- LA INSEGURIDAD -

Inseguridad:

Hay funcionarios que parecen de otro país


Editorial La Nación 09.07.2006


En las últimas semanas, quienes viven en el área metropolitana asistieron a una inquietante escalada de delitos de la más variada gama. Violaciones de mujeres a la luz del día y en lugares públicos; la insólita agresión contra los transeúntes de una concurrida avenida por parte de un homicida armado que increíblemente pudo darse a la fuga; asaltos en comercios y en viviendas con una desacostumbrada dosis de violencia contra las víctimas, y secuestros extorsivos han sido algunos de los espantosos sucesos vividos.

Frente al aumento de la sensación generalizada de inseguridad, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, no tuvo mejor idea que intentar salir a calmar a la sociedad indicando que la cantidad de delitos "ha bajado" y señalando que, en materia de seguridad, la situación de la Argentina es más parecida a la de los países europeos que a los del continente americano.

Ante un problema que aflige en forma ostensible a la sociedad, carece de mayor sentido entablar una polémica en torno de estadísticas. Poco le importa al familiar de alguien salvajemente asesinado si los índices delictivos subieron o bajaron; lo que realmente le interesa es que se haga justicia y se encuentren los caminos para la prevención y la represión de cualquier acción criminal.

El titular de la cartera política también negó que la situación en materia de inseguridad y delincuencia "se haya desmadrado". Lamentablemente, las evidencias desmienten al ministro Fernández: esa situación estuvo y sigue desmadrada por diversos factores, entre los que cabe mencionar, en primerísimo lugar, la carencia de voluntad política de las autoridades para desarrollar una política de Estado contra el crimen y la violencia de todo tipo.

Más allá de las estadísticas, a nadie debería extrañarle que los delitos crezcan frente a los pésimos ejemplos que dan las autoridades nacionales con actitudes insólitamente permisivas frente a la delincuencia. En efecto, cuando se premia con cargos públicos a quienes hicieron de los cortes de rutas un deporte o a quien lideró la toma de una comisaría, los valores quedan trastrocados y se genera la percepción de que todo está permitido, al tiempo que la impunidad está virtualmente garantizada.

Otra pésima señal que invita a delinquir guarda relación con las salidas transitorias con las que se benefician muchos delincuentes que purgan condenas. Recientemente se comprobó que uno de los presuntos autores del homicidio de un policía en un banco gozaba del régimen de salidas transitorias, pese a haber sido condenado a 17 años de prisión. Este sistema puede ser positivo si se aplica a personas que reúnan ciertos requisitos fehacientemente comprobados como para tener la plena seguridad de que no burlarán la acción de la Justicia y de que son merecedores del beneficio, en virtud de un pormenorizado estudio acerca de su comportamiento probable y sus probabilidades de adecuada reinserción social. En el caso comentado, sin embargo, los hechos parecen haber demostrado que el beneficio estuvo mal concedido y que ha mediado una torpeza que debería ser sancionada, en el juez que dispuso la salida transitoria o bien en los asistentes sociales que evaluaron al recluso.

No menos graves son las recientes señales que han brindado quienes participaron de la comisión de juristas que estuvo a cargo de la redacción de un anteproyecto de reforma al Código Penal absolutamente inconveniente para ayudar a resolver la delicada situación de inseguridad y delincuencia.

Pensar que la flexibilización de las penas obrará en favor de una disminución del delito resulta a todas luces equivocado. Igual que excluir de la figura de la violación la penetración bucal por la fuerza, de manera que el depravado que fuerce al sexo oral a otra persona sólo sea condenado por acción violenta e intimidatoria. O que considerar inimputables de delitos a los menores de 18 años, cuando actualmente ese beneficio es para los menores de 16, y suprimir la agravación para los mayores cuando cometan delitos con la participación de menores.

Mientras se estudian reformas flexibilizadoras del Código Penal y mientras algunos funcionarios públicos parecen vivir en otro país, crece la coincidencia entre los habitantes del área metropolitana en que ya casi no existe sitio alguno donde sentirse seguro frente a los delincuentes, al igual que aumenta la desconfianza en las fuerzas de seguridad, que en ocasiones distan de actuar como se espera de ellas hasta el punto de que pareciera que se está en presencia de cada vez más zonas liberadas.

- LA INSEGURIDAD -

Inseguridad:

Hay funcionarios que parecen de otro país


Editorial La Nación 09.07.2006


En las últimas semanas, quienes viven en el área metropolitana asistieron a una inquietante escalada de delitos de la más variada gama. Violaciones de mujeres a la luz del día y en lugares públicos; la insólita agresión contra los transeúntes de una concurrida avenida por parte de un homicida armado que increíblemente pudo darse a la fuga; asaltos en comercios y en viviendas con una desacostumbrada dosis de violencia contra las víctimas, y secuestros extorsivos han sido algunos de los espantosos sucesos vividos.

Frente al aumento de la sensación generalizada de inseguridad, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, no tuvo mejor idea que intentar salir a calmar a la sociedad indicando que la cantidad de delitos "ha bajado" y señalando que, en materia de seguridad, la situación de la Argentina es más parecida a la de los países europeos que a los del continente americano.

Ante un problema que aflige en forma ostensible a la sociedad, carece de mayor sentido entablar una polémica en torno de estadísticas. Poco le importa al familiar de alguien salvajemente asesinado si los índices delictivos subieron o bajaron; lo que realmente le interesa es que se haga justicia y se encuentren los caminos para la prevención y la represión de cualquier acción criminal.

El titular de la cartera política también negó que la situación en materia de inseguridad y delincuencia "se haya desmadrado". Lamentablemente, las evidencias desmienten al ministro Fernández: esa situación estuvo y sigue desmadrada por diversos factores, entre los que cabe mencionar, en primerísimo lugar, la carencia de voluntad política de las autoridades para desarrollar una política de Estado contra el crimen y la violencia de todo tipo.

Más allá de las estadísticas, a nadie debería extrañarle que los delitos crezcan frente a los pésimos ejemplos que dan las autoridades nacionales con actitudes insólitamente permisivas frente a la delincuencia. En efecto, cuando se premia con cargos públicos a quienes hicieron de los cortes de rutas un deporte o a quien lideró la toma de una comisaría, los valores quedan trastrocados y se genera la percepción de que todo está permitido, al tiempo que la impunidad está virtualmente garantizada.

Otra pésima señal que invita a delinquir guarda relación con las salidas transitorias con las que se benefician muchos delincuentes que purgan condenas. Recientemente se comprobó que uno de los presuntos autores del homicidio de un policía en un banco gozaba del régimen de salidas transitorias, pese a haber sido condenado a 17 años de prisión. Este sistema puede ser positivo si se aplica a personas que reúnan ciertos requisitos fehacientemente comprobados como para tener la plena seguridad de que no burlarán la acción de la Justicia y de que son merecedores del beneficio, en virtud de un pormenorizado estudio acerca de su comportamiento probable y sus probabilidades de adecuada reinserción social. En el caso comentado, sin embargo, los hechos parecen haber demostrado que el beneficio estuvo mal concedido y que ha mediado una torpeza que debería ser sancionada, en el juez que dispuso la salida transitoria o bien en los asistentes sociales que evaluaron al recluso.

No menos graves son las recientes señales que han brindado quienes participaron de la comisión de juristas que estuvo a cargo de la redacción de un anteproyecto de reforma al Código Penal absolutamente inconveniente para ayudar a resolver la delicada situación de inseguridad y delincuencia.

Pensar que la flexibilización de las penas obrará en favor de una disminución del delito resulta a todas luces equivocado. Igual que excluir de la figura de la violación la penetración bucal por la fuerza, de manera que el depravado que fuerce al sexo oral a otra persona sólo sea condenado por acción violenta e intimidatoria. O que considerar inimputables de delitos a los menores de 18 años, cuando actualmente ese beneficio es para los menores de 16, y suprimir la agravación para los mayores cuando cometan delitos con la participación de menores.

Mientras se estudian reformas flexibilizadoras del Código Penal y mientras algunos funcionarios públicos parecen vivir en otro país, crece la coincidencia entre los habitantes del área metropolitana en que ya casi no existe sitio alguno donde sentirse seguro frente a los delincuentes, al igual que aumenta la desconfianza en las fuerzas de seguridad, que en ocasiones distan de actuar como se espera de ellas hasta el punto de que pareciera que se está en presencia de cada vez más zonas liberadas.