- MEMORIA -

La memoria nacional, en peligro


El Archivo General de la Nación (AGN), auténtica fuente testimonial de nuestra historia, está otra vez al borde del colapso a causa de la desatención y la indiferencia de nuestros últimos gobiernos.

Los males que han aquejado y perjudicado al AGN son las carencias de personal idóneo, de presupuesto y de equipamiento acorde con la tecnología actual. Los reclamos planteados por la dirección, el personal y los usuarios sólo han obtenido del ministro del Interior, Aníbal Fernández -del cual depende el Archivo-, promesas de una "solución integral".

Apenas han comenzado algunas acciones puntuales -por ejemplo, la provisión de escaleras aptas para llegar a las estanterías más altas-, pero todavía insuficientes para solucionar los problemas de fondo, entre los cuales sobresale en forma nítida el más grave: el funcionamiento de este reservorio documental, el más importante del país, en un edificio arquitectónicamente importante, ubicado en la avenida Leandro Alem, pero inapropiado por donde se lo mire para esa tarea específica.

El Archivo abrió sus puertas en 1821, mediante un decreto firmado por el gobernador bonaerense, Martín Rodríguez, y su ministro Bernardino Rivadavia. En ese entonces, fue denominado Archivo General de la Provincia. La condición de nacional le fue otorgada en 1884, cuando lo dirigía Carlos Guido y Spano. En 1944 se lo trasladó a la sede que todavía hoy ocupa, a pesar de sus deficiencias, y su plena habilitación data de 1959.

La ley 15.930/61, que rige el funcionamiento del AGN, establece que debe reunir, ordenar y conservar la documentación necesaria para fundamentar la historia del país y servir a nuestra cultura. Así se ha formado un valioso acervo integrado tanto por antiguos manuscritos de la época colonial como por impresos, publicaciones, colecciones de periódicos, fotografías y films. Muchos de esos documentos antiguos han padecido la cruel agresión de la humedad, que los carcome hasta inutilizarlos.

Tan preciados materialesrequieren minuciosos cuidados y recursos financieros en cantidad suficiente como para inventariarlos, catalogarlos, digitalizarlos y microfilmarlos. Asimismo, es indispensable el correcto mantenimiento de ese invalorable conjunto. Para ello son menester suficiente personal idóneo e insumos diversos y, en algunos casos, elementales. Esas injustificables restricciones impiden atender en forma debida a los muchos investigadores que frecuentan el archivo.

Lamentablemente, esa suma de dificultades se ha ido acrecentando, pese a los esfuerzos de las sucesivas autoridades. Las causas de fondo de ese agravamiento obedecen a un esquema de gestión superior anacrónico, la lentitud de las decisiones burocráticas y las limitaciones presupuestarias.

Además, la memoria condensada en el AGN nunca ha gozado del aprecio de las autoridades. Se la mira con indiferencia, cuando no con aprensión, porque se trata de testimonios vigentes que no sólo dan cruda fe de los errores pasados, sino también de la comisión de los presentes. Lo cierto es que este tesoro histórico insustituible corre el riesgo de perderse, y quien lo permita deberá rendir cuentas por las gravísimas consecuencias de esa desidia.

Sería harto positivo, entonces, que aquellas promesas ministeriales se tornasen reales a la brevedad y que no vayan a ser meros paliativos para salir del paso, como ha ocurrido tantas otras veces. El país y su memoria merecen mejor trato.


Editorial LA NACIÓN

- MEMORIA -

La memoria nacional, en peligro


El Archivo General de la Nación (AGN), auténtica fuente testimonial de nuestra historia, está otra vez al borde del colapso a causa de la desatención y la indiferencia de nuestros últimos gobiernos.

Los males que han aquejado y perjudicado al AGN son las carencias de personal idóneo, de presupuesto y de equipamiento acorde con la tecnología actual. Los reclamos planteados por la dirección, el personal y los usuarios sólo han obtenido del ministro del Interior, Aníbal Fernández -del cual depende el Archivo-, promesas de una "solución integral".

Apenas han comenzado algunas acciones puntuales -por ejemplo, la provisión de escaleras aptas para llegar a las estanterías más altas-, pero todavía insuficientes para solucionar los problemas de fondo, entre los cuales sobresale en forma nítida el más grave: el funcionamiento de este reservorio documental, el más importante del país, en un edificio arquitectónicamente importante, ubicado en la avenida Leandro Alem, pero inapropiado por donde se lo mire para esa tarea específica.

El Archivo abrió sus puertas en 1821, mediante un decreto firmado por el gobernador bonaerense, Martín Rodríguez, y su ministro Bernardino Rivadavia. En ese entonces, fue denominado Archivo General de la Provincia. La condición de nacional le fue otorgada en 1884, cuando lo dirigía Carlos Guido y Spano. En 1944 se lo trasladó a la sede que todavía hoy ocupa, a pesar de sus deficiencias, y su plena habilitación data de 1959.

La ley 15.930/61, que rige el funcionamiento del AGN, establece que debe reunir, ordenar y conservar la documentación necesaria para fundamentar la historia del país y servir a nuestra cultura. Así se ha formado un valioso acervo integrado tanto por antiguos manuscritos de la época colonial como por impresos, publicaciones, colecciones de periódicos, fotografías y films. Muchos de esos documentos antiguos han padecido la cruel agresión de la humedad, que los carcome hasta inutilizarlos.

Tan preciados materialesrequieren minuciosos cuidados y recursos financieros en cantidad suficiente como para inventariarlos, catalogarlos, digitalizarlos y microfilmarlos. Asimismo, es indispensable el correcto mantenimiento de ese invalorable conjunto. Para ello son menester suficiente personal idóneo e insumos diversos y, en algunos casos, elementales. Esas injustificables restricciones impiden atender en forma debida a los muchos investigadores que frecuentan el archivo.

Lamentablemente, esa suma de dificultades se ha ido acrecentando, pese a los esfuerzos de las sucesivas autoridades. Las causas de fondo de ese agravamiento obedecen a un esquema de gestión superior anacrónico, la lentitud de las decisiones burocráticas y las limitaciones presupuestarias.

Además, la memoria condensada en el AGN nunca ha gozado del aprecio de las autoridades. Se la mira con indiferencia, cuando no con aprensión, porque se trata de testimonios vigentes que no sólo dan cruda fe de los errores pasados, sino también de la comisión de los presentes. Lo cierto es que este tesoro histórico insustituible corre el riesgo de perderse, y quien lo permita deberá rendir cuentas por las gravísimas consecuencias de esa desidia.

Sería harto positivo, entonces, que aquellas promesas ministeriales se tornasen reales a la brevedad y que no vayan a ser meros paliativos para salir del paso, como ha ocurrido tantas otras veces. El país y su memoria merecen mejor trato.


Editorial LA NACIÓN