 y siendo legislador porteño, uno de los ahora más acérrimos opositores al traspaso, el jefe de Gabinte, Alberto Fernández, suscribió el proyecto 3470/2001 en que reclamaba todo lo contrario a su actual parecer. En ese entonces y en ese texto, Fernández propiciaba que la Legislatura expresara "su categórico rechazo al traspaso de la Justicia Nacional y la Policía Federal al ámbito porteño por parte del Estado nacional sin su correlativa asignación presupuestaria..." . Y agregó que "se advierte la velada intención de transferir los servicios sin los correspondientes recursos, significando en consecuencia un ahorro para la Nación -en desmedro de la Ciudad- de alrededor de 800.000.000 pesos (...) no se trata de cumplir con mandatos constitucionales y legales, sino simplemente de obtener un rédito económico para la Nación -acordado sugestivamente con las provincias- perjudicando claramente a uno de los pocos presupuestos ordenados de la República...". La memoria suele ser frágil.

Respecto de las objeciones provinciales, sería menester recordar que la ciudad de Buenos Aires aporta alrededor del 25 por ciento de la masa de los recursos distribuidos mediante la coparticipación federal, mientras que de ella recibe tan sólo el 1,4 por ciento. No obstante esa desproporción -la nueva ley de coparticipación espera ser tratada desde 1994-, para nada acorde con la equidad que requiere la letra constitucional, los hospitales públicos de la ciudad atienden gratuitamente a miles de pacientes llegados de todo el país.

Bastaría una mera lectura de las noticias policiales para reparar en la inseguridad que envenena la vida cotidiana en Buenos Aires, hoy en día confiada a la mayor o menor eficiencia del Ministerio del Interior. Informarse acerca de esa angustiante realidad haría comprender a quienes no saben o no quieren hacerlo que la ciudad no está encaprichada en obtener una canonjía o un privilegio, sino que aspira a poder formular sus políticas de seguridad y a disponer de la herramienta imprescindible para aplicarlas. Se trata de una gravísima situación que no admite más dilaciones.

Sea como sea, resolver esa cuestión apremiante significará dar apenas un primer paso hacia la definitiva resolución de las múltiples restricciones que hasta ahora, salvo la posibilidad de elegir autoridades, han tornado quimérico el mandato constitucional que dispuso la autonomía porteña.

Es hora de que las autoridades nacionales comprendan que la problemática de la inseguridad debe ser tratada de una buena vez como una política de Estado, dejando de lado mezquindades políticas y dobles discursos.