- INDEC -

Indec: la vergüenza continúa


La difusión del índice oficial de precios minoristas correspondiente al mes último, del 0,5 por ciento, y sus notables diferencias con las estimaciones de estudios privados volvieron a señalar la escasa confiabilidad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Hoy puede hablarse de dos Argentinas: la real y la virtual, que es la de las estadísticas oficiales, sometidas a graves manipulaciones por parte del Poder Ejecutivo.

Las autoridades nacionales han decidido que los guarismos de inflación deben ser aquellos que satisfagan sus necesidades políticas. Con ese propósito, hace más de dos años comenzaron a instrumentarse controles de precios sobre los productos de mayor incidencia en el índice de precios minoristas. A pesar de las distorsiones y efectos nocivos que ocasionó, esa política no logró que las mediciones oficiales expusieran la menor inflación deseada. Frente a esa situación, la angustia oficial por la posibilidad de que la deuda pública ajustada por el aumento de precios siguiera expandiéndose, de cara a un año electoral, habilitó desde comienzos de este año cualquier mecanismo que garantizara el índice deseado.

El Indec fue, entonces, víctima de la acción oficial. Se desconocieron subas de precios y se forzaron cambios en la metodología de medición contrarios a la correcta técnica estadística. Además, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, presionó al organismo para que violara el secreto estadístico y revelara el nombre de las empresas encuestadas que habían aumentado sus precios. La reacción y resistencia esperada de los técnicos responsables no se hizo esperar, pero fue contrarrestada por el Gobierno con el desplazamiento de los funcionarios que se negaron a entregar esa información reservada o a manipular los datos.

En lo que va del año dejaron de prestar funciones en el organismo Graciela Bevacqua, directora responsable del Indice de Precios al Consumidor; Clyde Trabucchi, directora nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida; Lelio Mármora, director general del Indec desde 2003; Mario Krieger, subdirector del organismo que ascendió interinamente cuando renunció Mármora, y Cynthia Pok, directora de la Encuesta Permanente de Hogares.

Corroborando las graves irregularidades que viene padeciendo el Indec, recientemente se conoció un duro dictamen del fiscal federal Carlos Stornelli que, entre otras afirmaciones, dice tener "férreas sospechas" de que los comunicados de prensa oficiales sobre los índices de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, a los que considera documentos públicos y oficiales, "contuvieron información falsa". A la vista del valor de la inflación minorista reconocida por el Indec para julio, debiera también agregarse este mes y decir que nada ha cambiado con la designación del nuevo ministro de Economía. Asimismo, el fiscal sostiene que desde febrero funciona un sistema informático paralelo que permite introducir datos distintos de los que obtienen los encuestadores y un "parche informático" a través del cual se les puede fijar topes a los precios. El dictamen también señala que, para no dejar antecedentes, se han borrado datos y precios obtenidos en el pasado que no fueron tomados en cuenta en la elaboración de los índices.

Es de esperar que la intervención de la Justicia permita determinar las responsabilidades de los funcionarios políticos y técnicos que desquiciaron el funcionamiento del Indec, e imponga las correspondientes condenas.

Es necesario, además, que se normalice el funcionamiento del organismo a la mayor brevedad. El daño causado por la manipulación en los diferentes índices es inmenso. Se pretende engañar a la población con datos falsos o artificialmente creados.

Se obvia la función de alto valor social que tiene el Indec y se alteran relaciones contractuales y ajustes de títulos públicos, destruyendo la confianza, incrementando la inseguridad jurídica y desalentando la inversión.

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Indec: la vergüenza continúa


La difusión del índice oficial de precios minoristas correspondiente al mes último, del 0,5 por ciento, y sus notables diferencias con las estimaciones de estudios privados volvieron a señalar la escasa confiabilidad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Hoy puede hablarse de dos Argentinas: la real y la virtual, que es la de las estadísticas oficiales, sometidas a graves manipulaciones por parte del Poder Ejecutivo.

Las autoridades nacionales han decidido que los guarismos de inflación deben ser aquellos que satisfagan sus necesidades políticas. Con ese propósito, hace más de dos años comenzaron a instrumentarse controles de precios sobre los productos de mayor incidencia en el índice de precios minoristas. A pesar de las distorsiones y efectos nocivos que ocasionó, esa política no logró que las mediciones oficiales expusieran la menor inflación deseada. Frente a esa situación, la angustia oficial por la posibilidad de que la deuda pública ajustada por el aumento de precios siguiera expandiéndose, de cara a un año electoral, habilitó desde comienzos de este año cualquier mecanismo que garantizara el índice deseado.

El Indec fue, entonces, víctima de la acción oficial. Se desconocieron subas de precios y se forzaron cambios en la metodología de medición contrarios a la correcta técnica estadística. Además, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, presionó al organismo para que violara el secreto estadístico y revelara el nombre de las empresas encuestadas que habían aumentado sus precios. La reacción y resistencia esperada de los técnicos responsables no se hizo esperar, pero fue contrarrestada por el Gobierno con el desplazamiento de los funcionarios que se negaron a entregar esa información reservada o a manipular los datos.

En lo que va del año dejaron de prestar funciones en el organismo Graciela Bevacqua, directora responsable del Indice de Precios al Consumidor; Clyde Trabucchi, directora nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida; Lelio Mármora, director general del Indec desde 2003; Mario Krieger, subdirector del organismo que ascendió interinamente cuando renunció Mármora, y Cynthia Pok, directora de la Encuesta Permanente de Hogares.

Corroborando las graves irregularidades que viene padeciendo el Indec, recientemente se conoció un duro dictamen del fiscal federal Carlos Stornelli que, entre otras afirmaciones, dice tener "férreas sospechas" de que los comunicados de prensa oficiales sobre los índices de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, a los que considera documentos públicos y oficiales, "contuvieron información falsa". A la vista del valor de la inflación minorista reconocida por el Indec para julio, debiera también agregarse este mes y decir que nada ha cambiado con la designación del nuevo ministro de Economía. Asimismo, el fiscal sostiene que desde febrero funciona un sistema informático paralelo que permite introducir datos distintos de los que obtienen los encuestadores y un "parche informático" a través del cual se les puede fijar topes a los precios. El dictamen también señala que, para no dejar antecedentes, se han borrado datos y precios obtenidos en el pasado que no fueron tomados en cuenta en la elaboración de los índices.

Es de esperar que la intervención de la Justicia permita determinar las responsabilidades de los funcionarios políticos y técnicos que desquiciaron el funcionamiento del Indec, e imponga las correspondientes condenas.

Es necesario, además, que se normalice el funcionamiento del organismo a la mayor brevedad. El daño causado por la manipulación en los diferentes índices es inmenso. Se pretende engañar a la población con datos falsos o artificialmente creados.

Se obvia la función de alto valor social que tiene el Indec y se alteran relaciones contractuales y ajustes de títulos públicos, destruyendo la confianza, incrementando la inseguridad jurídica y desalentando la inversión.