- EL RIACHUELO QUE MATA -

El Riachuelo, al fin

Por Juan Manuel Borthagaray Para LA NACION



El presidente de la Nación lo declaró en el comprometido marco de Gualeguaychú; la Suprema Corte fijó un plazo; hay una Secretaría de Estado de Ambiente, y la funcionaria designada lo ratificó. Esto promete la instalación del tema en la agenda, es el momento de convertirlo en política de Estado. El deber de las dirigencias políticas, y de todos, es no dejar decaer la cuestión y ejercer la vigilancia para que ¡esta vez sí! nos pongamos definitivamente en marcha para resolver el problema ambiental más bochornoso de nuestra área metropolitana: la contaminación del Riachuelo.

Sobran estudios y descripciones, mediciones, consultorías, planes y proyectos. No es cuestión de seguir rasgándose las vestiduras sino de cumplir tenazmente un cronograma de acciones urgentes. Pero, debido a que el tema integral de la cuenca es tan complejo que puede llevarnos a la dispersión, y ésta a postergar el imprescindible quiebre de un círculo vicioso que hace ya demasiado tiempo que nos paraliza, conviene concentrarnos en cuatro de los aspectos más urgentes, para que la fronda no nos tape el objetivo.

La primera cuestión fundamental es el control de inundaciones. Decenas de miles de familias están constantemente amenazadas, y periódicamente perjudicadas, por inundaciones que invaden su último refugio: la intimidad de sus hogares. Colchones, frazadas, ropas de cama y otras, muebles y artefactos domésticos se inutilizan si son empapados por los venenosos líquidos desbordados del Riachuelo, sus afluentes, y las lluvias. La solución es una obra pública, la más simple y menos costosa de las cuatro que acá se tratan. En efecto, basta construir, en la margen derecha, la de los partidos provinciales, las defensas costeras y redes pluviales proyectadas, cuyo costo se conoce. La obra es contraparte de las de la ribera izquierda, de la Ciudad Autónoma, que protegen satisfactoriamente a La Boca, Barracas y Pompeya. Con esto, el problema también será historia para Avellaneda, Lanús y Lomas.

El segundo gran problema es el de la contaminación orgánica. Aunque más costosa que la anterior, la solución también es una obra pública, ya estudiada, presupuestada, que se puede licitar muy pronto. Hay que construir, o completar, las redes de provisión de agua y cloacas faltantes a ambos costados del Riachuelo, y canalizar las aguas negras en sendas colectoras que corran por cada margen, hasta llevarlas a plantas de tratamiento antes de su volcado al Río de la Plata. La de las plantas allí es una solución, según estudios, más económica y satisfactoria que llevar estos efluentes hasta el gran vertedero de Berazategui. El fantasma de la renegociación del contrato con Aguas Argentinas impuso un prolongado tabú sobre este tema. Vuelta la operación de las redes al sector público, el actor se ha unificado, y poner inmediatamente en marcha la solución sólo requiere una decisión de gobierno. Mientras tanto, las enfermedades relacionadas con el agua seguirán haciendo estragos, especialmente en la numerosa y vulnerable población infantil; por algo agua y cloacas están dentro de las Metas del Milenio de las Naciones Unidas, para ser alcanzadas antes de 2015.

La contaminación química de las industrias es el tercer punto por enfocar. Aunque muy grave, la contaminación por heces humanas permite la neutralización, una vez colectadas las aguas, en plantas de tratamiento únicas. Por el contrario, las contaminaciones químicas son heterogéneas y requieren tratamiento caso por caso. Las leyes y reglamentaciones existen: fijan las condiciones de los efluentes en el momento de su derrame. Cada industria debería tener, y muchas las tienen, plantas de tratamiento adecuadas. Aquí el problema ya no es de obra pública, sino de gestión, de inspección constante, no sólo para comprobar que existan las plantas, sino para monitorear su funcionamiento ininterrumpido. Se requieren inspecciones efectivas, constantes e incorruptibles, inspiradas únicamente en la salud pública. No se trata de agravar la desindustrialización y la desocupación. Créditos blandos para construir lo que haga falta, sumados a asistencia técnica conducente a modernizar y adecuar procesos tecnológicos, deberían llevar a situaciones en que todos ganen, incluso las industrias, pues si contaminan es porque vierten sustancias químicamente activas empleadas en el proceso productivo, que cuestan dinero. Por lo tanto, en vez de tirarlas, les conviene recuperarlas y reutilizarlas. También deben explorar las ventajas que una certificación ISO de calificación de los procesos puede aportarles. Si bien este problema es gravísimo en el curso inferior, abarca a toda la cuenca.

Por último, el Polo Petroquímico de Dock Sur, aunque teóricamente ya casi fuera del Riachuelo, es un problema de tal envergadura que no puede eludirse. No cabe ninguna duda de que es una bomba de tiempo. Si la muy conocida ley de Murphy dice que todo lo que pueda fallar fallará, podría glosarse también como que toda bomba de tiempo estallará. Hace poco, tres bombas de tiempo estallaron: las inundaciones de las ciudades de Santa Fe y de Nueva Orleáns, y la tragedia de Cromagnon.

Al día siguiente, los recuentos de cadáveres, las estimaciones de pérdidas materiales, la caza de chivos emisarios y la patética utilización política de las tragedias y sus víctimas. Pero hasta el día antes del estallido se especuló con que podría no pasar lo que pasó. La solución dice que instalaciones de tanto riesgo como el Polo Petroquímico de Dock Sur no deben estar inmersas en áreas tan pobladas, o sea, que deben trasladarse.

Que son inversiones cuantiosas, que están convenientemente cerca de los centros de consumo, que su traslado va a generar resistencias cualquiera que sea el nuevo emplazamiento, es innegable. Pero supongamos que el Polo no estuviese en el Dock Sur de Avellaneda, sino sobre la ribera Norte, pongamos por caso, en Alvear y la Costa, en San Isidro, o en Villate y la Costa, en Vicente López. La alternativa por considerar no sería si ya se hubiese trasladado o no, sino que las apuestas por cruzar serían: ¿hace tantas o cuántas décadas se habría trasladado? Sin embargo, la ribera Norte está mucho menos poblada, y las posibilidades de evacuación y auxilio en estos hipotéticos emplazamientos son mucho mejores.

¿Qué hace falta, entonces, para que estas bochornosas bombas ambientales se desactiven? Decisión política de las autoridades, y coincidencia en adoptarlas como políticas de Estado por toda la dirigencia, política o no. Acompañamiento e interés sostenido de la academia y de la ciudadanía.

¿Con esto se habría resuelto la cuestión de la cuenca? Ni por asomo, es mucho más compleja, pero se habría roto claramente el círculo vicioso y dado cuatro pasos decisivos para mejorar el ambiente de los más amenazados, los cientos de miles afectados por el cauce inferior de la cuenca Matanza-Riachuelo.


© LA NACION
El autor fue decano de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires.

- EL RIACHUELO QUE MATA -

El Riachuelo, al fin

Por Juan Manuel Borthagaray Para LA NACION



El presidente de la Nación lo declaró en el comprometido marco de Gualeguaychú; la Suprema Corte fijó un plazo; hay una Secretaría de Estado de Ambiente, y la funcionaria designada lo ratificó. Esto promete la instalación del tema en la agenda, es el momento de convertirlo en política de Estado. El deber de las dirigencias políticas, y de todos, es no dejar decaer la cuestión y ejercer la vigilancia para que ¡esta vez sí! nos pongamos definitivamente en marcha para resolver el problema ambiental más bochornoso de nuestra área metropolitana: la contaminación del Riachuelo.

Sobran estudios y descripciones, mediciones, consultorías, planes y proyectos. No es cuestión de seguir rasgándose las vestiduras sino de cumplir tenazmente un cronograma de acciones urgentes. Pero, debido a que el tema integral de la cuenca es tan complejo que puede llevarnos a la dispersión, y ésta a postergar el imprescindible quiebre de un círculo vicioso que hace ya demasiado tiempo que nos paraliza, conviene concentrarnos en cuatro de los aspectos más urgentes, para que la fronda no nos tape el objetivo.

La primera cuestión fundamental es el control de inundaciones. Decenas de miles de familias están constantemente amenazadas, y periódicamente perjudicadas, por inundaciones que invaden su último refugio: la intimidad de sus hogares. Colchones, frazadas, ropas de cama y otras, muebles y artefactos domésticos se inutilizan si son empapados por los venenosos líquidos desbordados del Riachuelo, sus afluentes, y las lluvias. La solución es una obra pública, la más simple y menos costosa de las cuatro que acá se tratan. En efecto, basta construir, en la margen derecha, la de los partidos provinciales, las defensas costeras y redes pluviales proyectadas, cuyo costo se conoce. La obra es contraparte de las de la ribera izquierda, de la Ciudad Autónoma, que protegen satisfactoriamente a La Boca, Barracas y Pompeya. Con esto, el problema también será historia para Avellaneda, Lanús y Lomas.

El segundo gran problema es el de la contaminación orgánica. Aunque más costosa que la anterior, la solución también es una obra pública, ya estudiada, presupuestada, que se puede licitar muy pronto. Hay que construir, o completar, las redes de provisión de agua y cloacas faltantes a ambos costados del Riachuelo, y canalizar las aguas negras en sendas colectoras que corran por cada margen, hasta llevarlas a plantas de tratamiento antes de su volcado al Río de la Plata. La de las plantas allí es una solución, según estudios, más económica y satisfactoria que llevar estos efluentes hasta el gran vertedero de Berazategui. El fantasma de la renegociación del contrato con Aguas Argentinas impuso un prolongado tabú sobre este tema. Vuelta la operación de las redes al sector público, el actor se ha unificado, y poner inmediatamente en marcha la solución sólo requiere una decisión de gobierno. Mientras tanto, las enfermedades relacionadas con el agua seguirán haciendo estragos, especialmente en la numerosa y vulnerable población infantil; por algo agua y cloacas están dentro de las Metas del Milenio de las Naciones Unidas, para ser alcanzadas antes de 2015.

La contaminación química de las industrias es el tercer punto por enfocar. Aunque muy grave, la contaminación por heces humanas permite la neutralización, una vez colectadas las aguas, en plantas de tratamiento únicas. Por el contrario, las contaminaciones químicas son heterogéneas y requieren tratamiento caso por caso. Las leyes y reglamentaciones existen: fijan las condiciones de los efluentes en el momento de su derrame. Cada industria debería tener, y muchas las tienen, plantas de tratamiento adecuadas. Aquí el problema ya no es de obra pública, sino de gestión, de inspección constante, no sólo para comprobar que existan las plantas, sino para monitorear su funcionamiento ininterrumpido. Se requieren inspecciones efectivas, constantes e incorruptibles, inspiradas únicamente en la salud pública. No se trata de agravar la desindustrialización y la desocupación. Créditos blandos para construir lo que haga falta, sumados a asistencia técnica conducente a modernizar y adecuar procesos tecnológicos, deberían llevar a situaciones en que todos ganen, incluso las industrias, pues si contaminan es porque vierten sustancias químicamente activas empleadas en el proceso productivo, que cuestan dinero. Por lo tanto, en vez de tirarlas, les conviene recuperarlas y reutilizarlas. También deben explorar las ventajas que una certificación ISO de calificación de los procesos puede aportarles. Si bien este problema es gravísimo en el curso inferior, abarca a toda la cuenca.

Por último, el Polo Petroquímico de Dock Sur, aunque teóricamente ya casi fuera del Riachuelo, es un problema de tal envergadura que no puede eludirse. No cabe ninguna duda de que es una bomba de tiempo. Si la muy conocida ley de Murphy dice que todo lo que pueda fallar fallará, podría glosarse también como que toda bomba de tiempo estallará. Hace poco, tres bombas de tiempo estallaron: las inundaciones de las ciudades de Santa Fe y de Nueva Orleáns, y la tragedia de Cromagnon.

Al día siguiente, los recuentos de cadáveres, las estimaciones de pérdidas materiales, la caza de chivos emisarios y la patética utilización política de las tragedias y sus víctimas. Pero hasta el día antes del estallido se especuló con que podría no pasar lo que pasó. La solución dice que instalaciones de tanto riesgo como el Polo Petroquímico de Dock Sur no deben estar inmersas en áreas tan pobladas, o sea, que deben trasladarse.

Que son inversiones cuantiosas, que están convenientemente cerca de los centros de consumo, que su traslado va a generar resistencias cualquiera que sea el nuevo emplazamiento, es innegable. Pero supongamos que el Polo no estuviese en el Dock Sur de Avellaneda, sino sobre la ribera Norte, pongamos por caso, en Alvear y la Costa, en San Isidro, o en Villate y la Costa, en Vicente López. La alternativa por considerar no sería si ya se hubiese trasladado o no, sino que las apuestas por cruzar serían: ¿hace tantas o cuántas décadas se habría trasladado? Sin embargo, la ribera Norte está mucho menos poblada, y las posibilidades de evacuación y auxilio en estos hipotéticos emplazamientos son mucho mejores.

¿Qué hace falta, entonces, para que estas bochornosas bombas ambientales se desactiven? Decisión política de las autoridades, y coincidencia en adoptarlas como políticas de Estado por toda la dirigencia, política o no. Acompañamiento e interés sostenido de la academia y de la ciudadanía.

¿Con esto se habría resuelto la cuestión de la cuenca? Ni por asomo, es mucho más compleja, pero se habría roto claramente el círculo vicioso y dado cuatro pasos decisivos para mejorar el ambiente de los más amenazados, los cientos de miles afectados por el cauce inferior de la cuenca Matanza-Riachuelo.


© LA NACION
El autor fue decano de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires.