- EL JUEGO -

El juego en la ciudad


A la complicada discusión por el traspaso de la seguridad, de la Justicia, del manejo del transporte y del puerto -con sus correspondientes recursos- a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se agrega un nuevo elemento: quién debe regular el juego en el territorio porteño.

La cuestión deberá ser dilucidada con premura por el gobierno nacional, por medio de la Lotería Nacional, que deberá llamar a una licitación para adjudicar por otros 10 años los cinco bingos que operan en la metrópoli a operadores privados.

La explotación de esas salas de juego está en vigor desde 1993, antes de que el distrito porteño lograra su autonomía. En 1995, todos estaban funcionando. Sus contratos vencieron en septiembre de 2005. La Lotería Nacional los extendió por dos años más, hasta septiembre de este año.

El llamado a licitación se hizo en franca contraposición a una convocatoria similar efectuada con anterioridad por el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. En septiembre de 2005, un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la ciudad decidió que sólo la justicia porteña tiene facultades sobre el juego en el distrito.

Posteriormente, el juez Roberto Gallardo, siguiendo esa misma línea de interpretación, ordenó a la Lotería Nacional que suspendiera la licitación, ya que, según consideró, la iniciativa "de convocar a un proceso de selección de agentes operadores de los bingos carecería de andamiaje constitucional y legal, implicando además un fuerte menoscabo a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, consagrada por la Constitución Nacional en 1994. Ello es así -agregó- en tanto la materia lúdica es un asunto claramente local".

El gobierno porteño y las autoridades que asumirán el 10 de diciembre próximo afirman que tanto la Constitución local como una ley sancionada por la Legislatura establecen que es la ciudad la que debe controlar el juego una vez cumplido el plazo de esas concesiones. La carta orgánica porteña establece en su artículo 50: "La ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, no siendo admitida la privatización o concesión, salvo en lo que se refiera a agencias de distribución y expendio". Más aún, en todo el país son las provincias las que manejan los bingos y los casinos.

Pero además de determinar a quién le corresponde regular el juego en la ciudad (lo que parece surgir claramente de la normas), se deberá prestar especial atención a las condiciones en las que la Lotería Nacional ha efectuado el llamado a licitación para la explotación por 10 años de los cinco bingos porteños.

Existe la posibilidad de que se prohíba la instalación de máquinas tragamonedas, condición que no se mencionaba cuando fueron licitadas y adjudicadas las salas de juego en 1993. Por consiguiente, a los bingos porteños les estaría vedado acceder a la mayor fuente de ingresos por el juego, como lo son las máquinas de resolución inmediata, o tragamonedas.

Sin embargo, en la ciudad hay máquinas de ese tipo, instaladas en el Hipódromo de Palermo y en los casinos flotantes de Puerto Madero. En ellas, el empresario patagónico Cristóbal López, cercano al presidente Néstor Kirchner, tiene una importante participación. En 2002, un decreto de la Lotería Nacional habilitó al Hipódromo de Palermo para la instalación de máquinas tragamonedas.

Al frente del organismo de juego nacional se encontraba Carlos Alberto Gallo, firmante del decreto y, curiosamente, el mismo funcionario que hoy, como presidente del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad, habría avalado que la Nación siga decidiendo sobre los bingos porteños.

La decisión de prohibir la instalación de máquinas tragamonedas en los cinco bingos porteños constituye, desde una perspectiva social, una saludable medida, ya que reduce en parte la oferta del juego, hábito improductivo, generador de muchos trastornos para el jugador habitual.

Lo decidido por la Lotería Nacional resulta harto preocupante. El Estado, más allá de emitir señales equívocas con la promoción del dinero fácil por medio del juego, debe procurar no generar dudas e interrogantes en la opinión pública sobre sectores que dejan ganancias millonarias y que, como en este caso, involucran a empresarios cercanos al poder político.

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El juego en la ciudad


A la complicada discusión por el traspaso de la seguridad, de la Justicia, del manejo del transporte y del puerto -con sus correspondientes recursos- a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se agrega un nuevo elemento: quién debe regular el juego en el territorio porteño.

La cuestión deberá ser dilucidada con premura por el gobierno nacional, por medio de la Lotería Nacional, que deberá llamar a una licitación para adjudicar por otros 10 años los cinco bingos que operan en la metrópoli a operadores privados.

La explotación de esas salas de juego está en vigor desde 1993, antes de que el distrito porteño lograra su autonomía. En 1995, todos estaban funcionando. Sus contratos vencieron en septiembre de 2005. La Lotería Nacional los extendió por dos años más, hasta septiembre de este año.

El llamado a licitación se hizo en franca contraposición a una convocatoria similar efectuada con anterioridad por el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. En septiembre de 2005, un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la ciudad decidió que sólo la justicia porteña tiene facultades sobre el juego en el distrito.

Posteriormente, el juez Roberto Gallardo, siguiendo esa misma línea de interpretación, ordenó a la Lotería Nacional que suspendiera la licitación, ya que, según consideró, la iniciativa "de convocar a un proceso de selección de agentes operadores de los bingos carecería de andamiaje constitucional y legal, implicando además un fuerte menoscabo a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, consagrada por la Constitución Nacional en 1994. Ello es así -agregó- en tanto la materia lúdica es un asunto claramente local".

El gobierno porteño y las autoridades que asumirán el 10 de diciembre próximo afirman que tanto la Constitución local como una ley sancionada por la Legislatura establecen que es la ciudad la que debe controlar el juego una vez cumplido el plazo de esas concesiones. La carta orgánica porteña establece en su artículo 50: "La ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, no siendo admitida la privatización o concesión, salvo en lo que se refiera a agencias de distribución y expendio". Más aún, en todo el país son las provincias las que manejan los bingos y los casinos.

Pero además de determinar a quién le corresponde regular el juego en la ciudad (lo que parece surgir claramente de la normas), se deberá prestar especial atención a las condiciones en las que la Lotería Nacional ha efectuado el llamado a licitación para la explotación por 10 años de los cinco bingos porteños.

Existe la posibilidad de que se prohíba la instalación de máquinas tragamonedas, condición que no se mencionaba cuando fueron licitadas y adjudicadas las salas de juego en 1993. Por consiguiente, a los bingos porteños les estaría vedado acceder a la mayor fuente de ingresos por el juego, como lo son las máquinas de resolución inmediata, o tragamonedas.

Sin embargo, en la ciudad hay máquinas de ese tipo, instaladas en el Hipódromo de Palermo y en los casinos flotantes de Puerto Madero. En ellas, el empresario patagónico Cristóbal López, cercano al presidente Néstor Kirchner, tiene una importante participación. En 2002, un decreto de la Lotería Nacional habilitó al Hipódromo de Palermo para la instalación de máquinas tragamonedas.

Al frente del organismo de juego nacional se encontraba Carlos Alberto Gallo, firmante del decreto y, curiosamente, el mismo funcionario que hoy, como presidente del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad, habría avalado que la Nación siga decidiendo sobre los bingos porteños.

La decisión de prohibir la instalación de máquinas tragamonedas en los cinco bingos porteños constituye, desde una perspectiva social, una saludable medida, ya que reduce en parte la oferta del juego, hábito improductivo, generador de muchos trastornos para el jugador habitual.

Lo decidido por la Lotería Nacional resulta harto preocupante. El Estado, más allá de emitir señales equívocas con la promoción del dinero fácil por medio del juego, debe procurar no generar dudas e interrogantes en la opinión pública sobre sectores que dejan ganancias millonarias y que, como en este caso, involucran a empresarios cercanos al poder político.