- NUESTRA POLICIA -

La vida de nuestros policías

Ni los gobernantes ni una parte de la oposición ni sectores amplios de la sociedad parecen haber comprendido la extraordinaria gravedad que anida en los asesinatos cometidos en los últimos días contra policías de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires y un suboficial de la Gendarmería Nacional. Esto más allá de lo que necesariamente significa la pérdida de cualquier vida, de una existencia sola.

Han sido cinco muertes que en algún caso, por la frialdad de sus características, tuvieron más bien el tenor brutal de fusilamientos. Se han repetido, así, situaciones trágicas de los últimos años.

En otros tiempos, lejanos en la memoria, en los que la seguridad individual y colectiva de los habitantes estaba a la altura de las urbes más civilizadas del mundo, la sola presencia de un efectivo policial imponía respeto, simpatía y solidaridad con la alta misión a él encargada. Pensar que alguien hubiera sido capaz de alzar la mano contra un representante del orden equivalía, en principio, a una contradicción de principios, a un hecho inverosímil, de imposible cumplimiento, aun cuando se sabía que acciones de esa naturaleza se perpetraban de tanto en tanto, como en todas partes.

Todo el país se alineó, como no era para menos, en un acto de dolor y de condena por el crimen, en Neuquén, del maestro Carlos Fuentealba. Prescindamos, por un momento, de la agitación política y gremial, que aun continúa, y que se sumó, con objetivos más difusos, al llamado genuino de justicia por la vida tronchada de un docente. ¿Pero cuántas voces se han elevado, en cambio, aunque haya sido en un débil hilo de voz, para repudiar la muerte del policía Sayago, meses atrás, en Santa Cruz, en medio de un desorden social que todavía sirve de manto para impedir el esclarecimiento de un crimen que debe ser develado?

¿Cuántas voces, también, se han hecho oír para expresar congoja por la muerte última de cuatro policías y un gendarme, para rodear en solidaridad fraterna a sus familias y, por extensión, a las instituciones afectadas en la integración de sus cuadros?

La defensa nacional y el orden público interno surgen de la Constitución y de las leyes que se derivan de su cumplimiento. No hay excepciones en el derecho comparado sobre el concepto de que el uso de la fuerza es un monopolio que mal podría estar fuera de la esfera del Estado y que éste debe encontrarse preparado para prevenir cualquier ataque exterior o disuadir, en principio, a quienes pretendan alterar el orden interno. Por eso la extrema gravedad de episodios reiterados, en los cuales se ha dispuesto de armas de fuego para atacar a quienes han hecho una profesión, en definitiva, del alistamiento con el propósito de arriesgar sus vidas puestas al servicio de la seguridad personal y los bienes de los argentinos.

Hay dos cuestiones en juego en estas muertes que ponen a prueba rasgos centrales del país en una etapa de su desenvolvimiento.

La primera cuestión concierne a la inseguridad pavorosa que se padece en algunas de las principales ciudades y sus respectivas periferias. Ese fenómeno se ha ido extendiendo, como una mancha incontenible, sobre zonas rurales. Apenas cinco días después de la muerte a quemarropa del docente Fuentealba, dos violentos asaltos, ocurridos en la Capital Federal, dejaron como saldo dos policías federales asesinados después de haber procurado evitar delitos que se estaban cometiendo. En el robo ocurrido en Saavedra la víctima era un suboficial retirado, que trabajaba como custodio en un negocio de computación. En el robo de Caballito se trató de un suboficial en actividad que, de civil, caminaba hacia su casa cuando fue sorprendido por dos ladrones en motocicleta.

En el caso de la localidad de Francisco Madero, en las cercanías de Pehuajó, un subteniente y un sargento de la policía bonaerense cayeron abatidos cuando perseguían a quienes habían sustraído una camioneta. Después de matarlos, los delincuentes, seguros de sí mismos, se apoderaron de sus armas. En la localidad de Eufrasio Alvarez, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, un cabo de Gendarmería fue asesinado de un balazo cuando, delante de su novia, se resistió a ser asaltado por un delincuente.

La segunda cuestión nos devuelve al punto de partida. ¿Qué conexión lógica hay en la actitud de gobernantes y políticos oficialistas u opositores que manifiestan, por un lado, preocupación por la seguridad pública y, por el otro, relegan, de forma llamativa, la debida exaltación pública de lo que supone haber muerto con honor en defensa de la ley y de la sociedad toda?

Ya es bastante indicativa de la resignación por parte del Estado argentino de una de sus principales facultades y deberes la circunstancia de que el personal reclutado por empresas de seguridad privada constituya, en términos cuantitativos, una de las fuerzas laborales más numerosas del país. Si a ello se suman el silencio -sólo quebrado por alguna declaración aislada- o la apatía social que se observa ante la reiteración de bajas en las principales policías a raíz de la acción de delincuentes comunes, se acentúa el pronóstico sombrío que domina en materia de seguridad pública.

Los malos policías deben ser expelidos a tiempo de las instituciones a las que están incorporados. Es peligrosísimo tenerlos adentro. Pero tan importante como eso es estimular el reclutamiento más exigente posible. Eso no se logrará si los gobernantes no realizan los mayores esfuerzos factibles por prestigiar las instituciones del Estado. Entre otros procedimientos, corresponde ponderar ante la sociedad el papel que ellas tienen asignado y poner a su disposición recursos que afirmen la jerarquía moral y la política de ingresos del personal.

También es indispensable que la sociedad en su conjunto sea más coherente con los reclamos que, de viva voz, viene formulando por la ola de inseguridad que padece y que en parte, cabe reconocerlo, es una manifestación de involución de la contemporaneidad, según se comprueba en países como Brasil. Pero para esto, igualmente, el país debe estar preparado.

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La vida de nuestros policías

Ni los gobernantes ni una parte de la oposición ni sectores amplios de la sociedad parecen haber comprendido la extraordinaria gravedad que anida en los asesinatos cometidos en los últimos días contra policías de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires y un suboficial de la Gendarmería Nacional. Esto más allá de lo que necesariamente significa la pérdida de cualquier vida, de una existencia sola.

Han sido cinco muertes que en algún caso, por la frialdad de sus características, tuvieron más bien el tenor brutal de fusilamientos. Se han repetido, así, situaciones trágicas de los últimos años.

En otros tiempos, lejanos en la memoria, en los que la seguridad individual y colectiva de los habitantes estaba a la altura de las urbes más civilizadas del mundo, la sola presencia de un efectivo policial imponía respeto, simpatía y solidaridad con la alta misión a él encargada. Pensar que alguien hubiera sido capaz de alzar la mano contra un representante del orden equivalía, en principio, a una contradicción de principios, a un hecho inverosímil, de imposible cumplimiento, aun cuando se sabía que acciones de esa naturaleza se perpetraban de tanto en tanto, como en todas partes.

Todo el país se alineó, como no era para menos, en un acto de dolor y de condena por el crimen, en Neuquén, del maestro Carlos Fuentealba. Prescindamos, por un momento, de la agitación política y gremial, que aun continúa, y que se sumó, con objetivos más difusos, al llamado genuino de justicia por la vida tronchada de un docente. ¿Pero cuántas voces se han elevado, en cambio, aunque haya sido en un débil hilo de voz, para repudiar la muerte del policía Sayago, meses atrás, en Santa Cruz, en medio de un desorden social que todavía sirve de manto para impedir el esclarecimiento de un crimen que debe ser develado?

¿Cuántas voces, también, se han hecho oír para expresar congoja por la muerte última de cuatro policías y un gendarme, para rodear en solidaridad fraterna a sus familias y, por extensión, a las instituciones afectadas en la integración de sus cuadros?

La defensa nacional y el orden público interno surgen de la Constitución y de las leyes que se derivan de su cumplimiento. No hay excepciones en el derecho comparado sobre el concepto de que el uso de la fuerza es un monopolio que mal podría estar fuera de la esfera del Estado y que éste debe encontrarse preparado para prevenir cualquier ataque exterior o disuadir, en principio, a quienes pretendan alterar el orden interno. Por eso la extrema gravedad de episodios reiterados, en los cuales se ha dispuesto de armas de fuego para atacar a quienes han hecho una profesión, en definitiva, del alistamiento con el propósito de arriesgar sus vidas puestas al servicio de la seguridad personal y los bienes de los argentinos.

Hay dos cuestiones en juego en estas muertes que ponen a prueba rasgos centrales del país en una etapa de su desenvolvimiento.

La primera cuestión concierne a la inseguridad pavorosa que se padece en algunas de las principales ciudades y sus respectivas periferias. Ese fenómeno se ha ido extendiendo, como una mancha incontenible, sobre zonas rurales. Apenas cinco días después de la muerte a quemarropa del docente Fuentealba, dos violentos asaltos, ocurridos en la Capital Federal, dejaron como saldo dos policías federales asesinados después de haber procurado evitar delitos que se estaban cometiendo. En el robo ocurrido en Saavedra la víctima era un suboficial retirado, que trabajaba como custodio en un negocio de computación. En el robo de Caballito se trató de un suboficial en actividad que, de civil, caminaba hacia su casa cuando fue sorprendido por dos ladrones en motocicleta.

En el caso de la localidad de Francisco Madero, en las cercanías de Pehuajó, un subteniente y un sargento de la policía bonaerense cayeron abatidos cuando perseguían a quienes habían sustraído una camioneta. Después de matarlos, los delincuentes, seguros de sí mismos, se apoderaron de sus armas. En la localidad de Eufrasio Alvarez, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, un cabo de Gendarmería fue asesinado de un balazo cuando, delante de su novia, se resistió a ser asaltado por un delincuente.

La segunda cuestión nos devuelve al punto de partida. ¿Qué conexión lógica hay en la actitud de gobernantes y políticos oficialistas u opositores que manifiestan, por un lado, preocupación por la seguridad pública y, por el otro, relegan, de forma llamativa, la debida exaltación pública de lo que supone haber muerto con honor en defensa de la ley y de la sociedad toda?

Ya es bastante indicativa de la resignación por parte del Estado argentino de una de sus principales facultades y deberes la circunstancia de que el personal reclutado por empresas de seguridad privada constituya, en términos cuantitativos, una de las fuerzas laborales más numerosas del país. Si a ello se suman el silencio -sólo quebrado por alguna declaración aislada- o la apatía social que se observa ante la reiteración de bajas en las principales policías a raíz de la acción de delincuentes comunes, se acentúa el pronóstico sombrío que domina en materia de seguridad pública.

Los malos policías deben ser expelidos a tiempo de las instituciones a las que están incorporados. Es peligrosísimo tenerlos adentro. Pero tan importante como eso es estimular el reclutamiento más exigente posible. Eso no se logrará si los gobernantes no realizan los mayores esfuerzos factibles por prestigiar las instituciones del Estado. Entre otros procedimientos, corresponde ponderar ante la sociedad el papel que ellas tienen asignado y poner a su disposición recursos que afirmen la jerarquía moral y la política de ingresos del personal.

También es indispensable que la sociedad en su conjunto sea más coherente con los reclamos que, de viva voz, viene formulando por la ola de inseguridad que padece y que en parte, cabe reconocerlo, es una manifestación de involución de la contemporaneidad, según se comprueba en países como Brasil. Pero para esto, igualmente, el país debe estar preparado.