- SUBTE INSEGURO -

El subte, otro nido de inseguridad

Editorial La Nación 26.07.2006



El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha anunciado que instalará cámaras de video en los andenes de todas las estaciones de la red de subterráneos. Este proyecto tiene su fundamento en cuanto se sabe acerca de los múltiples ataques de los cuales han sido víctimas usuarios, entre ellos una violación consumada y otras tentativas de cometer tan aberrante delito. Acciones que, por supuesto, forman parte del evidente agravamiento del acoso de la inseguridad delictiva.

Las agresiones sexuales han tenido amplia difusión pública En cambio, otros hechos han pasado a formar parte del anecdotario urbano, integrado por episodios delictivos por todo el mundo conocidos, pero que generalmente no son denunciados porque hacerlo configura una molestia que casi siempre es infructuosa. Tal es el caso, por ejemplo, de los reiterados arrebatos cometidos por niños, adolescentes y adultos, que despojan a los sufridos viajeros de variados elementos de valor.

Las estaciones del subte -y también el interior de las formaciones en tránsito- se han vuelto peligrosas por esos y otros motivos de similar índole. En muchas oportunidades, esos ingratos episodios incluso suelen ocurrir en las escaleras y los pasillos circunstancialmente vacíos de algunas estaciones en que habitualmente hay gran movimiento de viajeros, transitoria soledad que facilita la comisión del delito en perjuicio de quien tiene la mala fortuna de toparse con alguien dispuesto a cometer un atropello.

Son muy corrientes, por otra parte, los arrebatos desde los andenes, a través de las ventanillas, en los momentos en que las formaciones están detenidas. Otra modalidad delictiva, de uso frecuente y que requiere de cómplices, consiste en apropiarse de carteras o portafolios en el momento mismo en que el tren parte y las puertas se están cerrando.

En la actualidad hay cámaras filmadoras en 28 estaciones, aunque la mayor parte de esos aparatos ha sido instalada frente a las boleterías. El proyecto procura colocarlas en todas las estaciones activas, en ubicaciones propicias para frustrar las conductas delictivas. Para eso se ha previsto, además, aumentar la cantidad de agentes de la Policía Federal asignados a la vigilancia del sistema de subterráneos, sobre el cual pesa una curiosa situación: es propiedad de nuestra urbe, pero lo administra el Estado nacional.

Y basta con esa aclaración para poner el dedo en la llaga del auge del delito en la ciudad. Buenos Aires es autónoma, aunque no tanto. La disposición constitucional -artículo 129- que le otorgó un "régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción" previó, asimismo, que "una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación". Así las cosas, la primera parte del precepto constitucional fue recortada merced a la exagerada interpretación -ley 24.588 o ley Cafiero- del segundo párrafo. Nuestra ciudad, entonces, en materia de seguridad y de lucha contra el delito, entre otros aspectos de su vida institucional, depende, en este momento y sin más remedio, de un gobierno cuyo máximo funcionario político, el ministro del Interior, ha pretendido calmar el miedo que agobia a la sociedad convenciéndola de que la cantidad de delitos "ha bajado", cuando la cruda realidad demuestra lo contrario.

Es evidente que se está librando una sorda pugna por la creación de la fuerza policial porteña o el traspaso a la jurisdicción local de los servicios metropolitanos de la Policía Federal. Ello no es positivo y merecería mayor atención para tratar de solucionar ese diferendo esencial. Sobre todo, teniendo en cuenta que el propio jefe de gobierno, Jorge Telerman, quien tiene la intención de "mejorar el impacto de las políticas de seguridad dictadas e implementadas por el gobierno nacional", lo ha admitido: "La plena autonomía, que nos permitirá contar con una fuerza de seguridad local, es un reclamo irrenunciable del que se hacen eco todos los poderes del Estado y todas las fuerzas políticas que representan a los vecinos".

Nuestra red de subterráneos está en expansión, lo cual se advierte en las prolongaciones ya concretadas y en las obras que en el mismo sentido se encuentran en curso de realización. No es posible ni razonable, entonces, que allí mismo aniden delincuentes de toda calaña y puedan hacer de las suyas con total impunidad.

Para que los subterráneos no se conviertan en lugares por los cuales se transita con miedo -como ocurre en la superficie-, convendría que la instalación de las cámaras de seguridad se concretase prontamente. Una vez más, la inseguridad delictiva de la cual hay quienes se niegan a hablar obliga a tomar medidas que en otras épocas hubieran sido impensables. Así y todo, si esta iniciativa prosperase y tuviese éxito, le daría a la sociedad una valiosa señal respecto de que si las autoridades se lo proponen y no median intereses espurios, el delito y los delincuentes no serían invencibles.

- SUBTE INSEGURO -

El subte, otro nido de inseguridad

Editorial La Nación 26.07.2006



El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha anunciado que instalará cámaras de video en los andenes de todas las estaciones de la red de subterráneos. Este proyecto tiene su fundamento en cuanto se sabe acerca de los múltiples ataques de los cuales han sido víctimas usuarios, entre ellos una violación consumada y otras tentativas de cometer tan aberrante delito. Acciones que, por supuesto, forman parte del evidente agravamiento del acoso de la inseguridad delictiva.

Las agresiones sexuales han tenido amplia difusión pública En cambio, otros hechos han pasado a formar parte del anecdotario urbano, integrado por episodios delictivos por todo el mundo conocidos, pero que generalmente no son denunciados porque hacerlo configura una molestia que casi siempre es infructuosa. Tal es el caso, por ejemplo, de los reiterados arrebatos cometidos por niños, adolescentes y adultos, que despojan a los sufridos viajeros de variados elementos de valor.

Las estaciones del subte -y también el interior de las formaciones en tránsito- se han vuelto peligrosas por esos y otros motivos de similar índole. En muchas oportunidades, esos ingratos episodios incluso suelen ocurrir en las escaleras y los pasillos circunstancialmente vacíos de algunas estaciones en que habitualmente hay gran movimiento de viajeros, transitoria soledad que facilita la comisión del delito en perjuicio de quien tiene la mala fortuna de toparse con alguien dispuesto a cometer un atropello.

Son muy corrientes, por otra parte, los arrebatos desde los andenes, a través de las ventanillas, en los momentos en que las formaciones están detenidas. Otra modalidad delictiva, de uso frecuente y que requiere de cómplices, consiste en apropiarse de carteras o portafolios en el momento mismo en que el tren parte y las puertas se están cerrando.

En la actualidad hay cámaras filmadoras en 28 estaciones, aunque la mayor parte de esos aparatos ha sido instalada frente a las boleterías. El proyecto procura colocarlas en todas las estaciones activas, en ubicaciones propicias para frustrar las conductas delictivas. Para eso se ha previsto, además, aumentar la cantidad de agentes de la Policía Federal asignados a la vigilancia del sistema de subterráneos, sobre el cual pesa una curiosa situación: es propiedad de nuestra urbe, pero lo administra el Estado nacional.

Y basta con esa aclaración para poner el dedo en la llaga del auge del delito en la ciudad. Buenos Aires es autónoma, aunque no tanto. La disposición constitucional -artículo 129- que le otorgó un "régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción" previó, asimismo, que "una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación". Así las cosas, la primera parte del precepto constitucional fue recortada merced a la exagerada interpretación -ley 24.588 o ley Cafiero- del segundo párrafo. Nuestra ciudad, entonces, en materia de seguridad y de lucha contra el delito, entre otros aspectos de su vida institucional, depende, en este momento y sin más remedio, de un gobierno cuyo máximo funcionario político, el ministro del Interior, ha pretendido calmar el miedo que agobia a la sociedad convenciéndola de que la cantidad de delitos "ha bajado", cuando la cruda realidad demuestra lo contrario.

Es evidente que se está librando una sorda pugna por la creación de la fuerza policial porteña o el traspaso a la jurisdicción local de los servicios metropolitanos de la Policía Federal. Ello no es positivo y merecería mayor atención para tratar de solucionar ese diferendo esencial. Sobre todo, teniendo en cuenta que el propio jefe de gobierno, Jorge Telerman, quien tiene la intención de "mejorar el impacto de las políticas de seguridad dictadas e implementadas por el gobierno nacional", lo ha admitido: "La plena autonomía, que nos permitirá contar con una fuerza de seguridad local, es un reclamo irrenunciable del que se hacen eco todos los poderes del Estado y todas las fuerzas políticas que representan a los vecinos".

Nuestra red de subterráneos está en expansión, lo cual se advierte en las prolongaciones ya concretadas y en las obras que en el mismo sentido se encuentran en curso de realización. No es posible ni razonable, entonces, que allí mismo aniden delincuentes de toda calaña y puedan hacer de las suyas con total impunidad.

Para que los subterráneos no se conviertan en lugares por los cuales se transita con miedo -como ocurre en la superficie-, convendría que la instalación de las cámaras de seguridad se concretase prontamente. Una vez más, la inseguridad delictiva de la cual hay quienes se niegan a hablar obliga a tomar medidas que en otras épocas hubieran sido impensables. Así y todo, si esta iniciativa prosperase y tuviese éxito, le daría a la sociedad una valiosa señal respecto de que si las autoridades se lo proponen y no median intereses espurios, el delito y los delincuentes no serían invencibles.