- ¿53 ó 121 % + ? -

Inseguridad: mucho más que cifras


Un reciente trabajo de investigación puso en claro la escalofriante situación de inseguridad en que vivimos los argentinos, más allá de la elevada sensación térmica social derivada de algunos hechos que, por su espectacularidad, sensibilizan a la opinión pública.

En efecto, según un informe del Centro de Estudios Nueva Mayoría, la tasa de delitos en la Argentina ha registrado durante el año último un incremento del 53 por ciento respecto de 1995 y del 121 por ciento frente a lo que sucedía dos décadas atrás. Mientras que hace dos décadas se cometían 1413 delitos por cada 100.000 habitantes y diez años después había 2043, en la actualidad la tasa se ubica en 3127 hechos delictivos.

A ese dato, que justifica que la cuestión de la inseguridad haya trepado al primer lugar en distintos rankings de demandas ciudadanas, hay que añadir el hecho de que, de acuerdo con la última encuesta de victimización elaborada por el Ministerio de Justicia, apenas el 26,5 por ciento de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el 29,6 por ciento de los residentes en el Gran Buenos Aires hacen la denuncia al ser víctimas de un delito.

Esto implica que las estadísticas criminales sólo captan un tercio de los hechos delictivos que tienen lugar. Entre las razones centrales de la elevada cifra en negro, compuesta por delitos que no se denuncian o que el sistema no registra, se encuentra la evidente falta de confianza ciudadana en el sistema de seguridad y justicia, por el cual tan sólo en el 2,7 por ciento de los casos se produce una sentencia condenatoria, en tanto que uno de cada tres condenados son reincidentes. Esto último demuestra la baja performance de los servicios policial, judicial y penitenciario.

Las estadísticas que aporta el mencionado trabajo desmienten algunas cifras alegres lanzadas desde ciertos despachos oficiales. También ponen en seria duda que la situación argentina en materia de seguridad sea más parecida a la de Europa que a la del continente americano, como insinuó en su momento el ministro del Interior, Aníbal Fernández.

De cualquier forma, la cuestión no debe pasar por entablar una polémica en torno de cifras. A quien ha perdido un hijo o un ser querido como consecuencia de cualquier hecho delictivo, poco le importa si los índices de delincuencia subieron o bajaron. Lo que le importa es que su caso se trate con el debido respeto y con verdadero compromiso por parte de las autoridades.

Cuando la discusión sobre el tema de la inseguridad se politiza o se ideologiza, forzando un estéril debate entre garantistas y partidarios de la llamada "mano dura", entre izquierda y derecha, o cuando desde el poder político se descalifica a quienes reclaman penas más severas diciendo que, detrás de ese reclamo, se está defendiendo a antiguos dictadores militares, simplemente se les está faltando el respeto a todos aquellos que sufrieron en carne propia los efectos de la delincuencia.

En lugar de teñir de electoralismo la discusión, debería plantearse un serio debate sobre cuestiones concretas, tales como el frágil régimen de salidas transitorias de los condenados a prisión, a la luz de los numerosos y graves delitos cometidos por algunos de sus beneficiarios. Al mismo tiempo, el Gobierno debería dar señales claras que borren la cada vez más fuerte percepción de que muchos delitos están permitidos o son tolerados pasivamente si están a cargo de adherentes al poder de turno. El hecho de que se premie con un cargo público a un líder piquetero que no duda en tomar una comisaría y de que ningún funcionario superior le llame siquiera la atención por romper las tranqueras de una estancia, en abierta violación de la propiedad privada, son ejemplos de una permisividad y de un trastrocamiento de valores que sólo pueden constituir una invitación a delinquir.

Si nada se hace frente a hechos que, como ésos, suceden a los ojos de todo el mundo, ¿con qué motivaciones concurrirá cualquier hijo de vecino a denunciar que ha sido objeto de un robo o de otro delito a manos de desconocidos? Si cunde la presunción de que el Estado no atina a cumplir su obligación de defender a la sociedad, sólo puede aguardarse que se multiplique la sensación de anomia, que nos llevará a la anarquía.

El jueves próximo, distintos sectores, con Juan Carlos Blumberg a la cabeza, se movilizarán hacia la Plaza de Mayo en demanda de seguridad. Es de esperar que, cualquiera que sea el resultado de esa manifestación, el Gobierno no se deje llevar por las pasiones electoralistas y comprenda que, hoy más que nunca, se requiere un debate serio que derive en una política de Estado para evitar que la delincuencia siga creciendo. Una política de Estado que debería comenzar con el cumplimiento de las leyes que ya existen.



Editorial La Nación

- ¿53 ó 121 % + ? -

Inseguridad: mucho más que cifras


Un reciente trabajo de investigación puso en claro la escalofriante situación de inseguridad en que vivimos los argentinos, más allá de la elevada sensación térmica social derivada de algunos hechos que, por su espectacularidad, sensibilizan a la opinión pública.

En efecto, según un informe del Centro de Estudios Nueva Mayoría, la tasa de delitos en la Argentina ha registrado durante el año último un incremento del 53 por ciento respecto de 1995 y del 121 por ciento frente a lo que sucedía dos décadas atrás. Mientras que hace dos décadas se cometían 1413 delitos por cada 100.000 habitantes y diez años después había 2043, en la actualidad la tasa se ubica en 3127 hechos delictivos.

A ese dato, que justifica que la cuestión de la inseguridad haya trepado al primer lugar en distintos rankings de demandas ciudadanas, hay que añadir el hecho de que, de acuerdo con la última encuesta de victimización elaborada por el Ministerio de Justicia, apenas el 26,5 por ciento de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el 29,6 por ciento de los residentes en el Gran Buenos Aires hacen la denuncia al ser víctimas de un delito.

Esto implica que las estadísticas criminales sólo captan un tercio de los hechos delictivos que tienen lugar. Entre las razones centrales de la elevada cifra en negro, compuesta por delitos que no se denuncian o que el sistema no registra, se encuentra la evidente falta de confianza ciudadana en el sistema de seguridad y justicia, por el cual tan sólo en el 2,7 por ciento de los casos se produce una sentencia condenatoria, en tanto que uno de cada tres condenados son reincidentes. Esto último demuestra la baja performance de los servicios policial, judicial y penitenciario.

Las estadísticas que aporta el mencionado trabajo desmienten algunas cifras alegres lanzadas desde ciertos despachos oficiales. También ponen en seria duda que la situación argentina en materia de seguridad sea más parecida a la de Europa que a la del continente americano, como insinuó en su momento el ministro del Interior, Aníbal Fernández.

De cualquier forma, la cuestión no debe pasar por entablar una polémica en torno de cifras. A quien ha perdido un hijo o un ser querido como consecuencia de cualquier hecho delictivo, poco le importa si los índices de delincuencia subieron o bajaron. Lo que le importa es que su caso se trate con el debido respeto y con verdadero compromiso por parte de las autoridades.

Cuando la discusión sobre el tema de la inseguridad se politiza o se ideologiza, forzando un estéril debate entre garantistas y partidarios de la llamada "mano dura", entre izquierda y derecha, o cuando desde el poder político se descalifica a quienes reclaman penas más severas diciendo que, detrás de ese reclamo, se está defendiendo a antiguos dictadores militares, simplemente se les está faltando el respeto a todos aquellos que sufrieron en carne propia los efectos de la delincuencia.

En lugar de teñir de electoralismo la discusión, debería plantearse un serio debate sobre cuestiones concretas, tales como el frágil régimen de salidas transitorias de los condenados a prisión, a la luz de los numerosos y graves delitos cometidos por algunos de sus beneficiarios. Al mismo tiempo, el Gobierno debería dar señales claras que borren la cada vez más fuerte percepción de que muchos delitos están permitidos o son tolerados pasivamente si están a cargo de adherentes al poder de turno. El hecho de que se premie con un cargo público a un líder piquetero que no duda en tomar una comisaría y de que ningún funcionario superior le llame siquiera la atención por romper las tranqueras de una estancia, en abierta violación de la propiedad privada, son ejemplos de una permisividad y de un trastrocamiento de valores que sólo pueden constituir una invitación a delinquir.

Si nada se hace frente a hechos que, como ésos, suceden a los ojos de todo el mundo, ¿con qué motivaciones concurrirá cualquier hijo de vecino a denunciar que ha sido objeto de un robo o de otro delito a manos de desconocidos? Si cunde la presunción de que el Estado no atina a cumplir su obligación de defender a la sociedad, sólo puede aguardarse que se multiplique la sensación de anomia, que nos llevará a la anarquía.

El jueves próximo, distintos sectores, con Juan Carlos Blumberg a la cabeza, se movilizarán hacia la Plaza de Mayo en demanda de seguridad. Es de esperar que, cualquiera que sea el resultado de esa manifestación, el Gobierno no se deje llevar por las pasiones electoralistas y comprenda que, hoy más que nunca, se requiere un debate serio que derive en una política de Estado para evitar que la delincuencia siga creciendo. Una política de Estado que debería comenzar con el cumplimiento de las leyes que ya existen.



Editorial La Nación