- OTRA DEL RIACHUELO -

Construir para el largo plazo


La semana próxima se realizará en la Corte Suprema la primera de las audiencias por la cuenca Matanza-Riachuelo, y el alto tribunal apuntará a establecer un cronograma para que se encaminen y ejecuten los trabajos de saneamiento.

Este fue el tema central del acuerdo de ministros de ayer en la Corte, donde también se habló de un informe que la semana última envió al tribunal la Auditoría General de la Nación (AGN), a cargo de Leandro Despouy.

El presidente de la AGN alertó a los jueces que en 1995 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio al país un préstamo de 500 millones de dólares para sanear la cuenca, pero los trabajos nunca se hicieron. En otras palabras, la contaminación del Riachuelo sigue existiendo, no por falta de fondos para limpiarlo, sino por desidia política.

Originariamente, cuando María Julia Alsogaray era secretaria de Medio Ambiente, el crédito era de 500 millones de dólares y exigía que el Estado argentino pusiese una contrapartida idéntica, con lo cual el monto previsto ascendía a 1000 millones.

Pero luego se redujo a 250 millones por cada parte, es decir, un total de 500, de los cuales se usaron tan sólo 7 millones en gastos de burocracia, consultorías y pagos de intereses punitorios al BID por no haber usado el préstamo. Finalmente, en 2002, en medio de la crisis, se le cambió el destino a una partida de 150 millones, que fue usada con fines sociales.

En las audiencias que se harán a partir de la semana próxima, los jueces de la Corte tienen previsto indagar sobre ese préstamo, pero tampoco quieren quedarse atrapados en un pasado que aparenta ser confuso.

Los jueces pretenden, sí, encaminar hacia el futuro un proyecto de saneamiento que requiere de la participación de muchos actores a través de varios años.

Hoy actúan en la cuenca 22 organismos nacionales y municipales que, en realidad, no hacen nada demasiado útil, si uno se atiene a los resultados.

El proyecto oficial, que fue remitido al Congreso nacional, prevé crear la Autoridad de Cuenca, pero no se especifican plazos para las obras.

En la iniciativa oficial, que algunos critican por estar formulada en términos muy generales, hay actualmente bastantes imprecisiones: la semana última el Gobierno había deslizado que enviaría un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental y sanear la cuenca en 10 años. Pero, finalmente, el proyecto no incluyó la emergencia ni fijó plazos.

Quizás el Gobierno teme quedar atrapado en términos que no puede cumplir, pero también puede sospecharse que existe cierto desinterés en un tema que no tiene réditos políticos inmediatos

Sanear el cauce de la cuenca implicará poner en marcha proyectos concretos sobre residuos líquidos y sólidos; relocalizar asentamientos, industrias y basureros municipales; urbanizar algunas zonas y encarar un tratamiento del agua.

En la audiencia, la Corte cumplirá un papel importante si logra el objetivo que se proponen sus jueces: poner esas promesas hasta ahora nunca cumplidas dentro de un cronograma, no sujeto a plazos perentorios, pero sí ordenado, previsible y cierto.

La Argentina es un país donde el largo plazo no existe y, precisamente, el saneamiento del Riachuelo requiere de un programa de largo plazo, que se sostenga a través de sucesivas gestiones políticas nacionales, provinciales y municipales que, previsiblemente, a lo largo de los años, deberían ser desempeñadas por funcionarios distintos de los actuales.

En un país donde se gasta buena parte del año político hablando de las elecciones de fines de 2007 y de una innecesaria y tan sólo eventual reforma constitucional, pensar un proyecto de esta envergadura parece casi una ilusión. Pero, a veces, es necesario soñar con lo posible.


Por Adrián Ventura
LA NACIÓN LINE
aventura@lanacion.com.ar

- OTRA DEL RIACHUELO -

Construir para el largo plazo


La semana próxima se realizará en la Corte Suprema la primera de las audiencias por la cuenca Matanza-Riachuelo, y el alto tribunal apuntará a establecer un cronograma para que se encaminen y ejecuten los trabajos de saneamiento.

Este fue el tema central del acuerdo de ministros de ayer en la Corte, donde también se habló de un informe que la semana última envió al tribunal la Auditoría General de la Nación (AGN), a cargo de Leandro Despouy.

El presidente de la AGN alertó a los jueces que en 1995 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio al país un préstamo de 500 millones de dólares para sanear la cuenca, pero los trabajos nunca se hicieron. En otras palabras, la contaminación del Riachuelo sigue existiendo, no por falta de fondos para limpiarlo, sino por desidia política.

Originariamente, cuando María Julia Alsogaray era secretaria de Medio Ambiente, el crédito era de 500 millones de dólares y exigía que el Estado argentino pusiese una contrapartida idéntica, con lo cual el monto previsto ascendía a 1000 millones.

Pero luego se redujo a 250 millones por cada parte, es decir, un total de 500, de los cuales se usaron tan sólo 7 millones en gastos de burocracia, consultorías y pagos de intereses punitorios al BID por no haber usado el préstamo. Finalmente, en 2002, en medio de la crisis, se le cambió el destino a una partida de 150 millones, que fue usada con fines sociales.

En las audiencias que se harán a partir de la semana próxima, los jueces de la Corte tienen previsto indagar sobre ese préstamo, pero tampoco quieren quedarse atrapados en un pasado que aparenta ser confuso.

Los jueces pretenden, sí, encaminar hacia el futuro un proyecto de saneamiento que requiere de la participación de muchos actores a través de varios años.

Hoy actúan en la cuenca 22 organismos nacionales y municipales que, en realidad, no hacen nada demasiado útil, si uno se atiene a los resultados.

El proyecto oficial, que fue remitido al Congreso nacional, prevé crear la Autoridad de Cuenca, pero no se especifican plazos para las obras.

En la iniciativa oficial, que algunos critican por estar formulada en términos muy generales, hay actualmente bastantes imprecisiones: la semana última el Gobierno había deslizado que enviaría un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental y sanear la cuenca en 10 años. Pero, finalmente, el proyecto no incluyó la emergencia ni fijó plazos.

Quizás el Gobierno teme quedar atrapado en términos que no puede cumplir, pero también puede sospecharse que existe cierto desinterés en un tema que no tiene réditos políticos inmediatos

Sanear el cauce de la cuenca implicará poner en marcha proyectos concretos sobre residuos líquidos y sólidos; relocalizar asentamientos, industrias y basureros municipales; urbanizar algunas zonas y encarar un tratamiento del agua.

En la audiencia, la Corte cumplirá un papel importante si logra el objetivo que se proponen sus jueces: poner esas promesas hasta ahora nunca cumplidas dentro de un cronograma, no sujeto a plazos perentorios, pero sí ordenado, previsible y cierto.

La Argentina es un país donde el largo plazo no existe y, precisamente, el saneamiento del Riachuelo requiere de un programa de largo plazo, que se sostenga a través de sucesivas gestiones políticas nacionales, provinciales y municipales que, previsiblemente, a lo largo de los años, deberían ser desempeñadas por funcionarios distintos de los actuales.

En un país donde se gasta buena parte del año político hablando de las elecciones de fines de 2007 y de una innecesaria y tan sólo eventual reforma constitucional, pensar un proyecto de esta envergadura parece casi una ilusión. Pero, a veces, es necesario soñar con lo posible.


Por Adrián Ventura
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aventura@lanacion.com.ar