- CONTRA LAS DROGAS

Drogas: coordinar esfuerzos


Resulta imposible emprender una campaña contra el narcotráfico sin planificación, inteligencia y acciones coordinadas.

En los últimos días, se suscitó una controversia entre dos altos funcionarios del gobierno nacional por el control de la lucha contra la drogadicción. Se trata del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, y del titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Ramón Granero.

La causa que desató el conflicto fue el lanzamiento por parte del ministro Fernández de un programa para atacar el núcleo del narcotráfico, que incluye una encuesta sobre el consumo de drogas y la creación de un comité científico, casi al mismo tiempo en que se conocieron los resultados de otro sondeo encargado por la Sedronar.

El ministro de Justicia destacó que para tener un diagnóstico correcto resultaba necesario realizar una encuesta, que estará a cargo del cada vez más devaluado y menos confiable Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que abarcará 51.000 hogares del segundo y el tercer cordón del conurbano bonaerense, y de las ciudades de La Plata, Mar del Plata, Batán, Rosario, Córdoba, Tucumán y Mendoza. Asimismo, Fernández anunció la creación de un comité científico, del que participarán ad honórem varios magistrados, que analizará la situación real del consumo de drogas en la calle y una propuesta de soluciones para este problema.

Simultáneamente a esos anuncios se conocieron las conclusiones del tercer estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas, encargado por la Sedronar a una consultora privada, que arrojó resultados alarmantes y estremecedores. El trabajo de campo fue efectuado en 2006 sobre 56.000 casos y tomó en cuenta la población de entre 12 y 65 años. En cuanto al consumo de drogas ilegales, el estudió determinó que en el país hay unas 440.000 personas que son consumidoras habituales de cocaína. La marihuana es la sustancia más usada: el 6,9 por ciento de los encuestados (cifra que, proyectada, equivale a 1,2 millones de personas) admitió haber probado esa droga en el último año. Además, el consumo del paco y del éxtasis se verificó en el 0,5 por ciento de la muestra, algo más de 80.000 personas.

Si se consideran las sustancias psicoactivas de venta libre, se advierte el elevado consumo de alcohol, especialmente por parte de los adolescentes, ya que el 42,2 por ciento de los chicos entre los 12 y los 17 años aseguró tomar cerveza o vino. Esta cifra se eleva al 74,5 por ciento en el segmento entre los 18 y los 24 años.

Asimismo, el 6,9 por ciento de los jóvenes en edad escolar manifestó consumir marihuana y el 2,4 por ciento, cocaína. Los especialistas toman como la población de mayor riesgo aquella que acepta haber consumido sustancias psicoactivas en el último mes. En ese caso, entre las personas de 12 a 65 años, el 4,4 por ciento (unas 771.000 personas) se refirió al consumo habitual de marihuana, en tanto que el 1,6 por ciento (277.000 personas) admitió consumir cocaína.

En nuestro editorial del 4 de junio del año último, señalamos que resultaba preocupante advertir los múltiples problemas que existen para combatir eficazmente el narcotráfico como, por ejemplo, la escasez presupuestaria, la falta de capacitación y equipamiento adecuado por parte de las fuerzas de seguridad, la complicidad de algunos de sus integrantes, las desacertadas decisiones judiciales, la desidia y la ineficiencia. Se suma a esto el hecho de que los integrantes de las fuerzas de seguridad no han participado últimamente de las reuniones de coordinación que se realizan en la Sedronar, y tampoco comparten los datos de sus procedimientos.

A todas estas vulnerabilidades, que por cierto favorecen el tráfico y el consumo de estupefacientes, no deben añadirse otras nuevas. En consecuencia, no parece razonable que habiendo un estudio que se viene realizando cada dos años, como una tarea habitual y propia de la Sedronar, con una muestra similar y para realizar el mismo diagnóstico que el buscado por el ministro Fernández, se dupliquen los esfuerzos y se inviertan más recursos económicos y un tiempo valioso que podrían emplearse en otras acciones tendientes a enfrentar esta problemática.

Por otro lado, y en las cuestiones vinculadas con el narcotráfico, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y la Sedronar tienen competencias específicas que deben complementarse. El enemigo al que se enfrentan es demasiado poderoso como para seguir dilapidando esfuerzos en la búsqueda de réditos políticos o de mayores cuotas de poder, en lugar de diseñar y ejecutar políticas y estrategias en forma conjunta y coordinada en pos de un mismo y único objetivo: derrotarlo.

- CONTRA LAS DROGAS

Drogas: coordinar esfuerzos


Resulta imposible emprender una campaña contra el narcotráfico sin planificación, inteligencia y acciones coordinadas.

En los últimos días, se suscitó una controversia entre dos altos funcionarios del gobierno nacional por el control de la lucha contra la drogadicción. Se trata del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, y del titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Ramón Granero.

La causa que desató el conflicto fue el lanzamiento por parte del ministro Fernández de un programa para atacar el núcleo del narcotráfico, que incluye una encuesta sobre el consumo de drogas y la creación de un comité científico, casi al mismo tiempo en que se conocieron los resultados de otro sondeo encargado por la Sedronar.

El ministro de Justicia destacó que para tener un diagnóstico correcto resultaba necesario realizar una encuesta, que estará a cargo del cada vez más devaluado y menos confiable Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que abarcará 51.000 hogares del segundo y el tercer cordón del conurbano bonaerense, y de las ciudades de La Plata, Mar del Plata, Batán, Rosario, Córdoba, Tucumán y Mendoza. Asimismo, Fernández anunció la creación de un comité científico, del que participarán ad honórem varios magistrados, que analizará la situación real del consumo de drogas en la calle y una propuesta de soluciones para este problema.

Simultáneamente a esos anuncios se conocieron las conclusiones del tercer estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas, encargado por la Sedronar a una consultora privada, que arrojó resultados alarmantes y estremecedores. El trabajo de campo fue efectuado en 2006 sobre 56.000 casos y tomó en cuenta la población de entre 12 y 65 años. En cuanto al consumo de drogas ilegales, el estudió determinó que en el país hay unas 440.000 personas que son consumidoras habituales de cocaína. La marihuana es la sustancia más usada: el 6,9 por ciento de los encuestados (cifra que, proyectada, equivale a 1,2 millones de personas) admitió haber probado esa droga en el último año. Además, el consumo del paco y del éxtasis se verificó en el 0,5 por ciento de la muestra, algo más de 80.000 personas.

Si se consideran las sustancias psicoactivas de venta libre, se advierte el elevado consumo de alcohol, especialmente por parte de los adolescentes, ya que el 42,2 por ciento de los chicos entre los 12 y los 17 años aseguró tomar cerveza o vino. Esta cifra se eleva al 74,5 por ciento en el segmento entre los 18 y los 24 años.

Asimismo, el 6,9 por ciento de los jóvenes en edad escolar manifestó consumir marihuana y el 2,4 por ciento, cocaína. Los especialistas toman como la población de mayor riesgo aquella que acepta haber consumido sustancias psicoactivas en el último mes. En ese caso, entre las personas de 12 a 65 años, el 4,4 por ciento (unas 771.000 personas) se refirió al consumo habitual de marihuana, en tanto que el 1,6 por ciento (277.000 personas) admitió consumir cocaína.

En nuestro editorial del 4 de junio del año último, señalamos que resultaba preocupante advertir los múltiples problemas que existen para combatir eficazmente el narcotráfico como, por ejemplo, la escasez presupuestaria, la falta de capacitación y equipamiento adecuado por parte de las fuerzas de seguridad, la complicidad de algunos de sus integrantes, las desacertadas decisiones judiciales, la desidia y la ineficiencia. Se suma a esto el hecho de que los integrantes de las fuerzas de seguridad no han participado últimamente de las reuniones de coordinación que se realizan en la Sedronar, y tampoco comparten los datos de sus procedimientos.

A todas estas vulnerabilidades, que por cierto favorecen el tráfico y el consumo de estupefacientes, no deben añadirse otras nuevas. En consecuencia, no parece razonable que habiendo un estudio que se viene realizando cada dos años, como una tarea habitual y propia de la Sedronar, con una muestra similar y para realizar el mismo diagnóstico que el buscado por el ministro Fernández, se dupliquen los esfuerzos y se inviertan más recursos económicos y un tiempo valioso que podrían emplearse en otras acciones tendientes a enfrentar esta problemática.

Por otro lado, y en las cuestiones vinculadas con el narcotráfico, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y la Sedronar tienen competencias específicas que deben complementarse. El enemigo al que se enfrentan es demasiado poderoso como para seguir dilapidando esfuerzos en la búsqueda de réditos políticos o de mayores cuotas de poder, en lugar de diseñar y ejecutar políticas y estrategias en forma conjunta y coordinada en pos de un mismo y único objetivo: derrotarlo.