- MEJOR ADMINISTRACION -

Una mejor administración de la ciudad


El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha enfrentado al comienzo de su gestión un conjunto de cuestiones que tienen que ver con la calidad y el costo de la administración del principal centro urbano del país. La concepción general de las iniciativas expuestas por las autoridades han sido correctas y responden a los deseos de la mayor parte de los habitantes, no sólo de Buenos Aires, sino seguramente de las zonas urbanas del resto del país. De ahí la importancia de sus resultados, ya que operarán como "efecto demostración" y facilitarán iniciativas similares en otras jurisdicciones.

El ordenamiento de las manifestaciones callejeras, como se lo hace en todos los países civilizados, no debiera haber despertado oposición. Sin embargo, los líderes piqueteros, algunos dirigentes gremiales y funcionarios nacionales, y políticos afines a éstos se opusieron. Parecen no entender que la sociedad está ya cansada de los cortes de rutas y calles que conculcan el derecho constitucional de circular libremente. Con objeciones cargadas de hipocresía, se acusó al gobierno de la ciudad de intentar afectar el derecho de expresión, cuando de lo que se trata es justamente de conciliar ambos derechos.

También ha habido resistencia a la no renovación de los contratos vencidos de 2400 personas. Estos empleados no tenían relación permanente con el gobierno porteño y en su gran mayoría desempeñaban tareas prescindibles o transferibles a otros empleados y funcionarios. Muchos de ellos no desarrollaban labor alguna y se encontraron casos en que ni siquiera tenían residencia en la Argentina. La jueza Elena Liberatore falló en primera instancia a favor del reclamo gremial de reincorporar, o más precisamente de incorporar a estas personas, que ya no tenían contrato vigente. El fallo ha sido apelado y la jueza fue acusada de hacer abuso de poder.

La misma jueza dio lugar a sucesivas acciones de amparo frente a la decisión de la ciudad, avalada por una ley de la Legislatura, de intervenir la obra social de los empleados de esta jurisdicción. Un objetivo de la intervención, entre otros, es permitir la libertad de elección de cualquier otra obra social, para superar la cautividad que rige actualmente. Se trata de un paso positivo y reclamado por los trabajadores, aunque obviamente rechazado por los dirigentes gremiales.

Estos dos conflictos entre el ejecutivo local y la Justicia han puesto en evidencia las dificultades que deberán enfrentarse toda vez que se encaren planes de racionalización en el sector público. Estos planes no debieran ser demorados, aunque su aplicación deba respetar la gradualidad y la necesaria introducción de medidas para evitar consecuencias sociales. Lo que no se puede hacer es desconocer la necesidad de reformas administrativas que permitan mejorar la calidad del gasto público y reducirlo en la mayor medida posible. La ciudad de Buenos Aires es un caso emblemático. Los vecinos y su ciudad no están bien atendidos y hay un evidente deterioro en muchísimos aspectos de la vida urbana. Mientras tanto, la cantidad de empleados públicos ha crecido constantemente al alcanzar en la actualidad alrededor de 120.000. La comuna de París, con una extensión y población similares y con funciones de alcance comparable, dispone de 47.000 empleados. Allí, la ciudad está limpia y bien mantenida, y los contribuyentes municipales ven retribuidos sus impuestos con servicios y obras incomparablemente mejores que los de los sufridos porteños.

Estas primeras acciones del gobierno de la ciudad merecen ser apoyadas, pero a la mayor brevedad debiera conocerse un programa integral de reforma administrativa. Esta reforma debería partir del diseño de una organización administrativa moderna y eficiente, que constituya el objetivo al cual deberá dirigirse la reforma en un proceso que minimice el costo social inmediato, pero logre, finalmente, inmensos beneficios para todos los vecinos y para el país.

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Una mejor administración de la ciudad


El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha enfrentado al comienzo de su gestión un conjunto de cuestiones que tienen que ver con la calidad y el costo de la administración del principal centro urbano del país. La concepción general de las iniciativas expuestas por las autoridades han sido correctas y responden a los deseos de la mayor parte de los habitantes, no sólo de Buenos Aires, sino seguramente de las zonas urbanas del resto del país. De ahí la importancia de sus resultados, ya que operarán como "efecto demostración" y facilitarán iniciativas similares en otras jurisdicciones.

El ordenamiento de las manifestaciones callejeras, como se lo hace en todos los países civilizados, no debiera haber despertado oposición. Sin embargo, los líderes piqueteros, algunos dirigentes gremiales y funcionarios nacionales, y políticos afines a éstos se opusieron. Parecen no entender que la sociedad está ya cansada de los cortes de rutas y calles que conculcan el derecho constitucional de circular libremente. Con objeciones cargadas de hipocresía, se acusó al gobierno de la ciudad de intentar afectar el derecho de expresión, cuando de lo que se trata es justamente de conciliar ambos derechos.

También ha habido resistencia a la no renovación de los contratos vencidos de 2400 personas. Estos empleados no tenían relación permanente con el gobierno porteño y en su gran mayoría desempeñaban tareas prescindibles o transferibles a otros empleados y funcionarios. Muchos de ellos no desarrollaban labor alguna y se encontraron casos en que ni siquiera tenían residencia en la Argentina. La jueza Elena Liberatore falló en primera instancia a favor del reclamo gremial de reincorporar, o más precisamente de incorporar a estas personas, que ya no tenían contrato vigente. El fallo ha sido apelado y la jueza fue acusada de hacer abuso de poder.

La misma jueza dio lugar a sucesivas acciones de amparo frente a la decisión de la ciudad, avalada por una ley de la Legislatura, de intervenir la obra social de los empleados de esta jurisdicción. Un objetivo de la intervención, entre otros, es permitir la libertad de elección de cualquier otra obra social, para superar la cautividad que rige actualmente. Se trata de un paso positivo y reclamado por los trabajadores, aunque obviamente rechazado por los dirigentes gremiales.

Estos dos conflictos entre el ejecutivo local y la Justicia han puesto en evidencia las dificultades que deberán enfrentarse toda vez que se encaren planes de racionalización en el sector público. Estos planes no debieran ser demorados, aunque su aplicación deba respetar la gradualidad y la necesaria introducción de medidas para evitar consecuencias sociales. Lo que no se puede hacer es desconocer la necesidad de reformas administrativas que permitan mejorar la calidad del gasto público y reducirlo en la mayor medida posible. La ciudad de Buenos Aires es un caso emblemático. Los vecinos y su ciudad no están bien atendidos y hay un evidente deterioro en muchísimos aspectos de la vida urbana. Mientras tanto, la cantidad de empleados públicos ha crecido constantemente al alcanzar en la actualidad alrededor de 120.000. La comuna de París, con una extensión y población similares y con funciones de alcance comparable, dispone de 47.000 empleados. Allí, la ciudad está limpia y bien mantenida, y los contribuyentes municipales ven retribuidos sus impuestos con servicios y obras incomparablemente mejores que los de los sufridos porteños.

Estas primeras acciones del gobierno de la ciudad merecen ser apoyadas, pero a la mayor brevedad debiera conocerse un programa integral de reforma administrativa. Esta reforma debería partir del diseño de una organización administrativa moderna y eficiente, que constituya el objetivo al cual deberá dirigirse la reforma en un proceso que minimice el costo social inmediato, pero logre, finalmente, inmensos beneficios para todos los vecinos y para el país.