- OBSERVATORIO -

Vigilar a la prensa libre no es una tarea propia del Estado


La irracional embestida que el gobierno nacional ha lanzado en los últimos días contra la libertad de prensa se basa en una concepción del poder de trasnochada filiación autoritaria. En efecto: se ha anunciado que el periodismo independiente será observado y controlado, de aquí en adelante, como si fuera un apéndice más del sistema institucional del Estado. A esa finalidad estará dedicado, de acuerdo con lo que ha manifestado la propia Presidenta de la Nación, el llamado Observatorio de los Medios de Comunicación, confuso organismo creado en octubre de 2006, sobre el cual han tenido jurisdicción, sucesiva o alternativamente, el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Por supuesto, la idea de que el periodismo sea objeto de un seguimiento que permita estudiar y conocer en detalle sus tendencias y orientaciones no tiene, en realidad, nada de novedoso, ya que lo propio y natural de los medios periodísticos es estar permanentemente expuestos a la observación pública y, por lo tanto, es inevitable que sus contenidos sean amplia y absolutamente conocidos por los diferentes sectores de la sociedad.

Pero resulta inaceptable que esa tarea de observación y control esté a cargo de organismos pertenecientes a la órbita del Poder Ejecutivo nacional. En un país regido por los altos principios que garantizan la libertad de prensa y la plena diversidad de las opiniones ciudadanas, lo que corresponde es que ese Observatorio de los Medios de Comunicación sea un ente creado y administrado por las organizaciones de la sociedad civil, no un órgano sometido a la vigilancia compulsiva del Estado. Ese es justamente el carácter que revisten esos observatorios en aquellos países comprometidos con el pleno respeto a las libertades de pensamiento, de conciencia, de expresión y de opinión.

El periodismo tiene una misión esencial: contribuir a que los gobernados observen y controlen a los gobernantes. La existencia de un sistema de medios periodísticos independientes permite que los ciudadanos se mantengan informados acerca de los movimientos de quienes ejercen las funciones de gobierno y ésa es una manera de reforzar la estructura constitucional que coloca a los integrantes del poder público bajo la mirada escrutadora y vigilante de los ciudadanos. La prensa es, entonces, por naturaleza, uno de los agentes sociales que ayudan a observar, vigilar y controlar a los miembros del Gobierno.

La idea de que el propio periodismo pase a ser ahora el observado distorsiona y contradice los clásicos principios del constitucionalismo fundado en una organización institucional de rigurosa base democrática.

Por otra parte, el periodismo tiene también la misión de "construir ciudadanía", de contribuir a que los gobernantes y los gobernados se relacionen y se mantengan vinculados, sepan cuándo están hablando de las mismas cosas y cuándo están hablando de cosas diferentes.

Para que la "gente común" comprenda sin dificultad el lenguaje de los gobernantes y sepa de inmediato "de qué se trata" -por emplear la expresión clásica que resumió el espíritu de las jornadas de mayo de 1810- es necesaria la existencia de un sistema de medios informativos que articule constructiva y adecuadamente a los ciudadanos con el poder. Para eso no hacen falta, desde luego, organismos intimidatorios o controladores. Basta, simplemente, con que unos y otros hablen sin dobleces y reflejen sin distorsiones sus diferentes y particulares visiones de la realidad en un garantizado contexto de libertad, pluralismo y transparencia.

Cuando desde la Presidencia de la Nación se pretende vigilar a los medios informativos con el aparente propósito de condicionar o uniformar sus mensajes, la ciudadanía percibe que algo esencial se empieza a disgregar o a romper en el corazón de la República y que comienza a desvanecerse el sentimiento social de pertenencia a un destino común. Está probado que la imposición de un discurso único a los distintos medios de comunicación, lejos de producir un efecto unificador, desgarra y deteriora el espíritu de unidad nacional. La intolerancia y el autoritarismo son los peores consejeros cuando lo que se pretende es construir un camino de coincidencias que ilumine el horizonte hacia el cual deseamos avanzar como ciudadanos, hijos naturales de la diversidad democrática.

En una sociedad como la argentina, que tanto ha sufrido en las últimas décadas resultado de los autoritarismos violentos y de los abusos de poder, es lamentable que se insista en intimidar a los medios periodísticos para que sirvan a la difusión del clásico discurso "monocorde y único", estructurado a la medida de los intereses del poder.

Cuando la prensa no tiene garantizada su libertad, cuando se perciben en los gobernantes intentos trasnochados de unificar la información y de suprimir las naturales y enriquecedoras manifestaciones de diversidad que conviven en el conjunto social y son registradas por el periodismo independiente, se empobrece la vida cultural del conjunto y se cierran las compuertas del crecimiento espiritual de la República. Un país que no vislumbra alternativas en su marcha hacia el porvenir es, fuera de toda duda, un país que ha dejado de crear, de soñar, de inventarse destinos alternativos. El Observatorio que se impulsa, obsesivamente regido por el Estado, procura desalentar toda posibilidad de crecer hacia la diversidad. Los argentinos merecemos algo más que ese implacable empobrecimiento de nuestro destino.

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Vigilar a la prensa libre no es una tarea propia del Estado


La irracional embestida que el gobierno nacional ha lanzado en los últimos días contra la libertad de prensa se basa en una concepción del poder de trasnochada filiación autoritaria. En efecto: se ha anunciado que el periodismo independiente será observado y controlado, de aquí en adelante, como si fuera un apéndice más del sistema institucional del Estado. A esa finalidad estará dedicado, de acuerdo con lo que ha manifestado la propia Presidenta de la Nación, el llamado Observatorio de los Medios de Comunicación, confuso organismo creado en octubre de 2006, sobre el cual han tenido jurisdicción, sucesiva o alternativamente, el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Por supuesto, la idea de que el periodismo sea objeto de un seguimiento que permita estudiar y conocer en detalle sus tendencias y orientaciones no tiene, en realidad, nada de novedoso, ya que lo propio y natural de los medios periodísticos es estar permanentemente expuestos a la observación pública y, por lo tanto, es inevitable que sus contenidos sean amplia y absolutamente conocidos por los diferentes sectores de la sociedad.

Pero resulta inaceptable que esa tarea de observación y control esté a cargo de organismos pertenecientes a la órbita del Poder Ejecutivo nacional. En un país regido por los altos principios que garantizan la libertad de prensa y la plena diversidad de las opiniones ciudadanas, lo que corresponde es que ese Observatorio de los Medios de Comunicación sea un ente creado y administrado por las organizaciones de la sociedad civil, no un órgano sometido a la vigilancia compulsiva del Estado. Ese es justamente el carácter que revisten esos observatorios en aquellos países comprometidos con el pleno respeto a las libertades de pensamiento, de conciencia, de expresión y de opinión.

El periodismo tiene una misión esencial: contribuir a que los gobernados observen y controlen a los gobernantes. La existencia de un sistema de medios periodísticos independientes permite que los ciudadanos se mantengan informados acerca de los movimientos de quienes ejercen las funciones de gobierno y ésa es una manera de reforzar la estructura constitucional que coloca a los integrantes del poder público bajo la mirada escrutadora y vigilante de los ciudadanos. La prensa es, entonces, por naturaleza, uno de los agentes sociales que ayudan a observar, vigilar y controlar a los miembros del Gobierno.

La idea de que el propio periodismo pase a ser ahora el observado distorsiona y contradice los clásicos principios del constitucionalismo fundado en una organización institucional de rigurosa base democrática.

Por otra parte, el periodismo tiene también la misión de "construir ciudadanía", de contribuir a que los gobernantes y los gobernados se relacionen y se mantengan vinculados, sepan cuándo están hablando de las mismas cosas y cuándo están hablando de cosas diferentes.

Para que la "gente común" comprenda sin dificultad el lenguaje de los gobernantes y sepa de inmediato "de qué se trata" -por emplear la expresión clásica que resumió el espíritu de las jornadas de mayo de 1810- es necesaria la existencia de un sistema de medios informativos que articule constructiva y adecuadamente a los ciudadanos con el poder. Para eso no hacen falta, desde luego, organismos intimidatorios o controladores. Basta, simplemente, con que unos y otros hablen sin dobleces y reflejen sin distorsiones sus diferentes y particulares visiones de la realidad en un garantizado contexto de libertad, pluralismo y transparencia.

Cuando desde la Presidencia de la Nación se pretende vigilar a los medios informativos con el aparente propósito de condicionar o uniformar sus mensajes, la ciudadanía percibe que algo esencial se empieza a disgregar o a romper en el corazón de la República y que comienza a desvanecerse el sentimiento social de pertenencia a un destino común. Está probado que la imposición de un discurso único a los distintos medios de comunicación, lejos de producir un efecto unificador, desgarra y deteriora el espíritu de unidad nacional. La intolerancia y el autoritarismo son los peores consejeros cuando lo que se pretende es construir un camino de coincidencias que ilumine el horizonte hacia el cual deseamos avanzar como ciudadanos, hijos naturales de la diversidad democrática.

En una sociedad como la argentina, que tanto ha sufrido en las últimas décadas resultado de los autoritarismos violentos y de los abusos de poder, es lamentable que se insista en intimidar a los medios periodísticos para que sirvan a la difusión del clásico discurso "monocorde y único", estructurado a la medida de los intereses del poder.

Cuando la prensa no tiene garantizada su libertad, cuando se perciben en los gobernantes intentos trasnochados de unificar la información y de suprimir las naturales y enriquecedoras manifestaciones de diversidad que conviven en el conjunto social y son registradas por el periodismo independiente, se empobrece la vida cultural del conjunto y se cierran las compuertas del crecimiento espiritual de la República. Un país que no vislumbra alternativas en su marcha hacia el porvenir es, fuera de toda duda, un país que ha dejado de crear, de soñar, de inventarse destinos alternativos. El Observatorio que se impulsa, obsesivamente regido por el Estado, procura desalentar toda posibilidad de crecer hacia la diversidad. Los argentinos merecemos algo más que ese implacable empobrecimiento de nuestro destino.