- POR LA PAZ -

La prédica por la paz

"Mesura y concordia", he ahí el título de un editorial reciente de este diario

Editorial La Nación

Mesura para serenar los ánimos, para que el uso de la prodigiosa lengua española se emplee más en el diálogo y la comunicación creativa y menos en la destemplada descalificación de aquellos que opinan de diferente manera; mesura, a fin de que la reflexión encuentre el ámbito propicio disminuido por la agitación permanente y pueda acuciar el interés por cuestiones de fondo cuya dilucidación mal podría dilatarse: ¿hacia dónde va el país? ¿Qué ha de ser de él, en cinco, diez o veinte años más? ¿A qué tipo de mundo aspiran a ser parte los argentinos? ¿Qué importancia se acuerda a si el país es previsible o no ante la comunidad internacional o a si hace algo para mejorar su rango en esa exigente e ineludible materia?

Concordia, también, para que los conflictos que, como es natural, se suscitan en todas las sociedades se resuelvan en paz y de conformidad con la ley y no con la ruptura del orden establecido. Hay una ley de gravedad institucional y de notable impacto social que se degrada en instancias en apariencia formales. Sucede así con la declinación de facultades que un poder hace en favor de otro a espaldas de la Constitución Nacional. Otras veces, en cambio, el desajuste ocurre por medios que son, lisa y llanamente, violentos. Es cuando el Estado usa la fuerza con ilegalidad o un grupo ciudadano se comporta de forma compulsiva o atemorizante sobre el resto de los habitantes del país, cercenándoles derechos esenciales, como los de tránsito, de comercio, de trabajo.

Lo peor es cuando el derecho perdido es el de la integridad de la vida, como se registra a diario en los grandes centros urbanos y, en particular, en la periferia de Buenos Aires, a raíz del incontenible crecimiento de la delincuencia común. O cuando se produce, esta vez como responsable un agente policial de Neuquén, la muerte del docente Carlos Fuentealba, que ha sido condenada por todas las voces del país.

Mesura y voluntad de concordia son virtudes que deben prevalecer por sobre todo en el carácter de los gobernantes, a fin de que bajen como guías orientadoras hacia todas las capas de la sociedad. Si hoy la Argentina mirara hacia el Uruguay con otros ojos que los del asombro por la magnitud del conflicto inaudito que dirime con sus entrañables hermanos, advertiría algunos ejemplos notables de lo que significa gobernar pensando en la Nación como un destino compartido por todos sus habitantes.

Tanto el Uruguay como la Argentina padecieron en los años setenta del siglo XX una lucha fratricida, con innumerables muertes y Estados que apelaron al terror para acabar con los crímenes de las bandas subversivas que actuaban por la época con las conexiones acordes con los lineamientos existentes durante la guerra fría. En los años ochenta, en un hecho casi sin precedente en el mundo, los miembros de las juntas militares que gobernaron la Argentina fueron condenados por la Justicia. Eso ocurrió en circunstancias en que los elementos militares adversos a cualquier juzgamiento disponían de capacidad efectiva para movilizarse contra el gobierno, como finalmente ocurrió.

Sólo la compacta voluntad democrática de la ciudadanía consiguió poner a salvo en aquellos aciagos momentos a la República reconstituida en sus flamantes instituciones. Como saldo final de todo un capítulo histórico quedaron leyes de amnistía para los crímenes de la subversión y otras dos leyes, sancionadas con igual espíritu, para los responsables y ejecutores de la represión, que terminaron siendo anuladas por el Congreso de la Nación poco tiempo atrás.

Nada justifica ninguno de aquellos crímenes, pero ningún interés superior de la República admitiría que esas cuestiones continuaran indefinidamente abiertas o que se fogonee el rencor en el corazón de los argentinos en lugar de alentar en ellos la hermandad. En un artículo publicado días atrás por el director de Búsqueda , prestigioso semanario uruguayo, se comenta que el presidente Tabaré Vázquez acaba de enviar al Congreso un proyecto de ley de indemnización para las familias de policías, militares y civiles muertos entre 1962 y 1976 a manos de los tupamaros y de otros grupos terroristas que hacían sentir su violencia en el país por aquellos años. Entre las familias que serían beneficiadas por la iniciativa del presidente uruguayo figura la del coronel Artigas Alvarez, hermano del ex hombre fuerte del Uruguay, Gregorio Alvarez.

Dice el director de Búsqueda que el presidente Tabaré Vázquez sigue aferrado a la idea de que "los muertos son todos iguales".

Si eso es posible a pesar de contar su gobierno con personajes de significativa participación en los movimientos subversivos de hace treinta y cuarenta años, es porque los ex tupamaros, entre todos los integrantes del gobierno, "son los izquierdistas menos proclives a revisar el pasado y a promover el encarcelamiento de militares y policías". Es el caso, por ejemplo, de quien fue un connotado jefe tupamaro, el actual ministro de Ganadería, José Mujica. Perón diría que eso es así porque Mujica ya está "amortizado" en ese asunto y, como el gaucho viejo que no rehuye un mate dulce, en nada exagera para probar su condición.

No hay pueblos en paz si ella no está instalada en sus espíritus. Y no hay prédica más noble que inculcarla con perseverancia aun cuando ello siempre puede acarrear denuestos por incomprensión o mala fe.

- POR LA PAZ -

La prédica por la paz

"Mesura y concordia", he ahí el título de un editorial reciente de este diario

Editorial La Nación

Mesura para serenar los ánimos, para que el uso de la prodigiosa lengua española se emplee más en el diálogo y la comunicación creativa y menos en la destemplada descalificación de aquellos que opinan de diferente manera; mesura, a fin de que la reflexión encuentre el ámbito propicio disminuido por la agitación permanente y pueda acuciar el interés por cuestiones de fondo cuya dilucidación mal podría dilatarse: ¿hacia dónde va el país? ¿Qué ha de ser de él, en cinco, diez o veinte años más? ¿A qué tipo de mundo aspiran a ser parte los argentinos? ¿Qué importancia se acuerda a si el país es previsible o no ante la comunidad internacional o a si hace algo para mejorar su rango en esa exigente e ineludible materia?

Concordia, también, para que los conflictos que, como es natural, se suscitan en todas las sociedades se resuelvan en paz y de conformidad con la ley y no con la ruptura del orden establecido. Hay una ley de gravedad institucional y de notable impacto social que se degrada en instancias en apariencia formales. Sucede así con la declinación de facultades que un poder hace en favor de otro a espaldas de la Constitución Nacional. Otras veces, en cambio, el desajuste ocurre por medios que son, lisa y llanamente, violentos. Es cuando el Estado usa la fuerza con ilegalidad o un grupo ciudadano se comporta de forma compulsiva o atemorizante sobre el resto de los habitantes del país, cercenándoles derechos esenciales, como los de tránsito, de comercio, de trabajo.

Lo peor es cuando el derecho perdido es el de la integridad de la vida, como se registra a diario en los grandes centros urbanos y, en particular, en la periferia de Buenos Aires, a raíz del incontenible crecimiento de la delincuencia común. O cuando se produce, esta vez como responsable un agente policial de Neuquén, la muerte del docente Carlos Fuentealba, que ha sido condenada por todas las voces del país.

Mesura y voluntad de concordia son virtudes que deben prevalecer por sobre todo en el carácter de los gobernantes, a fin de que bajen como guías orientadoras hacia todas las capas de la sociedad. Si hoy la Argentina mirara hacia el Uruguay con otros ojos que los del asombro por la magnitud del conflicto inaudito que dirime con sus entrañables hermanos, advertiría algunos ejemplos notables de lo que significa gobernar pensando en la Nación como un destino compartido por todos sus habitantes.

Tanto el Uruguay como la Argentina padecieron en los años setenta del siglo XX una lucha fratricida, con innumerables muertes y Estados que apelaron al terror para acabar con los crímenes de las bandas subversivas que actuaban por la época con las conexiones acordes con los lineamientos existentes durante la guerra fría. En los años ochenta, en un hecho casi sin precedente en el mundo, los miembros de las juntas militares que gobernaron la Argentina fueron condenados por la Justicia. Eso ocurrió en circunstancias en que los elementos militares adversos a cualquier juzgamiento disponían de capacidad efectiva para movilizarse contra el gobierno, como finalmente ocurrió.

Sólo la compacta voluntad democrática de la ciudadanía consiguió poner a salvo en aquellos aciagos momentos a la República reconstituida en sus flamantes instituciones. Como saldo final de todo un capítulo histórico quedaron leyes de amnistía para los crímenes de la subversión y otras dos leyes, sancionadas con igual espíritu, para los responsables y ejecutores de la represión, que terminaron siendo anuladas por el Congreso de la Nación poco tiempo atrás.

Nada justifica ninguno de aquellos crímenes, pero ningún interés superior de la República admitiría que esas cuestiones continuaran indefinidamente abiertas o que se fogonee el rencor en el corazón de los argentinos en lugar de alentar en ellos la hermandad. En un artículo publicado días atrás por el director de Búsqueda , prestigioso semanario uruguayo, se comenta que el presidente Tabaré Vázquez acaba de enviar al Congreso un proyecto de ley de indemnización para las familias de policías, militares y civiles muertos entre 1962 y 1976 a manos de los tupamaros y de otros grupos terroristas que hacían sentir su violencia en el país por aquellos años. Entre las familias que serían beneficiadas por la iniciativa del presidente uruguayo figura la del coronel Artigas Alvarez, hermano del ex hombre fuerte del Uruguay, Gregorio Alvarez.

Dice el director de Búsqueda que el presidente Tabaré Vázquez sigue aferrado a la idea de que "los muertos son todos iguales".

Si eso es posible a pesar de contar su gobierno con personajes de significativa participación en los movimientos subversivos de hace treinta y cuarenta años, es porque los ex tupamaros, entre todos los integrantes del gobierno, "son los izquierdistas menos proclives a revisar el pasado y a promover el encarcelamiento de militares y policías". Es el caso, por ejemplo, de quien fue un connotado jefe tupamaro, el actual ministro de Ganadería, José Mujica. Perón diría que eso es así porque Mujica ya está "amortizado" en ese asunto y, como el gaucho viejo que no rehuye un mate dulce, en nada exagera para probar su condición.

No hay pueblos en paz si ella no está instalada en sus espíritus. Y no hay prédica más noble que inculcarla con perseverancia aun cuando ello siempre puede acarrear denuestos por incomprensión o mala fe.