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30.6.06

- TV PÚBLICA -

Acerca de la televisión pública

Por Albino Gómez
Para LA NACION


La televisión pública puede definirse como un lugar de encuentro donde todos son considerados sobre una base igualitaria. Pero su mandato no debería limitarse a la mera información y al desarrollo cultural, sino también a alimentar la imaginación y entretener, con una preocupación por la calidad que la distinga del servicio audiovisual comercial.

Es sabido que, de conformidad con las sociedades que los generaron, se desarrollaron tres modelos aún vigentes para determinar la evolución de la TV: el comercial, el estatal y el de servicio público. Este último surgió de las debilidades y de las inquietudes que suscitaban los dos primeros, al mismo tiempo que de la visión y el proyecto que algunos acariciaban para el nuevo medio de comunicación de la época.

En los Estados Unidos, tras muchos debates, se estimó que beneficiaría más al interés público dejar la TV en manos de empresarios privados dispuestos a ofrecer a la teleaudiencia lo que ésta deseaba ver. Se aplicaron entonces los principios del mercado que rigen en los demás sectores de la actividad comercial. Por lo tanto, el modelo comercial nació de una gran confianza en la capacidad de estos mecanismos para responder a los gustos de los consumidores, así como de una fuerte renuencia a permitir que el Estado dominara un medio de comunicación de masas al cual se asignaba un enorme potencial de información y de influencia. En ese momento, la participación directa del Estado en la televisión se veía como peligrosa, algo que había ocurrido también con la radiodifusión.

Sin embargo, ni la desconfianza respecto del Estado ni la confianza en los mecanismos del mercado prevalecieron en todas partes. En otros países, el modelo estatal se desarrolló según una concepción dirigista del cometido de la televisión en la sociedad. Aunque el control pueda ejercerse sobre una televisión a cargo de empresarios privados, las más de las veces se optó por una televisión gubernamental, bajo la tutela de las autoridades políticas. Centralizada y erigida en monopolio, la televisión se construyó sobre la idea de que está justificado que el Estado utilice los medios de comunicación para sus propios fines.

En cuanto al modelo de servicio público, también se constituyó sobre una doble desconfianza: sobre la capacidad de los mecanismos del mercado para garantizar la realización de ciertos objetivos, y en relación a la capacidad del Estado para lograr esos mismos objetivos, por lo común agrupados en torno de las funciones generales que aún hoy se definen para la televisión pública, que son las de informar, educar y entretener. Esta visión exigía una organización pública al servicio de los habitantes, la cultura y la democracia.

En algunos países se rechazó la idea de que el interés público, en la televisión, pudiera concordar con los intereses particulares de empresas privadas, que buscaban en primer lugar la rentabilidad de sus actividades. Pero en esos países no se desconfiaba sólo del mercado sino también del Estado. Debido al potencial de la televisión en los planos social, cultural y político, se consideró que no era deseable la participación estatal directa en un ámbito vinculado más ampliamente con el pensamiento y la expresión.

Por lo general, es la distinción entre televisión pública y televisión estatal la que resulta menos evidente cuando llega el momento de comparar los diferentes modelos en la materia. Una noción clara para comprender esta diferencia puede obtenerse del análisis del ejemplo británico, como la relación “a distancia” entre el Estado y el servicio público de TV: en lugar de situarlo directamente bajo la tutela del Estado, se decidió a ponerlo a cargo de un organismo con autonomía suficiente para evitar las injerencias políticas o burocráticas.

El modelo de servicio público se desarrolló, entonces, según la idea de que ni el mercado ni el Estado podían cumplir bien las misiones de servicio público que debe tener la TV, y actuar en interés del público, el que no necesariamente concuerda ni con los intereses privados ni con los de las autoridades políticas del momento.

Estos tres modelos, nacidos en los primeros años de la televisión, tuvieron destinos diferentes. El comercial ha pasado a ser hoy dominante, en tanto que, desde la década del 90, el estatal fue perdiendo terreno. La televisión de servicio público, por su parte, aunque se inscribe en un dominio cada vez más comercial, se mantiene. Hoy está muy difundida y sigue siendo la solución preferida de quienes se preocupan por pensar en los límites de la televisión comercial.

Por ello, se dijo con razón que ni comercial ni estatal, la televisión pública tiene su única razón de ser en el servicio público, porque es la televisión del público, la que fomenta su acceso a la vida pública y su participación en ella. Y sin fines de lucro.

Es importante considerar dicho servicio un componente imprescindible del funcionamiento de las sociedades democráticas, si cumple la función de informar, instruir y entretener a los habitantes de un país, más allá de los intereses comerciales, estatales o políticos. Al no estar sometida a imperativos de rentabilidad, la televisión pública debe dar pruebas de audacia e innovar corriendo riesgos, desarrollando ideas propias. Al menos debería intentarlo.

Cabría preguntarse si recurrir a fuentes de financiación comerciales es aceptable para la televisión pública, en la medida en que ésta debe su existencia a la voluntad de preservar este sector cultural de las presiones comerciales. La respuesta más realista es que la financiación comercial puede resultar aceptable si no interfiere con sus obligaciones como servicio público. Pues si esa necesidad pasa a ser dominante y lleva a modificar la índole de los programas, hay que inquietarse.

También existe la opinión de que la publicidad, consumida con moderación, evita que las emisoras de TV pública, sin dejar de mostrar su diferencia, se aíslen del resto del panorama audiovisual. Lo que sí puede ser perjudicial es que la televisión pública se encuentre en posición de competencia muy aguda y, para garantizar su supervivencia, tenga que arreglárselas para conseguir recursos entre los anunciantes. Entonces se vuelve muy fuerte la tentación de apartarse de las obligaciones de servicio público. También es preciso concebir mecanismos de evaluación que no sean exclusivamente los de la televisión comercial. Esto lleva a interrogarse acerca de si los índices de medición de audiencia –útiles para fijar el precio para los anunciantes en las emisoras comerciales– no son poco adecuados para medir el cumplimiento del mandato de la televisión pública. Como el objetivo de esta última no es atraer siempre al mayor público posible, no puede utilizarse esta única herramienta para medir su audiencia, ya que no tiene en cuenta, por ejemplo, la diversidad del público o la calidad de los programas, ni su alcance nacional, como ocurre aquí con el Canal 7.

De todos modos sería conveniente evaluar la satisfacción del público con respecto a este servicio, puesto que se trata, en última instancia, de su legitimidad y de su capacidad para cumplir su misión de ofrecer información, educación y entretenimiento.



El autor fue director del Sistema Nacional de Medios Públicos en 2001
La nación 30.06.2006

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Acerca de la televisión pública

Por Albino Gómez
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La televisión pública puede definirse como un lugar de encuentro donde todos son considerados sobre una base igualitaria. Pero su mandato no debería limitarse a la mera información y al desarrollo cultural, sino también a alimentar la imaginación y entretener, con una preocupación por la calidad que la distinga del servicio audiovisual comercial.

Es sabido que, de conformidad con las sociedades que los generaron, se desarrollaron tres modelos aún vigentes para determinar la evolución de la TV: el comercial, el estatal y el de servicio público. Este último surgió de las debilidades y de las inquietudes que suscitaban los dos primeros, al mismo tiempo que de la visión y el proyecto que algunos acariciaban para el nuevo medio de comunicación de la época.

En los Estados Unidos, tras muchos debates, se estimó que beneficiaría más al interés público dejar la TV en manos de empresarios privados dispuestos a ofrecer a la teleaudiencia lo que ésta deseaba ver. Se aplicaron entonces los principios del mercado que rigen en los demás sectores de la actividad comercial. Por lo tanto, el modelo comercial nació de una gran confianza en la capacidad de estos mecanismos para responder a los gustos de los consumidores, así como de una fuerte renuencia a permitir que el Estado dominara un medio de comunicación de masas al cual se asignaba un enorme potencial de información y de influencia. En ese momento, la participación directa del Estado en la televisión se veía como peligrosa, algo que había ocurrido también con la radiodifusión.

Sin embargo, ni la desconfianza respecto del Estado ni la confianza en los mecanismos del mercado prevalecieron en todas partes. En otros países, el modelo estatal se desarrolló según una concepción dirigista del cometido de la televisión en la sociedad. Aunque el control pueda ejercerse sobre una televisión a cargo de empresarios privados, las más de las veces se optó por una televisión gubernamental, bajo la tutela de las autoridades políticas. Centralizada y erigida en monopolio, la televisión se construyó sobre la idea de que está justificado que el Estado utilice los medios de comunicación para sus propios fines.

En cuanto al modelo de servicio público, también se constituyó sobre una doble desconfianza: sobre la capacidad de los mecanismos del mercado para garantizar la realización de ciertos objetivos, y en relación a la capacidad del Estado para lograr esos mismos objetivos, por lo común agrupados en torno de las funciones generales que aún hoy se definen para la televisión pública, que son las de informar, educar y entretener. Esta visión exigía una organización pública al servicio de los habitantes, la cultura y la democracia.

En algunos países se rechazó la idea de que el interés público, en la televisión, pudiera concordar con los intereses particulares de empresas privadas, que buscaban en primer lugar la rentabilidad de sus actividades. Pero en esos países no se desconfiaba sólo del mercado sino también del Estado. Debido al potencial de la televisión en los planos social, cultural y político, se consideró que no era deseable la participación estatal directa en un ámbito vinculado más ampliamente con el pensamiento y la expresión.

Por lo general, es la distinción entre televisión pública y televisión estatal la que resulta menos evidente cuando llega el momento de comparar los diferentes modelos en la materia. Una noción clara para comprender esta diferencia puede obtenerse del análisis del ejemplo británico, como la relación “a distancia” entre el Estado y el servicio público de TV: en lugar de situarlo directamente bajo la tutela del Estado, se decidió a ponerlo a cargo de un organismo con autonomía suficiente para evitar las injerencias políticas o burocráticas.

El modelo de servicio público se desarrolló, entonces, según la idea de que ni el mercado ni el Estado podían cumplir bien las misiones de servicio público que debe tener la TV, y actuar en interés del público, el que no necesariamente concuerda ni con los intereses privados ni con los de las autoridades políticas del momento.

Estos tres modelos, nacidos en los primeros años de la televisión, tuvieron destinos diferentes. El comercial ha pasado a ser hoy dominante, en tanto que, desde la década del 90, el estatal fue perdiendo terreno. La televisión de servicio público, por su parte, aunque se inscribe en un dominio cada vez más comercial, se mantiene. Hoy está muy difundida y sigue siendo la solución preferida de quienes se preocupan por pensar en los límites de la televisión comercial.

Por ello, se dijo con razón que ni comercial ni estatal, la televisión pública tiene su única razón de ser en el servicio público, porque es la televisión del público, la que fomenta su acceso a la vida pública y su participación en ella. Y sin fines de lucro.

Es importante considerar dicho servicio un componente imprescindible del funcionamiento de las sociedades democráticas, si cumple la función de informar, instruir y entretener a los habitantes de un país, más allá de los intereses comerciales, estatales o políticos. Al no estar sometida a imperativos de rentabilidad, la televisión pública debe dar pruebas de audacia e innovar corriendo riesgos, desarrollando ideas propias. Al menos debería intentarlo.

Cabría preguntarse si recurrir a fuentes de financiación comerciales es aceptable para la televisión pública, en la medida en que ésta debe su existencia a la voluntad de preservar este sector cultural de las presiones comerciales. La respuesta más realista es que la financiación comercial puede resultar aceptable si no interfiere con sus obligaciones como servicio público. Pues si esa necesidad pasa a ser dominante y lleva a modificar la índole de los programas, hay que inquietarse.

También existe la opinión de que la publicidad, consumida con moderación, evita que las emisoras de TV pública, sin dejar de mostrar su diferencia, se aíslen del resto del panorama audiovisual. Lo que sí puede ser perjudicial es que la televisión pública se encuentre en posición de competencia muy aguda y, para garantizar su supervivencia, tenga que arreglárselas para conseguir recursos entre los anunciantes. Entonces se vuelve muy fuerte la tentación de apartarse de las obligaciones de servicio público. También es preciso concebir mecanismos de evaluación que no sean exclusivamente los de la televisión comercial. Esto lleva a interrogarse acerca de si los índices de medición de audiencia –útiles para fijar el precio para los anunciantes en las emisoras comerciales– no son poco adecuados para medir el cumplimiento del mandato de la televisión pública. Como el objetivo de esta última no es atraer siempre al mayor público posible, no puede utilizarse esta única herramienta para medir su audiencia, ya que no tiene en cuenta, por ejemplo, la diversidad del público o la calidad de los programas, ni su alcance nacional, como ocurre aquí con el Canal 7.

De todos modos sería conveniente evaluar la satisfacción del público con respecto a este servicio, puesto que se trata, en última instancia, de su legitimidad y de su capacidad para cumplir su misión de ofrecer información, educación y entretenimiento.



El autor fue director del Sistema Nacional de Medios Públicos en 2001
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